Los incendios sin precedentes deben obligarnos a pensar un abordaje sistémico de la región amazónica que, sin debilitar la soberanía de los países, se oriente a buscar respuestas de carácter preventivo. La problemática se arraiga en países específicos pero tiene consecuencias planetarias. Casi el 20% de esta selva ha desaparecido en el último medio siglo, y se estima que cuando el porcentaje alcance un 25% se estará en un punto límite de muy difícil retorno. El momento de actuar es ahora.
El mundo, y en especial su dirigencia, se caracteriza por haber hecho oídos sordos a lo que sectores científicos, académicos y sociales llevan ya buen tiempo advirtiendo. Es reiterado el llamado a atender la problemática del calentamiento global, la necesidad de adoptar medidas urgentes para disminuir la emisión de gases de efecto invernadero y cambiar de manera sustantiva los parámetros productivos que nos conducen a una colisión segura. Sin embargo, la respuesta siempre es que existen problemas más "urgentes e importantes".
La crisis del Amazonas ha puesto en evidencia cuestiones que suceden en ese amplio y diverso territorio desde hace ya muchos años, sustancialmente agravadas desde la asunción de Jair Bolsonaro. Tanto desde el discurso como desde la acción, el actual presidente brasileño impulsó las actividades productivas en la región a costa de una tasa de deforestación cuatro veces mayores a la del año anterior a su llegada al Gobierno.
En lo que hace a los incendios, según datos del Instituto Nacional de Investigación Espacial (INPE), las cifras se duplicaron en Brasil en lo que va de 2019, con el mismo período de 2108. Las cifras son menores pero igualmente alarmantes en otros países de la región, tanto en Bolivia con 18.398 focos (el doble que en 2018); en Paraguay, 10.272; y en Perú, 6.172 (tres veces más que el año pasado). Según el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF por sus siglas en inglés), casi el 20% de la selva amazónica ha desaparecido en el último medio siglo, y se estima que cuando el porcentaje alcance un 25%, apenas 5% más que ahora, se estará en un punto límite de muy difícil retorno.
Existe una dimensión "doméstica" del problema que se sitúa en el plano interno de los países; muchos de los cuales, como en el caso de Brasil, han debilitado los controles ambientales y facilitado todas las decisiones para promover la producción de soja, la ganadería, la construcción de represas hidroeléctricas y carreteras y la industria minera en la Amazonía. Al mismo tiempo, la Amazonía, en tanto región dividida entre un conjunto de naciones que comparten ese espacio territorial, demanda la adopción de decisiones integrales que superen no sólo las fronteras de los países sino también las de la región.
El problema al que nos enfrenta el Amazonas es que debe ser tomado como un sistema integral cuyas implicancias no solo afectan a cada uno de los países de los que forma parte, sino que trascienden las fronteras con impactos a nivel regional e incluso planetario. Sin embargo, las bases del derecho internacional son muy claras y reposan sobre el principio de soberanía de los Estados y la autodeterminación de los pueblos. Los recursos naturales corresponden, por ende, a los países en que se encuentran y cada Estado tiene plena autonomía para decidir sobre sus usos.
En respuesta a la situación que vive hoy la Amazonía brasileña, la comunidad internacional -algunos países integrantes de la UE, principalmente- amenaza con sanciones de cierres de mercados, que si bien pueden resultar efectivas en el corto plazo, responden a las mismas lógicas que desataron los problemas. Se necesita, en cambio, un abordaje sistémico de la región amazónica que, sin debilitar la soberanía de los países, se oriente a buscar respuestas de carácter preventivo, a través de la planificación y la información científica.
Ha llegado la hora de pensar respuestas desde el derecho internacional que no solo busquen satisfacer la necesidad de cada uno de los países de manera individual, sino que sean pensadas en beneficio del conjunto. Soluciones que ademas requerirán de un apoyo financiero muy sustantivo. Si el Amazonas es un sostén fundamental para el mundo, el mismo mundo tendrá que sostener al Amazonas.
Habrá que repensar entonces instrumentos internacionales como el Tratado de Cooperación Amazónica (TCA) de 1987, para transformarlo en una herramienta de protección para el desarrollo sostenible de la región. Establecer instrumentos y acuerdos de gobernabilidad para la región amazónica -integrado por los países del Amazonas pero con activa participación de otros que conforman regiones asociadas como la Cuenca del Plata y la zona andina- que pueda establecer criterios para un desarrollo sostenible basado en información técnica y científica, tal como sucede hoy con el Convenio de Cambio Climático.
Es necesario entonces que la región asuma las acciones y respuestas que el tema demanda y que sin esperar que sean otros las impulsen. América Latina y el Caribe han suscrito en 2018 al Acuerdo de Escazú, el primer instrumento vinculante ambiental de la región, quizás allí este el germen del cambio de paradigma que se necesita.
El autor es director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)