El Poder Judicial debe mejorar de modo urgente

La independencia del Poder Judicial es uno de los requisitos esenciales de la república y de la democracia representativa. Un Poder Judicial custodio de la constitución y capaz de controlar y limitar a las ramas nacidas del voto popular es la base misma del concepto de democracia liberal o representativa.

El antagonista actual de la democracia liberal es el que el húngaro Orban denomina democracia iliberal. Y que se encuentra muy próximo al tipo de gobierno que conocemos como populista, donde las instituciones intermedias constitucionales no tienen vigencia, en una forma de democracia directa, para el cual “la constitución no puede limitar a la voluntad popular” tal como sostiene el grupo del CEOPS de la Universidad de Valencia, fuente doctrinaria de esos movimientos.

La Carta Democrática Interamericana pone en los Estados miembros la obligación de promover la democracia representativa, y pone a la independencia del Poder Judicial como uno de los elementos esenciales de esa democracia.

El preámbulo de la Constitución argentina fija “afianzar la justicia” como un objetivo institucional, considerando la dificultad de construir un poder judicial independiente.

En la Argentina han existido intentos para limitar la independencia del Poder Judicial. Se cuentan, entre ellos, los reclamos de elección popular de los jueces, y el reclamo de que la Corte esté integrada por jueces militantes.

Aún sin considerar la diferencia conceptual respecto a la legitimidad de esa independencia, el funcionamiento del Poder Judicial en la Argentina se encuentra lejos de ser efectivo; por el contrario, es extremadamente deficiente.

Para apoyar esa afirmación, pueden considerarse como elementos la opinión de la ciudadanía sobre el poder judicial, las investigaciones periodísticas y la opinión del propio Presidente de la Corte Suprema.

En julio de 2019, Giaccobe y Asociados realizó una encuesta sobre la opinión de la ciudadanía sobre la situación de la justicia. De esa encuesta surge:

-El 97% tiene una imagen regular o negativa de la Justicia

-El 96.38 cree que la justicia funcional regular, mal o muy mal

-Sólo el 7,1% cree en sus fallos

-Sólo el 8,2% cree que la justicia sea independiente

-El 73,3% cree que funciona peor que en otros países.

En una parte del estudio, se pregunta a los participantes por el primer concepto que le merece la Justicia, y predominan los conceptos de “corrupción”, “injusta”,”lenta”y “mala”, en ese orden.

Las causas de esta percepción ciudadana son múltiples. Entre las principales causas se enumeran:

-La demora en los casos de corrupción, que llevan más de 20 años sin resolución

-La división ideológica de la Justicia

-El desprestigio de los jueces, vinculados a casos de enriquecimiento ilícito y con proliferación de medios de vida desproporcionado a sus ingresos oficiales

-La falta de transparencia de los procesos judiciales

-La existencia de dos lógicas: la que sigue el Código Penal y la que suspende su aplicación para garantizar la impunidad o la condena a un sector, a cambio de dinero, por empatía, por coincidencia ideológica o la simple lógica de pertenencia a un grupo.

-Una mirada clasista de la justicia: un sistema judicial que es fuerte con los débiles y débil con los fuertes

-Los cambios en la actitud de los jueces ante la posibilidad de cambios políticos

-La judicialización de la política, que expone una práctica cultural que afirma ser parte del aparato judicial, pero que en la práctica, lo disuelve.

-Una generalización sobre la justicia puede ser terriblemente arbitraria. En la Argentina existen jueces capaces y honestos, pero el sentimiento general corresponde a la imagen y conducta de ciertos fueros y organismos.

Las investigaciones periodísticas

A esta opinión de la ciudadanía en general, se le suman las investigaciones periodísticas sobre la justicia, que habilita su análisis a niveles más especializados y profundos.

En El libro negro de la justicia y Código Stiuso, Gerardo Young señala:

Las relaciones tóxicas entre la justicia federal y los servicios de inteligencia

El uso aprovechado de la justicia electoral para conceder favores que habrán de ser recompensados políticamente y favorecen los métodos de supervivencia de ciertos jueces.

Todo resulta en una justicia deplorable y corrupta, inconfiable para el ciudadano argentino.

De la misma manera,el fiscal Federico Delgado ha publicado Injusticia y La cara injusta de la justicia, describiendo las falencias internas del Poder Judicial.

Parte importante del relato de Delgado es la descripción de las relaciones internas de los jueces por lazos familiares o de amistad y que terminan por conformar una “familia judicial” corporativa que condiciona la libertad individual; de jueces y fiscales.

Necesariamente, habría que incorporar al principio de independencia del Poder Judicial -independencia referida usualmente la interferencia política- la necesidad de proteger y garantizar la libertad individual de los jueces, interferida también por la presión corporativa de la estructura del Poder Judicial.

Lo que en realidad surge de las investigaciones como estas es que el problema excede al concepto de independencia del Poder Judicial que pone el acento en la presión del poder político sobre los jueces.

La falencia de la justicia no se debe solo a la posible interferencia de la política, sino a la conducta misma y propia de los jueces, que late y respira al ritmo de la política, y de los gobiernos de turno.

Asalto al poder del ex miembro de la Corte Adolfo Vázquez es un relato descarnado de la forma en que Néstor Kirchner se deshizo de la Corte Suprema cuando asumió y de los métodos utilizados, que hizo poner en duda el criterio de legitimidad del nuevo tribunal.

Irina Hauser, autora de Los Supremos, publicado en 2016, reflejó las miserias e intrigas palaciegas de esa Corte, y en Rebelión en la Corte: los supremos en la era Macri, extiende ese análisis a la actuación y realidad de los jueces durante la administración de Cambiemos.

El reciente cambio de actitud de algunos jueces frente al resultado electoral es prueba suficiente de que el problema reside en la conducta misma de los jueces.

El juez se vuelve vulnerable y tolerante con los delitos de los gobiernos de turno. La Justicia abre causas contra los funcionarios de un gobierno, pero solo las impulsa cuando esos funcionarios y sus coaliciones políticas pasan a ser oposición o cuando cambia el humor social.

En los pasillos de tribunales penales se habla de “rehenes” al referirse a los protagonistas de causas que quedan en estado latente hasta que el ecosistema político o el judicial tolere un movimiento del expediente.

Existe una auténtica “suspensión del derecho”, donde los jueces simulan “hacer como que hacen” e inmovilizan el expediente hasta que llega el momento oportuno. La clave de su poder es, entonces, más que el “hacer” lo que evitan o demoran en hacer.

Por eso, los jueces federales se ha vuelto inconfiables, celosos de mantener su poder, pero vulnerables y peligrosos y con un comportamiento corporativo.

El formidable caudal de causas les permite elegir dónde poner el esfuerzo y dejar al borde de un eventual juicio oral a funcionarios en un estado de expectativa latente, y al juez con el dedo en el gatillo.

Como dice Delgado: “El panorama es sombrío y el desafío excede la capacidad de un sistema judicial deteriorado desde sus comienzos. Asusta comprobar la resignación de los ciudadanos, que naturalizan la crisis porque la justicia es así”

La opinión del Presidente de la Corte

El tercer elemento al que es necesario referirse es el diagnóstico presentado por el propio presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, en su discurso de apertura del año judicial.

El Presidente trazó un diagnóstico pesimista sobre la actualidad de la Justicia y reconoció la crisis de legitimidad que atraviesa el Poder Judicial.

“El juez debe limitarse a aplicar el derecho. No debe hacer política, no debe fijar moral”, sostuvo Rosenkrantz y añadió: “Enfrentamos tiempos muy difíciles por distintas razones y necesitamos un punto donde apoyarnos. El juez que aplica el derecho es la roca sólida donde debe apoyarse la sociedad para volver a confiar”.

Dijo, además: “La pregunta que debemos hacer no es por qué le cuesta a la Justicia ser veloz, sino que existe un problema madre que hay que cambiar y es la actitud de los argentinos hacia el derecho y lo que esperamos los argentinos de nuestros jueces. Nosotros los jueces no debemos ser originales. Debemos ser predecibles”.

Pero la frase que hizo ruido fue la que afirmó que “los argentinos están perdiendo confianza en el Poder Judicial y hay dudas de que nos comportemos como verdaderos jueces”

Esta autocrítica explica la percepción de que los tribunales están excesivamente politizados con tendencia a emitir fallos que vayan a favor de la corriente.

El Poder Judicial tiene que ser un contrapoder, abstraerse de los lineamientos políticos o de los vientos que soplan en el país y fallar en función de los principios, independientemente de quién sea el protagonista o el acusado. El Poder Judicial debe mejorar de modo urgente.

Y finaliza Rosenkrantz: “Se trata de mejorar la cultura judicial; se trata de que no existan jueces poderosos, sino jueces con autoridad, porque no tendremos nunca autoridad si no actuamos con independencia, independencia que exige ser independientes también de nuestras propias convicciones morales, ideológicas y políticas, porque el ideal de independencia exige prescindir de lo que uno cree que es moral, política o ideológicamente deseable para decidir únicamente en base a lo que uno cree que es jurídicamente correcto”.

Bienvenida la promesa de “nunca más” de interferencia del poder político en el Poder Judicial. Pero parece insuficiente.