No vamos a ser cómplices de esta estafa al sector pasivo

La emergencia previsional enviada por el PEN vulnera todos los derechos de los jubilados. Esta llamada "emergencia previsional” declara el congelamiento en los haberes de los jubilados, suspendiendo por 180 días la aplicación de la fórmula de movilidad de jubilaciones vigente y autorizando al Poder Ejecutivo a establecer por decreto los incrementos en los próximos seis meses. La fórmula de movilidad es sumamente relevante porque establece los aumentos de los haberes de las jubilaciones y pensiones, las asignaciones universales por hijo (AUH), las pensiones no contributivas y las pensiones universales para el adulto mayor (PUAM). Pero lo más grave es que institucionalmente, el otorgamiento por decreto de la movilidad representa un retroceso ya que, además de generar incertidumbre en la clase pasiva, pone en cabeza del Ejecutivo la facultad discrecional de fijar el porcentaje y las fechas de la movilidad cuando en la actualidad existe un esquema que, si bien no está exento de críticas, es previsible.

Las demandas judiciales contra el Estado, que tras la aprobación de este paquete de medidas generará en el sector previsional, se contarán de cientos de miles. Ya que las jubilaciones mínimas serían aumentadas discrecionalmente por el Poder Ejecutivo mientras que las jubilaciones que están por encima de la mínima estarían exentas de los aumentos por movilidad, circunstancia que redundaría nuevamente en un achatamiento de la pirámide previsional y en una nueva ola de juicios Recordemos que Alberto Fernández era el jefe de gabinete de ministros en período donde se otorgaron los aumentos por decreto y Sergio Massa era el director ejecutivo de la Anses.

Una situación similar ya sucedió entre el año 2002 y el 2006, donde se dieron sucesivos aumentos a la jubilación mínima a través de decretos del gobierno nacional. En ese período, fueron excluidos de estos aumentos los haberes superiores a $1.000, con la salvedad del incremento otorgado por el decreto 764/06 (incremento del 11% para todas las jubilaciones). Esta situación produjo, entre otras cosas, el dictado del fallo “Badaro” el 26/11/2007.

Una de las consecuencias de esta sentencia fue que los tribunales de justicia de la seguridad social se colapsaron de juicios contra la Anses, con más de 400.000 causas. Con las medidas anunciadas por el gobierno en estos días, parecería que podría suceder lo mismo. Las jubilaciones mínimas serían aumentadas discrecionalmente por el Poder Ejecutivo mientras que las jubilaciones que están por encima de la mínima estarían exentas de los aumentos por movilidad, circunstancia que redundaría nuevamente en un achatamiento de la pirámide previsional y en una nueva ola de juicios contra el Estado.

Cambiar la fórmula de cálculo de haberes previsionales es un error y una injusticia. Un error porque en la actualidad es posible determinar que, con la fórmula de movilidad vigente, el próximo aumento a otorgarse en marzo de 2020 debe ser del 11,56% y de alrededor del 15% en junio del próximo año. La sumatoria de ambos porcentajes otorgaría un incremento acumulado en las jubilaciones del 28%. Y es una injusticia porque hasta ahora entendemos que los aumentos que tendría que otorgar el Poder Ejecutivo por decreto no serían superiores a ese porcentaje para compensar la suspensión por 180 días de la fórmula de movilidad. Y deberían abarcar a todas las escalas de jubilaciones y pensiones, aunque todo indicaría que no sería de esta manera y que sólo incluiría a los haberes mínimos.

Finalmente, cabe resaltar que la fórmula de movilidad que rige desde 2018 está puesta bajo la lupa ahora por economistas y asesores del actual gobierno, porque su dinámica se presenta como un problema a la hora de buscar el equilibrio fiscal: al considerar el índice de precios con seis meses de rezago, un escenario de inflación a la baja hace que llegue la recuperación del poder adquisitivo para los bolsillos pero, a la vez, complica a las cuentas públicas y al propio objetivo de bajar el nivel de alza del costo de vida.

Rechazamos este proyecto porque atenta contra todos los derechos de los jubilados, queremos ser una oposición constructiva pero no vamos a ser cómplices de esta estafa al sector pasivo.

La autora es diputada nacional de la Coalición Cívica