Hay momentos en la historia de un país donde todos sus ciudadanos deben estar unidos para atravesar las dificultades en común. Así lo manifestamos en el recinto en la sesión del día 29 de enero, cuando sancionamos, por una amplia mayoría, la Ley de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública bajo jurisdicción extranjera.
No podemos ser indiferentes como dirigentes de la situación compleja que atraviesa nuestra nación y es por eso que todos bregamos para que a la Argentina le vaya bien en las negociaciones encaradas por el equipo económico.
Pero debemos dejar algo en claro: el mayor problema de nuestro país no es la deuda, es la credibilidad. Nuestra mayor preocupación es la desconfianza que hoy tienen las pequeñas y medianas empresas, los inversores, los productores.
La deuda pública puede tener muchas formas y nombres (empréstitos, bonos, deuda consolidada, papel moneda, etc.) pero en el fondo todas son lo mismo: la herramienta para poner en ejercicio la confianza que inspira nuestro Estado a la hora de obtener fondos ajenos. Lo dice la misma etimología de la palabra crédito (del latín credere), creer.
El anterior gobierno heredó una profunda crisis fiscal y del sistema previsional, sin embargo, y a pesar de las dificultades, aciertos y errores dejó recursos y un mayor equilibrio fiscal del que recibió. Si bien la recuperación era lenta y sostenida, en octubre del 2019 se volvieron a vivir turbulencias y desconfianza.
La cuestión de la deuda externa nos acompaña históricamente. Desligar las propias responsabilidades es olvidar nuestro pasado, crear enemigos imaginarios, volver a ser imprudentes y generar desconfianza.
Repetir consignas vacías no nos sirve para comprender nuestra historia. El mismo Alberdi afirmaba: “El crédito es un recurso introducido en nuestras rentas argentinas por las urgencias de la revolución contra España, como medio extraordinario y como elemento moderno de gobierno y progreso industrial. El procuró a las Repúblicas de Sud-América los recursos gastados en la lucha de su Independencia, y recién empiezan a comprender que esa fuente misma es la que ha de darles los recursos para consolidad sus gobiernos e instituciones republicanas”.
La deuda que tomó el gobierno anterior al FMI fue para cambiar deuda cara por deuda barata (al 4% de interés y plazos más largos). Debe recordarse que en 2011 la deuda en moneda extranjera equivalía a 1,3 veces de nuestras exportaciones, en 2015 era de 2,6 veces (aumento del 100%) y actualmente se encuentra en 3,8 veces (aumento del 46%). En el período 2011-2015, Argentina pasó de exportar 82.000 millones de dólares a poco más de 55.000 millones. Si bien los precios internacionales cayeron, también es cierto que los volúmenes exportados se contrajeron 18% entre 2011 y 2015: el país redujo las cantidades producidas con destino a la exportación.
El préstamo al FMI, que tanto se utiliza como chicana política, implicó desembolso neto de USD 43.922 millones de dólares que en su gran mayoría fue para pagar deuda contraída por el gobierno kirchnerista (us$ 37.149 millones en servicios de la deuda en moneda extranjera, USD 6.072 millones para los servicios de la deuda en moneda nacional y us$702 millones en gasto primario en moneda extranjera). Lo que se hizo fue cambiar deuda cara por deuda barata, y con mejores plazos.
Durante el último gobierno se logró revertir esa situación, generando un crecimiento del 19% en las cantidades vendidas al resto del mundo en un contexto en el que los precios no se recuperaron. El endeudamiento de 2016-2019 ha sido acompañado por un incremento en la capacidad de generación de dólares.
Ese logro debería ser sostenido como una política de Estado por el actual gobierno. El equipo económico debería ganar credibilidad, poner en marcha un programa, seguir una estrategia financiera y continuar en el sendero de la corrección fiscal de los últimos años sin por ello distorsionar precios relativos, incentivos y la política comercial. De no ser así se interrumpirá la recuperación de las exportaciones que se observa desde 2016.
Desde un principio dijimos que es correcto que el ministro de Economía concurra al Congreso Nacional ya que la materia referida a la deuda es, desde el punto de vista constitucional e histórico, una materia de competencias divididas o repartidas para ser asumidas y ejercidas por distintos órganos del Estado. Por eso mismo, el tema respectivo a la deuda externa debe ser una política de Estado, ya que a los ojos de acreedores extranjeros no hay grieta interna que valga. Esta visión de política de estado nos recuerda que es elemental poner en marcha la Comisión Bicameral de seguimiento de la deuda externa, objetivo en el que insistiremos desde la oposición.
La Coalición Cívica ARI, como lo ha hecho siempre, va a actuar con responsabilidad y compromiso republicano: acompañaremos de buena fe una estrategia que implique una negociación ajustada al derecho, que garantice la seguridad jurídica y sea cuidadosa con el manejo de la información confidencial, en defensa de los intereses del pueblo argentino y honrando nuestros compromisos.
Es por ello que reiteramos el llamado a la prudencia, serenidad y seriedad de dirigentes políticos, sociales y sindicales. Las palabras y/o calificativos pronunciados pueden ser usados en nuestra contra.
En estas instancias somos dueños de nuestro silencio y esclavos de nuestras palabras. En ese sentido, la Coalición Cívica ARI no va a ser partícipe de ninguna acción ni declaración que comprometa las gestiones realizadas por el equipo económico. El interés público que tiene la sana renegociación de la deuda en condiciones virtuosas debe estar por encima de las disputas políticas entre oficialismo y oposición e incluso entre las internas propias de un gobierno.
Para finalizar, me gustaría recordar a Alberdi cuando afirmó: “Será preciso que los gobiernos argentinos sean muy ciegos para que desconozcan, que faltar a sus deberes en el pago de los intereses de la deuda, es lo mismo que envenenar el único pan de su alimento, y suicidarse; es algo más desastroso que faltar al honor, es condenarse a la bancarrota y al hambre”.
El autor es diputado nacional y jefe de Bloque CC ARI