La actividad jurisdiccional no podría ser sustituida por inteligencia artificial, ya que hace a su esencia el atributo de la prudencia, inherente al ser humano. La prudencia es la virtud que, por antonomasia, utiliza la judicatura para arribar a la justicia. Por ello las normas, principios y valores admiten cierta ductilidad en su aplicación ya que los operadores jurídicos no realizan experimentos en tubos de ensayo sino que su sustrato es la conducta humana.
Así las cosas, es imperioso que la judicatura se debata entre la seguridad jurídica y la verdad jurídica objetiva. Ahora bien, donde verdaderamente el juez es esclavo de una autoridad superior es respecto de los sucesos propios de la naturaleza. El juez no tiene atributos sobrenaturales para decir que el agua sea vino, ni para revivir a los muertos. Sus juicios están condicionados por las leyes físicas del universo y cualquier decisión contraria a las leyes naturales se verá desprovista de racionalidad.
La facultad que reconoce la ley a los jueces para poder reconstituir un hecho, a partir de indicios, no amerita el reconocimiento de una facultad omnímoda. Los indicios deben ser graves, precisos y concordantes para que pueda extraerse la conclusión de un hecho desconocido. Estas barreras infranqueables fueron deliberadamente omitidas por los doctores Irurzun y Bruglia, jueces de la Cámara Federal, ya que la alzada concluyó que la muerte fue un homicidio y esa elucubración es el fruto de una aspiración política que no condice con los hechos probados en la causa.
En efecto, los jueces de la Cámara Federal llegaron a la conclusión de que el fiscal Nisman fue asesinado en razón de evidencias físicas (la posición del cuerpo al momento del hallazgo, la proyección hemática que presentaban ambas manos, la ausencia de partículas químicas compatibles con la deflagración) y los peritajes posteriores (tecnológicos y psiquiátricos).
Esos indicios no tienen entidad para derivar en el hecho presumido: el homicidio. Ello es así por cuanto no explican cómo interrumpieron el curso normal y ordinario de las leyes de la naturaleza la presencia de los victimarios de Nisman (no aclara la sentencia si fueron uno o dos los atacantes); tampoco ensaya una explicación respecto de cuándo y cómo ingresaron al domicilio del fiscal ni tampoco cómo hicieron para retirarse del domicilio sin dejar rastro alguno. Huelga decir que el decisorio ni siquiera intenta explicar cómo hicieron los asesinos para limpiar la escena del crimen y el resto del departamento. La sentencia también se exhibe desprovista de sustento ya que ninguna hipótesis plantea respecto de cómo los victimarios vencieron la resistencia de Nisman. Esas son cuestiones que debieron ser explicadas en la sentencia para elucubrar que el fiscal fue asesinado.
Al margen de lo anterior, las premisas que sostiene la conclusión de la cámara tampoco condicen con los hechos acreditados en el expediente. Nadie discute que el disparo fue en la sien, levemente por arriba y por delante de la oreja derecha y no como sostuvo la ex esposa del fiscal, para afirmar sin hesitación alguna, que se trató de un magnicidio.
Tampoco explica la sentencia por qué razón el fiscal exhibe manchas de sangre en ambas manos y por qué los sicarios utilizaron un arma vetusta que no funcionaba correctamente y que además el propio fiscal había solicitado a un colaborador. Asimismo, es absolutamente falso que las pericias demostrasen en forma concluyente, que el fiscal Nisman no se disparó. Por el contrario, la pericia del Ministerio Público de Salta da cuenta de la existencia de residuos en las manos consistentes con la manipulación de un arma.
A todo evento, en caso de no haberse encontrado estas partículas, se insiste, tampoco servirían para concluir con la hipótesis homicida si no se explica cómo hicieron los terceros para evitar rastros de su presencia en la presunta escena del crimen.
Como bien ha sido explicado en el documental El fiscal, la presidenta y el espía, disponible en Netflix, en el sub examine no hay la menor evidencia científica de que terceros hayan ingresado al baño con Nisman, habida cuenta de que se corroboró la existencia de manchas de sangre en todas las direcciones alrededor del fiscal. Alguien debería explicar cómo hicieron para no dejar pisadas, sin que haya quedado una gota de sangre fuera del baño y que no se advierta la utilización de productos químicos de limpieza, fuera del recinto del baño.
En relación a los motivos del crimen, para concitar el aplauso de la tribuna amarilla, la sentencia concluye que el fiscal Nisman fue asesinado con motivo de la denuncia presentada contra las máximas autoridades de la administración de Cristina Fernández de Kirchner.
Debe hacerse notar que la sentencia siquiera refuta la posibilidad de un crimen motivado por razones económicas, toda vez que el arma utilizada pertenecía inequívocamente a un colaborador que poseía una cuenta oculta en el extranjero compartida con el fiscal. La sentencia tampoco se hace cargo de explicar por qué razón el Gobierno que teóricamente actuaría en complicidad con el mencionado colaborador no denunció inmediatamente al fiscal Nisman por corrupción, motivando su inmediato descrédito atento que la sentencia afirma que el fiscal venía elaborando su denuncia con un año de anterioridad, aunque sorpresivamente la presentó en el medio de la feria judicial de enero de 2015.
Tampoco explica la sentencia cuál ha sido el rédito percibido por el colaborador al incriminarse a priori, al entregar o permitir que se fulmine al fiscal con un arma registrada a su nombre.
Los experimentados investigadores de los Estados Unidos, entrevistados para el documental de Netflix, insospechadamente objetivos afines al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, llegaron a una conclusión contundente: pareciera que primero se establece la conclusión y después se acomodan las premisas. Pareciera que los investigadores argentinos carecen de la expertise de sus colegas norteamericanos. Lo cierto es que ese proceder no es un protocolo original de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos. Más bien se trata de una cuestión básica que se explica en nuestros colegios secundarios cuando se enseña el método deductivo.
En las condiciones señaladas, no cabe otra reflexión que suponer que no se actuó con imprudencia o negligencia, sino deliberadamente con el propósito de causar estrépito social y conmover a la opinión pública. Sin duda alguna, uno de esos adalides del engaño y la perversión judicial ha sido el fiscal general Ricardo Sáenz, quien entrevistado en febrero de 2018 por el periodista Luis Novaresio en A24 sostuvo lacónicamente y sin vergüenza alguna: “Nada cerraba en el caso de la muerte de Nisman, había que investigar si era un homicidio y de ahí ir para abajo, no al revés”.
Según su hipótesis, la persona en quien había confiado el fiscal Nisman, al punto tal de empoderarlo como testaferro de una cuenta bancaria oculta en el extranjero, receptora de fondos negros desde Israel, Estados Unidos y financistas que terminaron desapareciendo en el país, simuló su visita a la casa del fiscal en dos oportunidades, ya sea para esconder el arma homicida en la casa de Nisman, o bien para tener una coartada de la entrega que hizo del arma al sicario que fulminó al fiscal en el baño de su casa. Un disparate.
Ese sicario que imagina el fiscal Sáenz debió ser un conocido común entre el colaborador y el fiscal Nisman, habida cuenta de que está claro que no hay ningún signo de violencia en relación a las puertas de entrada al domicilio, ni tampoco sobre el cuerpo del fiscal fallecido, que se dejó reducir y asesinar sin oponer resistencia alguna.
El fiscal Sáenz sigue sin explicar cuál es el rédito del colaborador en asumir deliberadamente una participación en un crimen que causaría inequívoca conmoción pública, máxime que obtendría un rédito económico inmediato por la muerte del beneficiario oculto de la cuenta del exterior.
Sáenz sostuvo en la mencionada entrevista que se necesitaban dos sicarios para ajusticiar a Nisman. Y dice el experimentado fiscal que el escenario del crimen fue limpiado, por cuanto ahí no había huellas. Causa estupor por cuanto no lo dice una chusma de barrio, lo dice un magistrado de la república.
La denuncia del fiscal Nisman, desde siempre, fue un trabajo jurídico deplorable por donde se la mire. Nada me hace apartar de mis impresiones iniciales esbozadas en aquel verano del 2015. Lo que es de rigor traer a la escena actual es que la presentación fue desestimada y debió pasar al arcón de los recuerdos cuando la Sala I de la Cámara de Casación Penal decidió adherir al desistimiento del fiscal Javier de Luca de investigar el caso.
Los jueces Hornos y Borinsky, arietes de la persecución macrista a líderes opositores, posibilitaron la reapertura de una denuncia en franca violación a las más elementales garantías constitucionales. Solo en la mente corrompida de algunos magistrados puede considerarse “hecho nuevo” una conversación telefónica grabada ilegalmente, donde dos personas de confianza recíproca conversan sobre los avatares de un hecho histórico. Para peor, lo hicieron a pedido del entonces presidente de la DAIA, el señor Ariel Cohen Sabban.
Todo es bochornoso. Hay una decena de magistrados que formaron parte de un plan sistemático de persecución y ofrendaron sus prestigiosas carreras y prestigios académicos a un ser endeble que terminó su gobierno como no podía terminar de otra manera, con un estrepitoso fracaso porque (como hubiera dicho mi padre) Dios no quiere cosas puercas.
Tres cuestiones de peso para aclarar un poco mas las cosas. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner no fue parte del proceso en curso. Nunca tuvo otro interés que el de arribar a la verdad jurídica objetiva y, como corolario, el gobierno no fue responsable de la investigación.
Todo lo expresado da cuenta de que si en la República Argentina la justicia federal de los tiempos de Macri se permitió hilvanar de la nada un homicidio que no tiene sustento alguno, de la mano de Macri, que todo lo enchastraba, se permitió construir cualquier hipótesis criminal, para dar persecución a la oposición política.
De esa matriz, todavía quedan inexplicablemente algunos compañeros presos políticos y no estoy pidiendo impunidad para nadie.
El autor fue jefe de Gabinete
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