Luego de que la calma económica llegue, porque tarde o temprano llegará, vendrá nuevamente a encabezar la preocupación de los argentinos la falta de seguridad.
Hace cuatro años escribíamos sobre el tema, lanzando un desafío a la gobernadora María Eugenia Vidal, proponiendo medidas audaces o, intuíamos, los problemas en este campo se agudizarían y conducirían al fracaso, lo que a la postre sucedió.
En estos casi cuatro años de gobierno, Vidal deja una herencia de delitos judicializados (el tercio de la realidad) total de 850.908 (en 2015 eran 719.728), con 17.503 abusos sexuales (en 2015 eran 11.010) y 156.790 robos totales simples y calificados (en 2015 eran 133.807). Todo según cifras oficiales de la Procuración General a cargo de Julio Conte Grand.
El futuro gobernador, se supone que lo sea Axel Kicillof, nuevamente encontrará dos caminos a elegir: el de tratar de "corregir" los males de la numerosa Policía provincial, principal encargada de enforzar la ley y pacificar el territorio; o el de efectivamente terminarlos para dar efectiva solución al ciudadano.
El primer camino es el que todos han transitado y han fracasado, vista la estadística criminal citada.
Cambia la cúpula policial (dicho sea de paso, el ejecutivo provincial actual hablaba de lucha contra el narcotráfico y las mafias heredadas y la primera medida que tomó fue ascender a Jefe de la Policía Bonaerense a quien el gobernador Scioli le había encargado la lucha contra el narcotráfico), se mueven Jefes departamentales, purgas, se hablará de nueva capacitación, etc, etc.
Cambios para que nada importante cambie. La policía seguirá gobernando el territorio mediante un sistema piramidal de poder, en el que no falta la connivencia con el crimen organizado.
El segundo posible camino es el verdadero desafío.
Es el del quiebre de la verticalidad policial para dar poder horizontal a los buenos policías que sí quieren mejorar la situación y que arriesgan sus vidas a diario mientras ven a sus jefes llevar vidas de millonario. Este es el camino más difícil, pero el que asegurará el éxito.
El primer paso para lograrlo es el de la municipalización de la fuerza, para que cada intendente cuente con su propia policía que luche principalmente con el delito violento común, el que afecta al ciudadano de a pie.
También deberá luchar con el delito complejo y organizado, pero aquí sí con el apoyo de una nueva Agencia Provincial contra el Crimen Organizado, de presencia en todos los municipios, formada con el mejor recurso humano que se pueda reclutar y altamente tecnificada. Policía de apoyo y control.
Asimismo, el nuevo gobernador deberá "reinventar" el arcaico y muchas veces corrupto servicio penitenciario, construyendo inexorablemente nuevas unidades capaces de rehabilitar internos. En esta área tampoco ha habido avances más allá de la retórica con el actual gobierno provincial.
Un plan de seguridad que funciona necesita de nuevas cárceles que no vivan realimentando el sistema criminal ni degradando a sus internos.
Por último, deberá coadyuvar a construir un nuevo Poder Judicial eligiendo nuevos jueces y fiscales no por afinidad política como en la actualidad sino a aquellos que se orienten profesional y equilibradamente no sólo a los derechos de los imputados sino asimismo hacia los derechos de las víctimas, siempre inocentes y muchas veces olvidadas.
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