La Oficina Anticorrupción, un organismo que puede (y debe) ser independiente y eficaz

En el marco de un saludable debate sobre la eficacia de las políticas públicas contra la corrupción y del futuro de los órganos estatales encargados de su promoción y del control estatal, se viene señalando con ligereza que la Oficina Anticorrupción “nunca sirvió para nada”, que “siempre prevalecieron las indagaciones a los gobiernos precedentes”, o incluso que “las investigaciones, aun contra funcionarios del propio gobierno, siempre respondieron a internas”.

Entendemos que estas aseveraciones no reflejan la historia del organismo ni pueden generalizarse livianamente a los veinte años de existencia del organismo y que muchas veces encubren una finalidad distinta de la mera evaluación del desempeño de la función pública y se orientan en algunos casos a ocultar o minimizar otras actuaciones ostensiblemente parciales o, en otros, a generar un clima propicio a la eliminación de su siempre problemática presencia.

Tuvimos el honor de integrar desde diciembre de 1999 junto con Roberto De Michele la primera dirección de la OA y desde el inicio fuimos conscientes de la amenaza que implicaba para su eficacia la falta de una independencia suficiente, condición que es exigida por los tratados internacionales en la materia, de los que nuestro país es parte. En esa dirección tratamos de modificar esa regulación a través de documentos, propuestas y pedidos que nunca fueron atendidos. La política no quiso o no pudo cambiar ese estatus en estos 20 años.

Las sospechas sobre el desempeño de la Oficina se dispararon desde el comienzo por la oposición al gobierno que la promovió, pese a que la ley 25233 que la creó había sido aprobada por el Congreso sin objeciones. El periodismo también fue suspicaz desde el primer momento sobre la dirección que tomarían las investigaciones.

Esa actitud nos dio más motivos para procurar una actuación imparcial dado que siempre estuvimos convencidos de que la Oficina debía consolidarse como una política de Estado y no quedar reducida a ser un apéndice del gobierno de turno.

Si bien en un principio fue natural que investigásemos hechos de la gestión anterior debido a que la actuación del gobierno que integrábamos era incipiente, siempre estuvimos alerta respecto de posibles hechos irregulares de quienes se encontraban en funciones.

Basta con revisar las crónicas periodísticas de la época para advertir que desarrollamos varias investigaciones contra funcionarios del gobierno que integrábamos y que tuvieron gran impacto, como por ejemplo las que involucraron a la contratación de una empresa presidida por el cuñado del Presidente de la Nación para obras de reparación del Hospital Paroissien de Mendoza, las negociaciones incompatibles llevadas a cabo por uno de los interventores del PAMI, el desvío de fondos destinados originariamente a un proyecto industrial minero y que fue aprobado por el Ministro de Infraestructura y Vivienda o el caso de las llamadas coimas del Senado.

También puede verificarse que en muchos casos se registraron avances contra funcionarios del período anterior que en ese momento estaban en negociaciones políticas con el gobierno, por lo que muchas veces las investigaciones de la OA entraban en conflicto con los intereses y necesidades vitales de una gestión que iba hundiéndose en una crisis cada vez más grave.

Al mismo tiempo, se pusieron en funcionamiento muchas de las políticas de prevención que aún siguen vigentes, en consonancia con el enfoque predominante a nivel global.

Fue la OA en el año 2000 la que implementó el primer sistema de declaraciones juradas electrónicas. Este sistema permitió mejorar la capacidad de prevenir conflictos de interés y detectar el enriquecimiento ilícito. El sistema electrónico de DDJJ fue pionero en el uso de la tecnología digital para la integridad. Se convirtió en objeto de estudio por parte de académicos y organismos internacionales y fue reproducido en muchos países del mundo. Aún sigue vigente.

También se dictaron las primeras resoluciones sobre conflictos de interés y obsequios, las cuales obviamente se aplicaban a funcionarios en ejercicio del cargo. Todas ellas son decisiones públicas disponibles en internet.

En esa época la OA presentó el primer proyecto de ley de acceso a la información, la regulación del lobby y la transparencia para las agendas de los funcionarios públicos, entre otras iniciativas de integridad. También presentó un proyecto para reformarse a sí misma y evitar que por su ubicación funcional no pudiera desplegar un trabajo independiente, indistintamente de quien estuviera a cargo o del color del gobierno de turno.

Estos son solo algunos de los ejemplos de políticas de investigación y prevención de la corrupción que desarrollamos.

Siempre intentamos actuar de modo imparcial y poniendo los intereses del Estado por encima de las conveniencias de los funcionarios del gobierno que nos designó.

Más allá de las críticas que seguramente podrá hacerse a nuestra gestión, no nos parece positivo para el debate democrático ni para la mejora de las instituciones que se formulen generalizaciones superficiales que abonan un cualquierismo injusto e irreal.

Pensamos que deben fortalecerse las instituciones en vez de hacerlas desaparecer, que cuesta mucho reconstruir el acervo institucional una vez que se destruye, que la Argentina necesita órganos de control fuertes e independientes y que la experiencia debe servir para mejorar a partir de las deficiencias que se observen y de ningún modo para retroceder.

La nueva gestión que se inicia tiene por delante el desafío de capitalizar la experiencia de estos veinte años, rescatar los aspectos positivos y corregir prácticas y normas inadecuadas, asegurando una actuación independiente y eficaz.

Los autores fueron titulares de la Oficina Anticorrupción