¿Qué sentido tiene criticar el modelo chileno y callar frente a Venezuela?

Las protestas en Chile reclamando por la situación económica sirvieron de excusa para culpar al modelo de crecimiento implementado en el vecino país. Los adjetivos variaron pero el más utilizado fue “neoliberal”, sinónimo hoy de fracaso y explotación. El modelo en Chile comenzó antes que el calificativo neoliberalismo se convirtiera en el equivalente pútrido para perpetuar el atraso y la desigualdad. El modelo chileno basado en promover la empresa privada, con una participación limitada del Estado y en la apertura económica, fue respetado en sus pilares básicos por los partidos políticos de izquierda y derecha que condujeron los destinos del país desde la elección presidencial en 1989.

Las alternativas al “modelo neoliberal” en América Latina podrían ser Cuba y Venezuela o el Ecuador de Rafael Correa o el Brasil de Lula da Silva y Dilma Rousseff o la Bolivia de Evo Morales. En los dos primeros, los gobiernos organizan imponentes demostraciones siempre espontáneas de apoyo a la política oficial. Dilma Rousseff enfrentó una difícil coyuntura en 2013 y la crisis económica condujo a la elección de Jair Bolsonaro. El presidente Rafael Correa continuó con la dolarización de la economía; las protestas contra su sucesor, Lenín Moreno, reclamaban su renuncia. La excepción es Bolivia, donde los índices macroeconómicos del ingreso y reducción de pobreza son alentadores. El problema en Bolivia fue político; el deseo de Morales de perpetuarse en el poder brindó la excusa a la derecha para acceder al poder.

Los problema en Chile tendrían su origen en el “modelo neoliberal” mientras que la grave situación en los países que aplicaron modelos alternativos se originarían en factores externos, como sería una conspiración internacional liderada por los Estados Unidos en alianza con los sectores oligárquicos para beneficiar a sus empresas y reproducir la pobreza en el continente. También habría que sumar a esa dupla de conspiradores a los organismos financieros internacionales que compartirían los mismos objetivos de recomendar políticas en favor de las finanzas especulativas.

Las críticas al modelo chileno y el silencio sobre los modelos alternativos sólo pueden interpretarse como una señal de concesión o simpatía para evitar teorizar con otras connotaciones. Todavía existen grupos que viajan asiduamente a esos países para entrevistarse con sus líderes, expresar su solidaridad y alabar la igualdad en la distribución del ingreso, el acceso a la salud y educación en contraposición al “modelo neoliberal”.

La política económica chilena permitió un constante mejoramiento de los índices macroeconómicos en los últimos 30 años. El ingreso per cápita anual medido por su poder de compra es de 26.000 dólares, la pobreza por ingreso es 8,6% y la pobreza extrema en 2,3%, con un índice de Gini de 0,501. Los estudios correspondientes a 2017 fueron realizados por el Centro de Estudios de la Universidad Católica con la colaboración de la CEPAL y la Universidad de Oxford.

La participación del gasto del Estado en el PBI constituye quizás el eslabón débil de este modelo. El gasto público representa sólo el 25% del PBI, porcentaje escaso para contribuir a mejorar la redistribución del ingreso mediante la atención del gasto social. Las protestas que reclaman una mayor presencia del Estado para atender necesidades básicas permitieron o forzaron los acuerdos entre las distintas fuerzas políticas para aumentar los impuestos a los sectores de altos ingresos e iniciar un proceso para cambiar la Constitución. Estos reclamos por más equidad no están asociados a los actos de violencia de grupos organizados que persiguen crear un clima de violencia para quebrantar la institucionalidad.

La ceguera ideológica empaña las posibilidades de observar la realidad. El método de criticar a unos y apañar a otros no contribuyen a generar consensos sobre las políticas económicas que permitan torcer la tendencia de retroceso que embarga al país desde hace tiempo. El silencio para no entorpecer las alianzas acrecienta el temor sobre los riesgos de adoptar un modelo alternativo que repita los fracasos en otros países.

El autor es Licenciado en Economía Política (UBA), Master in Economics (University of Boston) y fue embajador argentino en Tailandia. Es Miembro Consultor del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI)