¿Reforma laboral? ¿Para qué? Mejor beneficiar también a los empleados

El Estado debe promover e instrumentar un seguro para las empresas de un 4% sobre su nómina salarial, pagado por ellas para un Fondo de Garantía Indemnizatorio (FGI) administrado por el Anses, que asegure que los empleados que pierden su trabajo puedan seguir cobrando en cuotas mensuales el equivalente a su sueldo hasta conseguir un nuevo empleo. Se agotaría cuando supere los meses que correspondan a los años trabajados.

Es incongruente discutir los temas de reformas laborales desde las empresas sin comprender el temor que puede generar en un empleado y en la población general la posibilidad de que la "flexibilización laboral" le empeore su situación económica. Es una discusión que no tiene sentido. Y en cierto grado atenta contra las empresas, que en su gran mayoría dependemos del consumo interno pues, como hemos visto reiteradamente, la inseguridad financiera para una familia implica menor consumo de bienes.

Debemos, sin embargo, encontrar una fórmula para que la mejora venga por los incentivos de una parte (los empleados) y por la otra (los empleadores) de tener incrementos tanto en la productividad de las compañías como en la certeza de un mejoramiento de las condiciones laborales para todos: seguridad para las familias y la estabilidad de demanda para las empresas.

De seguir con las actuales leyes y condiciones laborales, el riesgo es que no se genere empleo, aun con crecimiento, pues las empresas evitarán tomar trabajadores, aunque los necesiten, por el riesgo infinito (juicios laborales desbordados) que esto supone.

Debemos encontrar entonces una forma donde el ingreso de quienes trabajan en relación de dependencia no sufra los vaivenes violentos de la economía, y donde el capital del empleado -que se evidencia en el acumulado de su antigüedad en el trabajo, reflejado como un monto indemnizatorio- no se pierda, pero que tampoco sea un incentivo para el mal comportamiento y por ende la baja productividad propia y de sus compañeros.

No es además un momento propicio para sacarle beneficios a la gente; no es oportuno en Argentina y tampoco lo es en el mundo. Pero hay alternativas. Uno los beneficios adicionales que esta propuesta tiene es el de mejorar la situación de las personas que quieran cambiar de compañía, como en los casos que otras empresas puedan pagarles salarios más altos ante la apertura de nuevas oportunidades del mundo moderno. El sistema actual les impide aprovechar este aumento de oportunidades, pues pierden su capital indemnizatorio. Con el sistema propuesto, muchos tendrán incentivo a cambiar, pues cuando lo hagan no perderán la antigüedad. Esto también los incentivará a continuar con su educación al abrirse nuevas posibilidades de empleo que lo requerirá. Subirán su ingreso paulatinamente con estas nuevas experiencias.

En la actualidad, cuando eso sucede, es decir cuando se les presentan nuevas oportunidades de empleo, muchas veces los empleados se comportan de una forma incorrecta para hacerse despedir. Y para hacerlo se "accidentan" en la empresa o "in itinere", faltan, trabajan a desgano, etc., generando un clima de conflictividad en la compañía y con sus compañeros, bajando el nivel de productividad general y encareciendo los productos.

Los empleados también percibirán beneficios en los casos en los cuales las empresas que necesitan bajar personal por falta de trabajo o incluso por mejoras técnicas, muchas veces como no tienen liquidez, negocian quitas para despedir con menores costos, o incluso lo hacen "con causa" con la esperanza de postergar el momento de pago de la indemnización. De esta manera, aumentan la precarización de la población empleada y disminuyen el ingreso de quienes necesitan imperiosamente ese dinero para vivir el tiempo que estén sin empleo. Las empresas y sus gerentes hacen esto, pues tienen la obligación de preservar el capital para no destruir su activo en el proceso y con ello las posibilidades del resto de los empleados que aun permanecen en la empresa.

Finalmente están las empresas que sucumben ante las circunstancias y se presentan en concurso de acreedores; o las que directamente quiebran dejando a los empleados sin cobertura ante el despido que sucede por el cierre de la empresa, con juicios eternos y donde la complejidad hace que, además de perder el dinero, deban soportar años litigando por sus derechos.

Esto también dificulta el cobro del resto de los acreedores a quienes la quiebra de su cliente puede llevarlos a la ruina también, generando un proceso en cascada. Este proyecto simplificará todos los procesos judiciales de este tipo al eliminar del juicio los temas relacionados a las indemnizaciones.

En todos estos casos, intervienen abogados, intermediarios, jueces, médicos, etc. que encarecen el proceso y se quedan con dinero que podría ser del empleado, de la empresa o de los acreedores. Y que finalmente paga el consumidor con precios más altos en los productos o servicios que recibe; o lo sufre el desocupado al no conseguir empleo, pues las empresas no quieren tomar gente. Además, también lo paga el ciudadano con impuestos más altos para mantener los subsidios a estos empleados desocupados y sustentar los salarios de los nuevos empleados contratados en el estado por no conseguir empleo privado. Estos "nuevos contratados" pasarán a trabajar en tareas innecesarias en el Estado, como por ejemplo, ser ascensorista en un ascensor automático, o empleado de una sección cuyo objeto hace años que desapareció. Sin embargo, el costo más caro lo paga el empleado que queriendo cambiar de trabajo no se anima a hacerlo.

Pagando las empresas un 4% inicialmente (a los 3 o 4 años puede reducirse y en 10 años puede llegar a ser de menos de 2%) sobre la nómina salarial, sean chicas o grandes, puede llegar a formarse un fondo (FGI) que acumulará una gran cantidad de dinero de donde salga la indemnización de aquellos que pierdan el trabajo o deseen tomarse un tiempo de descanso.

En el inicio estaría acompañada con los fondos del Anses y luego aumentará su capacidad. Si hiciera falta, en las empresas grandes podrían ponerse límites a la cantidad de empleados a recibir los beneficios el primer año. Pero al tercer año ya no habrá límites.

El funcionamiento diferencial es que desaparece la distinción entre despido "con y sin causa", como también si fue la empresa que lo despide o la persona que prefirió renunciar. Esto elimina los conflictos legales, disminuye el costo, libera los juzgados, y permite a los jueces, abogados, empleados y empresas concentrarse en los verdaderos conflictos. La productividad de las personas aumentará notablemente como también la de las empresas, pues disminuirá el ausentismo y con esta sola mejora podrán pagar ese nuevo costo de 4% inicial (en Estados Unidos el ausentismo menor al 2% y acá muchas veces supera el 10%). Los empleados dejarán de sufrir todos los días angustia sobre qué trabajo les tocará, pues no saben quiénes y cuantos faltarán y si las empresas podrán o no pagar sus indemnizaciones en caso de fracasar en sus negocios. También podrán verse estas mejoras en las empresas, organismos y oficinas del Estado y su personal.

Las personas que cambien de empleo no perderán la antigüedad. Y si una empresa le ofrece 5% más de salario o hasta un 5% menos, pero le resulta más agradable, se trasladará a la nueva compañía con su antigüedad, sin la pérdida que significaría con el sistema actual.

La diferencia sustancial es que la indemnización se cobrará mes a mes hasta agotar los meses de antigüedad (pero desde este fondo –FGI- y ya no de la empresa). Esto trae fluidez tanto a la familia del despedido o al empleado que se haya tomado un tiempo, como al FGI y no incentiva el mal comportamiento. Pero además genera fluidez en la economía, disminuyendo los temores de las personas y no generando ciclos altos o de freno en el consumo.

Las empresas inmediatamente tendrán más valor, pues desaparecerá el pasivo laboral, y al valer más por suba del patrimonio neto, los accionistas tendrán incentivos a invertir ya que tendrán un activo con valor que no querrán perder. Esta es una primera causa por la que habrá más empleo, no menos.

Las personas buscarán activamente empleos mejores, compatibles también con los millennials, e irán saliendo y entrado a empresas dándole movilidad y flexibilidad a la economía, incrementando el capital social, pero no a expensas de su seguridad. Al contrario: harán valer sus capacidades y mejorarán su ingreso, asociando la educación a su aumento de bienestar económico.

Las personas tendrán un aumento significativo de oportunidades de empresas que ahora, sin el temor de emplear y sin los pasivos laborales que técnicamente hacían inviables tener empresas sanas, surgirán por nuevas inversiones.

Los trabajadores serán los dueños de sus indemnizaciones y las administrarán con prudencia y como adultos cuidando sus intereses personales. En el caso de los millennials, que muchas veces desean un período de descanso entre dos empleos, lo podrán tener sin pérdida del ingreso mensual (perdiendo por supuesto meses de su capital indemnizatorio siempre y cuando tengan antigüedad). Mejorará además su condición crediticia ante los bancos, pues acrecienta su patrimonio personal. Incorpora un activo seguro a cambio de un derecho de difícil cobrabilidad.

En el caso del empleo público, el Estado no deberá pagar este 4% adicional pues serían los privados con sus impuestos los que estarían soportándolo. Pero también su personal mantendrá la antigüedad ante un cambio de empleo (por eso es importante y neutra la participación del Anses), y si es contratado por un privado se llevará consigo ese capital. Pero podrá ser desplazado como en el sector privado sin discusión. Si tuvieran regímenes especiales de despido, se los llevarían con ellos y se los reconocería. Da lo mismo que se queden o no, se mantengan o no los beneficios, pues para el Estado el costo es lo mismo.

La eliminación del conflicto al desaparecer el incentivo a hacerse despedir, el fin de los temores de perder el empleo y las angustias que esto genera, de la obligación de permanecer aún a desgano en una empresa por el temor a no ser indemnizado y sufrir el maltrato de algún jefe, lograría la suba de manera dramática de la productividad del país. Y con ello la Argentina crecerá y tendremos una sociedad más civilizada.

Todo esto se lograría con aumentar y no disminuir los derechos laborales. La portabilidad de la antigüedad, junto a la seguridad de que el quiebre de las empresas no significará una pérdida del capital de los trabajadores, ese 4% de aporte al FGI, aumenta significativamente los beneficios del empleado y los del empleador y resuelve el conflicto actual al convertir en innecesario la reforma laboral.

Presidente de TN & Platex