Qué le puede aportar al gobierno y al país la creación de un Consejo Económico y Social

En el año 2009, el entonces jefe de Gabinete, Sergio Massa, había anunciado la inminente creación de un Consejo Económico y Social (CES) en la Argentina. El contexto era de crisis y existía la preocupación por preservar empleos y producción. Una delegación de la CGT y de la UIA habían visitado España para interiorizarse del funcionamiento del CES español, creado en 1991, cumpliendo el mandato de la Constitución española de 1978. El presidente del organismo les habló de las virtudes del diálogo social, “precisamente en tiempos de crisis, cuando se requiere un esfuerzo común y solidario de todos los agentes sociales”.

La iniciativa se diluyó luego pero quedó una memoria del proyecto de CES argentino que resurge cuando hoy vivimos una situación análoga. Sin embargo cabe aclarar que un Consejo Económico y Social no es un comité de crisis ni una mera respuesta a la emergencia. Se trata de un ámbito permanente de diálogo social y de generación de ideas. Su estructura no es caprichosa ni responde a la voluntad individual de un gobernante sino que refleja y representa la composición socioeconómica del país.

Tanto el CES español, como su versión francesa (Conseil Économique et Social, creación de la Constitución gaullista de 1958), son cuerpos consultivos que asisten al gobierno y a los parlamentos en materia socioeconómica y laboral. Su virtud es la de reunir a todos los actores de la vida social y económica de un país, a los que se suman expertos. Cada tercio de miembros del CES tiene un origen diferente: en el primero, están presentes las organizaciones sindicales según su representatividad; en el segundo, y con el mismo criterio, las entidades empresariales; y, en el tercero, otras asociaciones profesionales, de consumidores y usuarios, cooperativas, etc., además de un grupo de especialistas en los temas que debe analizar el Consejo.

Esto implica una representación sin exclusiones: todas las centrales sindicales y todas las asociaciones empresariales, incluyendo las del campo; algo fundamental en nuestro país.

La multiplicidad de temas que abarca es otra de sus características: economía y fiscalidad, mercado único europeo (en nuestro caso, Mercosur), desarrollo regional, agricultura y pesca, relaciones laborales, empleo y seguridad social, políticas sectoriales y medio ambiente, salud, consumo y asuntos sociales, situación sociolaboral de la mujer, etcétera.

El CES local, además de esos temas, debería incluir perentoriamente la innovación tecnológica para sumar valor agregado a todo lo que la Argentina produce.

El funcionamiento de estos organismos es autárquico aunque por lo general, el Ejecutivo designa al presidente y puede también intervenir en el nombramiento de los expertos. El resto, sigue el criterio de la representatividad.

Un dato muy interesante es que las sesiones plenarias del CES son públicas, sin desmedro de que algunas puedan ser reservadas. A ellas puede asistir el público y también los miembros del Gabinete o del Parlamento. A la inversa, los integrantes del Consejo pueden ser convocados para exponer ante las Cámaras.

Pueden emitir dictámenes a requerimiento de las autoridades o por iniciativa propia. Los CES no debaten por lo general cuestiones de coyuntura, como salarios, por ejemplo. Su función es intervenir cada vez que Gobierno o Parlamento definen proyectos de ley que regulan materias socioeconómicas y laborales. En los proyectos de ley más importantes, aunque su dictamen no es vinculante, su opinión no puede ser eludida por las autoridades.

Los llamamientos a deponer el interés particular y privilegiar al conjunto suelen quedar en el plano de las buenas intenciones; de ahí la utilidad de este tipo de ámbitos donde pueden expresarse todos los sectores sobre asuntos de interés nacional. El prestigio de estas instituciones está definido por su representatividad y se ha ido consolidando con el tiempo.

El CES bien podría operar en nuestro país como una vía de institucionalización del Pacto Social que evoca Alberto Fernández, aunque no debe confundirse una y otra instancia.

El hecho de que el presidente electo se haya reunido con Roberto Lavagna es muy positivo. Significa que tiene categorías de identificación de una inteligencia política estructural que puede contribuir a sacar a la Argentina de la crisis que la aqueja, aportando, entre otras cosas, expertise a la gestión.

Es muy positivo también que Fernández se muestre dispuesto a crear las instituciones necesarias para homologar económicamente a la Argentina con el mundo y socialmente a sí misma.

El propósito del Consejo Económico Social, como afirmaba un argentino ilustre, “consiste en ofrecer un amplio ámbito de coincidencia para que de una vez por todas los argentinos clausuremos la discusión acerca de aquellos aspectos sobre los cuales ya deberíamos estar de acuerdo”.

Por ello, acepte o no Lavagna encabezar un CES, lo trascendente es crear este instituto de amplia participación para que se deponga el espíritu de facción y se instituya la lucha por la idea.

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