Lamentablemente se ha hecho costumbre en Argentina escuchar las palabras “crisis” y “emergencia”.
Se habla de crisis económica, de emergencias en materia de seguridad, de otras problemáticas graves y diversas que, si bien nos abruman como sociedad, a veces nos hacen perder de vista una crisis concreta, mensurable, y que bien encarada, sería posible de solucionar en el corto o mediano plazo.
Esta emergencia soterrada se lleva la vida de 20 personas por día, y se tradujo en 2018 (el último año con estadísticas consolidadas), en más de 7.000 víctimas fatales.
Esta crisis, que redunda en un impacto económico grave y en un sufrimiento humano inconmensurable, es la que surge de las muertes a causa de siniestros viales: la primera causa de deceso en menores de 35 años y la tercera sobre el total de la población.
En virtud de esta terrible realidad, estos últimos años mi labor legislativa se ha visto nutrida con la presentación de diversos proyectos que apuntan a combatir este flagelo, sea mediante la mejora de la educación vial, la adopción de soluciones tecnológicas de seguridad para el parque automotor, o la institucionalización de las mejores prácticas en materia de investigación de siniestros (proyecto este último que derivó en la creación de la Junta de Seguridad en el Transporte)
Indagando con mayor detalle sobre las raíces del injustificable fenómeno de la mortandad por siniestros viales, descubrimos que en más del 50% de las muertes por siniestros viales el alcohol está presente.
Los datos que actualmente se tienen sobre el consumo de alcohol previo a la conducción de un vehículo en Argentina, dan cuenta de que se trata de una problemática que poco tiene que ver con la información que la población tiene respecto a la peligrosidad de dicho comportamiento. En este sentido, el estudio sociocultural que llevó a cabo el Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONSV) en el 2017 determinó que, si bien el 93% de los conductores de autos y motos declara que sabe que beber y conducir aumenta el riesgo de sufrir un siniestro vial, aproximadamente el 20% de los conductores asumió haber conducido bajo los efectos del alcohol en el último año.
La Organización Mundial de Salud (OMS) destaca que el consumo de alcohol o de cualquier otra Sustancia Psico Activa previo a la conducción de vehículos constituye uno de los principales factores de riesgo que inciden en la producción de la siniestralidad vial. El organismo señala que el alcohol posee efectos inmediatos sobre el cerebro del conductor, de naturaleza depresiva o estimulante -dependiendo de la cantidad ingerida-, pero que, en cualquier caso, implica una interferencia en las capacidades de discernimiento y atención del conductor, un empobrecimiento de su agudeza visual, y un aletargamiento de sus reflejos y su capacidad de reacción (OMS, 2010).
Actualmente rige la Ley Nacional de Tránsito (24.449) que permite circular con un nivel de hasta 0.5 gramos de alcoholemia en sangre.
Sin embargo, en algunas provincias la exigencia del nivel cero ya es una realidad. Es el caso de Córdoba, Salta, Tucumán, Entre Ríos, Jujuy, Río Negro Y Santa Cruz. Además, hay ciudades –Mar del Plata, Neuquén, Posadas y Santa Fe– que ya legislan bajo la misma idea.
En nuestra región, países como Brasil, Paraguay y Uruguay han legislado también en el mismo sentido.
Quienes critican la adopción de políticas de “alcohol cero” lo hacen principalmente en función de estos dos argumentos: que lo que corresponde es fiscalizar el cumplimiento de las normas actuales antes que endurecer las mismas, y que no está probado que la política de “alcohol cero” tenga un impacto real en las cifras de siniestralidad.
Ahora bien, el consenso es absoluto en la necesidad de profundizar los controles y la fiscalización sobre los conductores. Dicha política, junto con la de inversión en educación vial en todos los niveles, es imprescindible para consolidar un cambio cultural e inculcar buenas prácticas de manejo en la población.
Pero lo cierto es que las estadísticas que se han recopilado estos últimos años en las ciudades, provincias y países de la región que han adoptado la política de “alcohol cero” vienen a mostrar, con claridad, que es una medida de resultados exitosos, y que Argentina no se puede seguir dando el costoso e inmoral lujo de ignorar.
A saber: en 2016, la ciudad de Neuquén estipuló que la tolerancia al alcohol y las drogas para el que conduce sería de cero (esta medida, junto a otras implementadas en esa comunidad lograron reducir un 75% las muertes por siniestros viales entre 2015 y la actualidad); en Córdoba, en la última década se logró disminuir un 30% los casos de muertes en siniestros viales (cuando en igual período creció 100 % el parque automotor provincial); en Uruguay, de acuerdo con los datos publicados por la Unidad Nacional de Seguridad Vial de dicho país, en el 2016, a un año de implementación de la ley de alcohol cero, se logró un descenso del 23,1% en espirometrías con presencia de alcohol en sangre.
Así también, diversas encuestas han mostrado un fuerte apoyo de la población a la adopción de la política de alcohol cero.
En conclusión, una ley de alcohol cero es hoy la medida que respondería al imperativo lógico, al sentido moral, a la racionalidad económica, y al mandato social.
Consecuentemente, quien firma este artículo ha tomado la decisión de presentar, impulsar y defender un proyecto de Ley que venga a implementar la política de alcohol cero al volante en la República Argentina.
El autor es diputado nacional del Frente de Todos