Otro caso donde la Justicia se muestra más compasiva con los acusados que con los familiares de las víctimas

En la vida uno puede proyectar y planificar el futuro, pero a veces el destino nos pone en lugares donde nunca hubiéramos querido estar. Tal fue mi caso, como el de muchos otros: un día, súbitamente, todo cambió y nos convertimos en víctimas de la inseguridad. Situación que no le deseo a nadie ya que, además de cargar con el brutal dolor de haber perdido a un ser querido, estamos solos en el laberinto de la (in) justicia.

Desde hace cinco años soy miembro de la Asociación Civil Usina de Justicia, donde las víctimas se han organizado, entre múltiples actividades, para acompañar a otros dolientes, aturdidos y sedientos de respuestas frente a lo incomprensible e irreparable. Este es un rol en el que me siento útil, diciéndoles: “Aquí estamos, no están solos”.

Las trágicas muertes de Emanuel González (16) y Gastón Galeano (15), que tuvieron lugar el pasado 1° de junio, me conmovieron profundamente. Pero mucho más me indignó el accionar de la (in)Justicia, arrojando a las madres de estos chicos a un nuevo dolor: el de la indiferencia de la Representante del Ministerio Público Fiscal del Fuero Penal Juvenil de Pilar interviniente.

Estos dos adolescentes habían ido a bailar a una fiesta organizada por su propia escuela para reunir fondos destinados al viaje de egresados. Cuando salieron del salón –unos cinco jovencitos, entre ellos dos chicas- fueron perseguidos con el propósito de asalto por una banda de forajidos, menores y mayores. Según testigos, eran unos quince en total, munidos de una picana, palos, facas, cuchillos y armas de fuego. Asustados y acorralados, buscando defenderse de las agresiones, dos de las chicas del grupo corrieron hacia las vías para ponerse a salvo, mientras que Emanuel y Gastón quedaron en una trampa mortal entre las facas de los agresores y las vías del tren. En ese momento, otra formación pasó en dirección contraria y Emanuel y Gastón fueron mutilados por el tren.

Lejos de cualquier auxilio o siquiera conmiseración, los jóvenes asesinos sacaron fotos a los muertos “partidos por la mitad por las ruedas del tren”, según describe la madre de uno de ellos, para después subirlas a las redes. Por añadidura, le robaron las zapatillas a Emanuel, compradas por la mamá con enorme sacrificio para que las luciera en el baile. En audios y memes que los menores asesinos se ocuparon de difundir, entre risas nerviosas y escupitajos de furia, se escuchó decir “que se jodan por haber cruzado las vías”.

La Fiscal actuante en la causa, sin mucho entusiasmo por verificar el paradero de los quince vándalos que participaron en la persecución -a los cuales vecinos aseguran haber visto-, sólo detuvo a algunos. Uno, mayor de edad, que publicaba fotos en las redes luciendo un arma en una mano y una botella de alcohol en la otra, se encuentra detenido a la espera del juicio, al igual que otros dos menores, uno de los cuales tiene otra causa abierta por abuso sexual. Los demás son inimputables, no porque tengan disminuidas sus facultades mentales, sino solo por su edad. Gozan de libertad mientras la Fiscal está convencida de que así acaecerá el milagro de la redención. La ilusión de que estos adolescentes se transformarán en jóvenes aptos para vivir en sociedad, de lo cual se ha de encargar ella misma, según contó a los familiares, a través de charlas en las escuelas donde asisten, desamparando a las víctimas a quienes priva de justicia, para ocuparse de la docencia. Escuchar de los operadores judiciales que, “si bien el joven es un poco díscolo, su familia es una buena familia”, asoma como una ingenuidad, cuanto menos. Me pregunto: ¿qué “familia de bien” es, si quien provocó las muertes de los jóvenes escondió las armas que utilizaron para la persecución debajo de la cama del hogar paterno?

El suceso más alarmante es la decisión de la Fiscal de modificar la carátula, beneficiando a los imputados, y dejando así impunes y, al margen de la investigación, las muertes de los adolescentes que quedaron atrapados por la acción persecutoria y delictiva de sus verdugos, refiriéndose la Magistrada a “desafortunados incidentes”, a que Emanuel y Gastón “solo murieron” y, post mortem, les robaron las zapatillas. Está claro, y no hace falta más que sentido común, para darse cuenta de que hallaron la muerte por lanzarse hacia las vías, pero no actuaron voluntaria y libremente, sino acorralados, escapando de la ofensiva de sus perseguidores armados. Y está más que claro que, de no haber sufrido este asedio, hoy los chicos estarían vivos.

A esta iniquidad se agregan las peripecias que deben enfrentar los familiares para contar con patrocinio jurídico gratuito, ya que son largos y engorrosos los trámites a través del Centro de Asistencia a la Víctimas y Acceso a la Justicia (CAVAJ) y del Centro Nacional de Asistencia a las Víctimas de Delitos (CENAVID), sin contemplar que urgen los plazos para presentarse como particulares damnificados y poder así intervenir en el trámite penal en la búsqueda de Justicia. Esta institución no brinda patrocinio jurídico sino sólo asesoramiento, por lo que nuevamente la víctima queda huérfana para actuar durante el procedimiento penal.

En este laberinto kafkiano, el Estado dispone de grandes organismos financiados por los contribuyentes, que poco aportan a las personas necesitadas y en especiales casos de gravedad, como las víctimas de delitos. Tengamos presente que las demoras y omisiones generan responsabilidades moral y jurídicamente demandables al Estado. (Ley 26.944). En la búsqueda de cambiar el rumbo de esta hazaña absurda y lastimosa, la Asociación Civil Usina de Justicia, que asiste a los familiares de las víctimas fallecidas, colaboró para lograr que hoy tengan patrocinio jurídico gratuito a través del Colegio de Abogados de San Isidro, Provincia de Buenos Aires. A mediados de noviembre fueron indagados los tres detenidos por los delitos de Amenazas agravadas por uso de armas, Robo agravado por armas en poblado y banda, Homicidio en ocasión de robo y Amenazas coactivas agravadas por el uso de armas. Pero los tres imputados se negaron a declarar.

Esta historia de vida muestra la desigualdad que sufrimos las víctimas, revictimizadas en la lucha por revertir un sistema que sólo brinda defensores a los imputados de delitos y, lejos de buscar reparar el dolor, lo exacerba por el abandono y la indefensión del Estado ausente, que revictimiza a los desposeídos y más vulnerables.

¿Eso es algo parecido a la Justicia? No. Es un crimen legal y ético.

La autora es integrante de la Asociación Civil Usina de Justicia

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