No debería llamar la atención que, en tiempos de transición política, el grueso de la energía, atención e inteligencia de la sociedad esté puesto en dilucidar (¿adivinar?) quiénes finalmente estarán a la cabeza de las diferentes áreas del nuevo gobierno. En los 36 años que llevamos de democracia ininterrumpida en nuestro país, no hemos logrado poner a los ideas y a las políticas públicas por encima de los nombres. El quién sigue siendo más importante que el qué, y mucho más aún que el cómo. El sistema político de corte netamente presidencialista que poseemos, con sus ventajas y bondades, genera conductas en la sociedad y acostumbra a mirar de la misma manera a todo el aparato estatal.
La cartera de educación no escapa a esta regla general. Todos quieren saber quién es el que finalmente conducirá la cartera del Palacio Sarmiento a partir de diciembre de 2019, como si de esa elección en particular dependiese el destino de nuestros 12 millones de alumnos. Es importante recordar que los 10 millones de alumnos escolares son responsabilidad directa de las jurisdicciones educativas (las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y que los 2 millones de alumnos de educación superior están agrupados en instituciones autárquicas y autónomas. Por lo tanto, no llego a conectar con tanta nitidez al ministro nacional con los alumnos, pero ese es mi problema supongo.
Sin embargo, más allá de los nombres en danza y de nuestra conducta un tanto ansiosa hacia la resolución de este asunto, considero que el nuevo equipo educativo nacional posee por delante un importante desafío de agenda. Así como el equipo de Cambiemos impulsó su propia agenda educativa, lanzada a partir de los acuerdos celebrados en Purmamarca en febrero del 2016, el nuevo equipo educativo de Todos deberá hacer lo propio. Mas allá de lo dicho en campaña, ahora toca armar una agenda de trabajo de verdad, que conecte acción política, recursos públicos y mejora en los aprendizajes.
Sugiero, por lo tanto, comenzar haciendo énfasis en los acciones positivas impulsadas por el gobierno saliente que merecen ser continuadas. Sin dudas, el Operativo Aprender figura primero en la lista de acciones a continuar. Si bien esta política fue perdiendo impulso desde su lanzamiento (el primer Operativo del 2016 cubrió 4 grados, 4 contenidos y más de 30 mil escuelas, mientras que en 2019 solo cubrió 1 grado, 1 contenido y apenas 10 mil escuelas), su carácter censal sigue siendo determinante, y lo mismo la velocidad con la cual la información se procesa y devuelve al sistema. Medir ayudar a gestionar, aun cuando el artículo 97 de la Ley de Educación Nacional tenga a sociedad medio a ciegas.
Por su parte, el Consejo Federal de Educación acordó algunas resoluciones sumamente auspiciosas y desafiantes, que requieren seguimiento. Es importante recordar que este órgano gestiona el sistema educativo del país de una forma consorciada, replicando en parte el funcionamiento de un parlamento, y que sus acuerdos en forma de resoluciones poseen fuerza de ley. Así, tenemos por ejemplo a la resolución 330/17 (conocida como Secundaria 2030), que acordó los lineamientos para que cada jurisdicción rehaga sus trayectorias curriculares de la escuela secundaria, imponiéndoles que presenten un plan estratégico jurisdiccional del nivel secundario para el período 2018-2025. O la resolución 343/18, que en septiembre de 2018 aprobó un documento con los núcleos de aprendizajes prioritarios para educación digital, programación y robótica, acordando que las jurisdicciones los incluyan en sus documentos curriculares. O la más reciente resolución 352/19, que en junio de este año aprobó los documentos con los marcos de referencia de las especialidades de ciencia de datos, inteligencia artificial, mecatrónica y gestión de energías renovables de nivel superior, dando 2 años de plazo a las jurisdicciones para que realicen la homologación correspondiente. Velar por la buena implementación de estos acuerdos es fundamental.
Finalmente, el gobierno saliente había iniciado un trabajo muy importante con un grupo de más de 3 mil escuelas de alta vulnerabilidad, a las que había incluido dentro del Programa Escuelas Faro, cuyo propósito era “…acompañar a las instituciones de gestión estatal pertenecientes a los niveles primario y secundario de todo el país para fortalecer tanto el sostenimiento de trayectorias escolares continuas y completas en los estudiantes, como el aprendizaje de saberes y capacidades fundamentales para la vida en sociedad en el siglo XXI…”. En realidad, se las había identificado como especialmente frágiles a partir de los indicadores provistos por el primer Operativo Aprender, y por ello se había decidido asistirlas en forma especial.
Así como identifico acciones que merecen ser continuadas, también veo otras áreas o dominios en donde se hizo poco, y en donde creo que se debe conformar una agenda renovada de trabajo, desafiante, audaz y a la altura de la época. Las universidades son el primero de esos territorios desatendidos. Prácticamente no hay ni una sola acción estratégica que se halla impulsado desde el gobierno en el mundo de la educación superior en los últimos 4 años. Es más, me animo a afirmar que no hay agenda pública, lo cual es riesgoso, en el mejor de los casos, siendo que las universidades en el mundo están ingresando en una fase de senectud. Además de crear nuevas universidades públicas, ¿no hay otros debates que deban ser impulsados? Ojalá la Secretaria de Políticas Universitarias adquiera la fisionomía de una Agencia estratégica del nuevo gobierno, carácter que nunca ha tenido.
El otro territorio en donde se han hecho tímidamente algunas acciones a medias es el de la formación y capacitación docente. Del Operativo Enseñar se supo poco, los más de mil Instituciones de Formación Docente siguen en el banquillo de los acusados, y la única disputa pública que se conoció fue la generada en torno a la creación de la Unicaba, con mucho de militancia y corporativismo, y muy poco debate de contenido. ¿Acaso no deberíamos debatir de verdad qué funciona de lo que estamos impulsando desde el Estado, y qué cambios y mejoras debemos imprimirle al trabajo docente para que recupere lo mejor de su práctica?
El nuevo gobierno posee desafíos en todas las áreas, pero en educación el tema creo va por aquí. Más allá de las paritarias nacionales y de la recomposición salarial, es necesario armar una agenda educativa desafiante y exigente, sin demagogias, que se pare sobre las buenas iniciativas impulsadas desde el gobierno actual, y complete con políticas educativas allí donde Cambiemos no quiso, no supo o no pudo hacer.
Para que la educación sea política de Estado y causa nacional, debemos velar por la mejora colectiva en la calidad de los aprendizajes en todo el territorio nacional. Ese debe ser nuestro norte, nuestro punto en el horizonte, nuestro coordinador de voluntades. Mientras niños y niñas no aprendan bien y no gradúen en tiempo y forma, estamos todos en falta.
El autor es presidente de la Asociación Civil Educación 137.