Regionalizar el país es mejor que 24 “capitales alternas”

El anuncio reciente del gobierno de un proyecto para declarar 24 “capitales alternas” para el desarrollo de políticas de “descentralización y federalización” lleva a reflexionar sobre el contexto mundial en el cual el país debe desarrollar sus potencialidades.

El fenómeno de la globalización impone un sinnúmero de restricciones al accionar de los gobiernos nacionales.

Una de las restricciones más notorias es que la integración a escala mundial del mercado financiero establece severos condicionamientos al manejo de la política monetaria y fiscal y que, a la vez, sus criterios de evaluación de la salud macroeconómica de los países influyen grandemente en la orientación de los flujos de inversión internacional.

De manera que la evolución de las economías está sujeta a un conjunto de exigencias y fluctuaciones de difícil manejo para los gobiernos. Aun cumpliendo con estas exigencias un país puede sufrir fuertes fluctuaciones producto de que otros fallen en el intento de satisfacer los estándares macroeconómicos fijados por las instituciones que califican el riesgo de capital a escala mundial.

Frente a este escenario mucho se ha discutido acerca de cuál es la mejor manera de hacer frente a la globalización. Una conclusión generalizada es que si alguna responsabilidad primaria puede asignársele a los gobiernos en esta materia es aquella de mantener una cohesión física, económica y social de su propio territorio.

Esta tarea es la que previene a los países de uno de los riesgos más notorios de la globalización; su fragmentación. El riesgo de la fragmentación, ya sea física, económica o social, está latente y ha sido sintetizado en la expresión “sociedad de dos velocidades”, en referencia al país que integra una de sus partes con fluidez a la globalización y deja a la otra marginada.

Por lo tanto, una de las tareas prioritarias de todo gobierno contemporáneo es procurar moderar el impacto de la mundialización a partir de políticas específicas que contribuyan a una mayor y mejor integración física, económica y social del territorio.

El gobierno debe “preparar”cada porción de su territorio para que en su conjunto el país esté en condiciones de constituirse en un sólido nudo de la red mundial que teje la globalización. Y un instrumento político de primer orden en este contexto ha sido la regionalización de los países.

La visión que ha predominado es que durante la era de las economías cerradas se produjeron fuertes desequilibrios hacia el interior de los países, y que, cuando las economías se abren, es necesario corregirlos para evitar la instalación del fenómeno de la sociedad de dos velocidades.

No es que la apertura de las economías genere desequilibrios sino que por sí misma no puede evitar la magnificación de los desequilibrios ya existentes al momento del inicio de su plena integración al mundo.

La estrategia de la regionalización reconoce este problema y trata de superarlo a partir de la potenciación de las ventajas que aparecen bajo las nuevas condiciones globales de producción.

El rediseño y la ampliación de la infraestructura, la capacitación de la gente para nuevas actividades y la explotación de recursos naturales antes inermes son algunas tareas que han sido emprendidas con éxito por numerosos gobiernos usando como unidad de referencia de sus políticas a las regiones.

Es decir hay que cambiar el eje del enfoque; el “problema” es el desarrollo regional y en ese marco se discuten cuestiones tales como pobreza, desempleo, etcétera.

Es la capacidad de respuesta de la comunidad ante la globalización lo que será decisivo para tener éxito en el mundo del futuro. Son las virtudes sociales de la gente y las condiciones territoriales las que determinarán las chances de generar prosperidad a largo plazo, ya que, más tarde o más temprano, la uniformidad de criterios de política macroeconómica será prácticamente total.

El desarrollo de las actividades mencionadas necesita de un marco institucional que facilite su despliegue. Por ello la regionalización requiere su legitimación a nivel legal.

Argentina ya contempló en la reforma constitucional de 1994 esta temática y se hace necesario avanzar en la institucionalidad de lo regional a niveles normativos que le permitan alcanzar su cabal expresión.

La tarea de regionalización debe aportar el aumento de la competitividad para aumentar la atracción de inversiones y la multiplicación de exportaciones.

La reducción de costos y el fortalecimiento de un perfil productivo apoyado en la calidad, la innovación tecnológica y la organización eficiente pondrá a las regiones en situación de competir más eficazmente a escala internacional.

Atendiendo a la diversidad del país, adecuadamente podrá darse una respuesta global más coherente a problemas tales como el empleo, la pobreza y el acceso a la educación y la salud.

Los ya existentes polos productivos de atracción regional pueden encontrar en el municipio el instrumento institucional apropiado para articular los diferentes sectores: públicos, privados, económicos y sociales.

El municipio, símbolo de la representación directa es el origen de nuestra organización federal y el órgano político administrativo con mayor poder de vinculación social.

En el esquema federal adoptado en nuestra Nación, con la explicitación de los tres niveles de gobierno, es evidente el rol primario que cumple el municipio por ser el más próximo al ciudadano, que es su razón de ser.

El municipio debería ser la primera instancia en la articulación de los conflictivos intereses que surgen de la comunidad y convivencia de los ciudadanos en los planos social y/o económico, respondiendo a sus mandantes con eficacia, eficiencia y oportunidad.

En la búsqueda de optimización de recursos, es posible inducir la asociación de varios municipios, articulados bajo la forma de consorcios municipales (traspasando eventualmente las fronteras provinciales), sobre la base de necesidades y perspectivas de desarrollo, generando proyectos de infraestructura, económicos y sociales comunes.

El municipio puede abarcar el núcleo urbano, suburbano y rural, aproximándose de este modo al partido, al departamento (u otra denominación). Esto permitirá la asociación entre municipios de una o más provincias en forma de consorcios municipales cuando estime conveniente para resolver problemas sociales y/o económicos comunes, constituyéndose estos consorcios, de hecho, en regiones.

El hecho de que las regiones se organicen como consorcios, a partir de sus municipios, permitirá ajustar la problemática local con las políticas nacionales y la realidad internacional, favoreciendo el crecimiento armónico del país.

El principal objetivo será convertir a cada municipio en impulsor de empresas sociales, capaces de programar y ejecutar el desarrollo de las comunidades del distrito, promoviendo la interacción del sector público y privado. Su implementación favorecerá un proceso de inversiones de alta complementariedad, reuniendo en un mismo proyecto la capacidad creativa y de trabajo de los sectores productivos y la función promotora del Estado.

Desde la óptica productiva, la integración municipal en consorcios permitirá:

· Proteger con armonía los intereses de la región.

· Estar en mejor posición para determinar proyectos de desarrollo regional.

· Contar con mayor capacidad para reconvertir los recursos humanos en la región.

· Captar directamente fondos para la producción.

· Impulsar la reconversión regional, teniendo como objetivo los mercados internacionales y nacionales.

La asociación entre municipios de una o más provincias en forma de consorcios municipales, constituyendo de hecho nuevas regiones, puede ser la solución más conveniente para resolver problemas sociales y económicos comunes.

Finalmente, sirva este aporte para que las palabras del Presidente en el Congreso de la Nación afirmando su voluntad de que “no haya argentinos de primera y argentinos de segunda” y se ponga fin a un país “central” y a un país “periférico”, no queden reducidas a un simple marketing político de circunstancia.

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