Jubilaciones: la importancia de cumplir las promesas

Uno de los primeros desafíos que deberá enfrentar el gobierno de Alberto Fernández se vincula a su promesa de recomponer los haberes jubilatorios. Desde la entrada en vigencia de la nueva fórmula de movilidad, las jubilaciones perdieron un 20% de poder de compra. Más precisamente, la jubilación mínima alcanzó los $12.937,21 en octubre de este año mientras que si se hubiese ajustado por inflación el valor sería de $ 16.153,68. Este resultado lleva a pensar en dos puntos centrales: el primero, de más corto plazo, tiene que ver con cuánto se propone recomponer, a quiénes, y cómo hacerlo. El segundo, más estructural, se relaciona con la fórmula de movilidad.

En cuanto al primer punto, cabe recordar que no solamente las jubilaciones se actualizan con la movilidad previsional, sino también la asignación universal por hijo (AUH), las asignaciones familiares de los trabajadores formales y jubilados, las pensiones no contributivas y las pensiones a los excombatientes de Malvinas. Si la nueva administración decidiese otorgar un aumento del 20%, se debería definir si dicha recomposición alcanzará a todos las prestaciones que se ajustan por movilidad o a un grupo determinado, como por ejemplo, a las jubilaciones mínimas. Si se incluyen más prestaciones en la recomposición, hay que tener en cuenta que los beneficiarios de la AUH recibieron en marzo pasado gran parte de la movilidad de todo el año por adelantado, por lo que podría analizarse una recomposición diferenciada para este grupo de beneficiarios.

Una vez definido lo anterior, hay que precisar cómo recomponer: bono por única vez o aumento permanente. Partiendo del supuesto de mínima, el impacto presupuestario de otorgar un bono sólo a las jubilaciones mínimas (3,6 millones de casos) equivalente al 20% del haber de diciembre implica un gasto adicional mensual de $10.100 millones. La principal restricción para elegir qué camino seguir viene dada por la disponibilidad de fondos en un contexto de déficit fiscal. Si bien existe una herramienta creada para financiar medidas como éstas que es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, al tener tan poca liquidez, el margen de acción es prácticamente nulo.

En cuanto al segundo punto, una de las alternativas planteadas es la de volver a la fórmula anterior donde las jubilaciones se actualizaban semestralmente con un método que combinaba la variación de los recursos tributarios de ANSES por beneficio y el cambio en los salarios. Con este cálculo, vigente desde 2009 a 2017, las jubilaciones perdieron poder adquisitivo en 2014 y 2016, mientras que le ganaron a la inflación en el resto del período.

Otra alternativa podría ser reformular el mecanismo actual. Una de las ventajas es que su cálculo es simple y que los datos necesarios para su construcción son públicos. Sin embargo, el mayor problema reside en el rezago de las variaciones. Por ejemplo, para la movilidad de marzo 2020 se toma el 70% de la inflación durante julio-septiembre 2019 y el 30% de la variación de los salarios en ese trimestre. Este rezago de seis meses perjudica a los jubilados en épocas inflacionarias porque el aumento otorgado va detrás del aumento del costo de vida y perjudica a las cuentas públicas en épocas de desaceleración de la inflación porque el mayor gasto genera mayor presión sobre el desequilibrio fiscal. Cumplir las promesas es importante, pero hacerlo con responsabilidad es lo que va a marcar la diferencia entre una buena y una mala administración.

Dra. en Economía, Profesora de Economía, UCEMA

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