"Reitero mi llamado tanto al Gobierno como a la oposición para que superen sus diferencias y den prioridad a la negociación que considero como la única manera para poder superar la actual situación". Así cerraba Michelle Bachelet su último informe en la 42ª sesión del Consejo de Derechos Humanos.
Cuántas veces escuchamos el pedido de unidad de los venezolanos, cuántas veces escuchamos que dejen de lado sus intereses personales para poder superar la situación actual. Cuánto tiempo más hay que esperar para que los venezolanos encuentren el camino hacia la paz social. Cuántos venezolanos más tienen que morir.
En un informe anterior y en este segundo informe presentado la semana pasada, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reúne un panorama completo acerca de todas las denuncias que fueron presentándose de manera fragmentada durante los últimos 20 años por parte de los venezolanos. No exageraban, no mentían. Las condiciones de vida se reducen hoy a la subsistencia.
Ambos informes son producto de entrevistas y visitas de ACNUDH a distintos países que refugian a migrantes venezolanos. También se realizó una misión en marzo pasado a distintas ciudades de Venezuela y tuvieron lugar reuniones con actores estatales. Visitó el país nuevamente en junio, y más tarde presentó el informe anual frente al Consejo de Derechos Humanos y recientemente, se presentó el informe oral sobre el estado de los derechos humanos con datos alarmantes.
Los venezolanos han perdido un nivel mínimo de vida debido al deterioro de servicios básicos como el transporte público y el acceso a electricidad, agua y gas natural. Surge del informe que las personas entrevistadas describieron el empeoramiento año a año en la atención de la salud que pone en riesgo su vida permanentemente. Las razones se encuentran tanto en la infraestructra de los servicios de salud como el alto éxodo de profesionales, así como por graves carencias en la atención médica básica y de medicamentos. La Encuesta Nacional de Hospitales (2019) constató que, entre noviembre 2018 y febrero 2019, 1,557 personas murieron debido a la falta de insumos en hospitales.
Surge de ambos informes que a causa de medidas tomadas por el Gobierno se produjo el desmantelamiento de las instituciones democráticas. Estas medidas lograron el objetivo de neutralizar, reprimir y criminalizar a opositores políticos y críticos del gobierno, como ha sido el caso de la Asamblea Nacional.
El aumento de la militarización en las instituciones del Estado y los ataques contra miembros de la oposición son moneda corriente. También surge claramente de los informes el registro de muertes ocasionadas en el contexto de las manifestaciones contra el Gobierno debido al uso excesivo de la fuerza. Y no sólo eso, sino que las detenciones arbitrarias, las torturas y los malos tratos también aumentaron.
El ACNUDH documentó información detallada del 2018 en unas 5.287 muertes violentas producidas durante operaciones de "resistencia a la autoridad". La ONG Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) notificó por lo menos 7.523 muertes violentas en el mismo sentido, y solo durante el 2019 se notificó 1.569 muertes. La información analizada indicó que muchas de esas muertes violentas pueden constituir ejecuciones extrajudiciales. A su vez, se detectaron casos de violencia sexual y de género durante las detenciones, en particular producidas por efectivos del SEBIN y de la DGCIM, así como por oficiales de la GNB. Todos organismos especiales de persecución estatal.
Estos son algunos de los puntos centrales de los documentos que llaman la atención acerca de lo que significa el régimen de Maduro. Las necesidades básicas no se satisfacen en este modelo y sin duda se quiebran todos los principios del Estado de Derecho.
Sin embargo, ¿cuándo comenzó todo esto en Venezuela? ¿Acaso no se vio venir? La destrucción de instituciones y las violaciones de derechos humanos no son producto solamente del gobierno de Maduro. Son parte del propósito que comenzó con el gobierno de Chávez Frías. De esta manera alcanzan los 20 años, tiempo necesario de instalación que tiene este tipo de sistemas en la democracia para depreciar las instituciones y lograr la resignación social a cambio de mantener el poder público.
El informe de ACNUDH destaca que en los últimos años, el Gobierno ha tratado de imponer una hegemonía comunicacional, "imponiendo su propia versión de los hechos y creando un ambiente que restringe los medios de comunicación independientes". Si nos remitimos a la historia de Venezuela, el gobierno de Chávez ya había generado acciones concretas que provocaba la censura indirecta por cierre de medios opositores o expropiaciones. Fue en mayo de 2007, cuando Chávez confirmó que no renovaría la concesión de RCTV, una de las emisoras más antiguas de Venezuela. Este fue el comienzo de una serie de acciones que lograron amedrentar la expresión en la opinión pública. El caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la violación de la libertad de expresión por parte del régimen de Chávez.
En los últimos diez años, la ONG Espacio Público ha registrado detenciones arbitrarias y cargos penales contra 55 personas por publicaciones en medios sociales, 24 de ellos en 2018. Actualmente, hay centenares de periodistas venezolanos exiliados. El único medio de comunicación eficaz son los portales extranjeros de noticias y las redes sociales para informar a la población que tiene acceso a internet.
Distintos hechos evidenciaron en estos 20 años un paulatino deterioro de las libertades informativas en Venezuela: ataques a los medios de comunicación, cierre de emisoras internacionales, ataques a periodistas. Hasta hace poco, Maduro instaló la "Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia" que utiliza para amenazar periodistas que no adhieren al régimen.
Si no podemos saber, si no podemos expresarnos, si no podemos denunciar, si solo queda callar será difícil que el régimen termine más temprano que tarde. Ojalá podamos afirmar que las denuncias de los organismos internacionales son suficientes para que termine un gobierno autoritario. No lo sabemos.
La única certeza que tenemos es que mientras tengamos voz, otros podremos denunciar, expresar nuestro repudio, hacer memoria y acompañar a los venezolanos, muchos de ellos nuestros vecinos, nuestros amigos y nuestros compañeros de trabajo.
La autora es diputada nacional por la provincia de Buenos Aires (Cambiemos)