El segmento dedicado a la seguridad no deparó sorpresa alguna. Como una obra dramática en varios actos, cada uno de los candidatos recitó su papel.
Los dos extremos del espectro, Nicolás Del Caño y Gómez Centurión, se limitaron a un reduccionismo de las tensiones que atraviesan el complejísimo problema de la seguridad: el candidato de izquierda redujo la problemática a la violencia institucional, al genocidio de la Dictadura y a la llamada despectivamente “doctrina Chocobar”. Y a combatir la trata y el “entramado corrupto y mafioso donde están involucrados policías y políticos". El discurso propositivo fue políticamente correcto: construir escuelas y mantener la edad de imputabilidad. Y el joven progresista propuso dejar de perseguir a los autocultivadores de marihuana, la que sería legalizada. Y extrañamente, insistieron, sin nombrarla, con la supuesta responsabilidad de la ministra de Seguridad en las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Llama la atención que la izquierda que está del lado de los trabajadores y los sectores más humildes, se desentienda de su mayor problema que es la violencia que viven a diario en sus barrios. El mayor índice de criminalidad lo sufren las personas con menos recursos; proponer menos persecución del delito y más escuelas es una lectura poco realista y pragmática para los tiempos que corren. El romanticismo no nos protege de la muerte en mano de homicidas y esto es irrefutable.
En el otro extremo del espectro mencionado, Gómez Centurión mantuvo su discurso de héroe de Malvinas, y redujo la problemática del delito al narcotráfico, para lo cual propuso blindar las fronteras con el 100 por ciento del país radarizado. Su discurso propositivo fue cuidar la seguridad interna con el capital humano y técnico, y crear una agencia contra el crimen organizado. Pues “esa guerra (contra el narco) hay que ganarla caiga quien caiga". Finalmente, propuso rubros no remunerativos a fuerzas de seguridad y erradicar los cortes de puentes, de rutas y de calles, porque “el orden público debe volver a ser un valor como en cualquier país organizado”.
En lo que concierne a las intervenciones de Roberto Lavagna, en una velada alusión a la ministra Patricia Bullrich mencionó que no admitiría el gatillo fácil ni la mano dura. Pero para no ser asimilado al abolicionismo, admitió que tampoco se trata de ejercer una mano flácida, fofa. Como en el mundo desarrollado, “mano firme para defender a los nuestros”. Y preservó su compostura “políticamente correcta” cuando mencionó los delitos de género, aduciendo que quien los comete es un delincuente y debe ser penalizado con todo el peso de la ley. Muchos fueron denunciados y nadie actuó: ¿acaso de debe deducir de esta especificación que los otros delitos contra la vida no son cometidos por delincuentes y no debe ser penalizado con toda la fuerza de la ley? La omisión de los otros delitos es más que significativa. Con tal de seguir la corriente, prefirió no correr riesgos de ir más allá del consenso alcanzado en la condena de la violencia de género.
José Luis Espert fue el más propositivo: reconoció que “la inseguridad se convirtió en un flagelo, que sufrimos la inseguridad”. Y que “podría detallar medidas pequeñas”, pero mencionó al gran gestor de la inseguridad con nombre y apellido, el ex juez Eugenio Raúl Zaffaroni y sus fans, los fieles discípulos del juez abolicionista, “algunos de los cuales están cerca suyo”, aludiendo a Alberto Fernández, quien no deja de sufrir el peso del pasado abolicionista del partido que representa. Espert formuló una propuesta bienvenida por las víctimas de delitos, cuando sostuvo que “estamos al lado de las víctimas, de las fuerzas de seguridad para que tome las armas si es necesario”. En la misma línea de protección de la ciudadanía, propuso bajar la edad de imputabilidad a los 14 años porque, según afirmó retomando una frase popular, a “delito de adulto, pena de adulto”. Y en caso de delitos graves, propuso penas de cumplimiento efectivo. Se atrevió a dar respuesta a otra de las tantas grietas entre los ciudadanos, resolvió el falso dilema entre el derecho de huelga y los derechos de las personas a circular y a la distribución de mercaderías, advirtiéndole a Grabois que “piquetero que corta la calle, termina preso”. Finalmente, propuso tanto mejores y más tribunales como mejores y más cárceles, para ponerle un fin al hacinamiento, argumento extorsivo para liberar a peligrosos delincuentes.
Las intervenciones de Del Caño, Lavagna y Espert tienen el valor de una promesa. Y como no es posible hacer futurología, es posible recordar el adagio de Francisco de Quevedo, quien dijo en el siglo XVII, cuando los debates presidenciales y ni los presidentes existían, que “nadie promete tanto como aquel que sabe que no va a cumplir”.
En claro contraste con los horizontes promisorios delineados por los candidatos mencionados, tanto a Alberto Fernández como a Mauricio Macri el pasado los condena. O no.
Fernández adoptó una actitud defensiva, cuando admitió que no da soluciones fáciles, y que “es mas fácil hablar de mano dura, de penas mas fuertes”. Y a continuación recurrió a una de los dogmas más defendidos pero más refutados por la experiencia: “las sociedades más igualitarias son las que menos crimen tienen”. China y Cuba, son países dramáticamente desiguales, y sin embargo, su índice de delito es casi nulo. Cuando el candidato sostiene que “la Argentina generó una gran desigualdad, los padres sin trabajo, las madres sin alimentos”, los chicos abandonando la escuela, con el esperable “deterioro de los controles sociales”, pasa por alto que esos altísimos índices de pobreza nacieron de políticas públicas que alentaron una inmigración sin políticas migratorias y premiaron la maternidad adolescente, dando lugar a una generación de chicos sin vínculos familiares, o con vínculos muy precarios. Admitió, sin embargo, y poniendo distancia de Zaffaroni, que “a quien delinque hay que castigarlo”. Finalmente, propuso crear un Consejo de seguridad para que sea una política de Estado, que se involucren todos los que tienen que ver con la problemática. Tal vez olvidando la admonición del General Perón, aquella que decía que la mejor manera de no resolver un problema es creando una comisión para resolverlo. Crear una comisión es una típica chicana política para eludir un asunto espinoso, presentándose ante la opinión pública como comprometido con el mismo mientras se lo confina al letargo de una comisión inoperante. Concluyó su segmento con observaciones subjetivas (“no me gusta tratarlo de ese modo”), con vaguedades para salir del paso, y omitiendo que su propuesta afecta a la vida de los ciudadanos.
Mauricio Macri, dirigiéndose directamente a los opositores que ganaron las PASO, afirmó: “Ellos abandonan a las víctimas del delito”. Defienden a las barras bravas, promueven fronteras porosas y la puerta giratoria. Todo eso es cierto, como también tal vez lo sea que dejamos de ser un exportador de droga a Europa. Como también es cierto que aumentaron las penas a los narcos, “cuidándonos a quienes nos cuidan”, y condenando a Hezbolla, mientras que la oposición quiso encubrir a los agresores. Y también defendió un Código Procesal Penal que no termina de cumplir con las expectativas de quienes queremos vivir con seguridad y paz social.