La lucha contra la trata de personas es responsabilidad de todos

La trata de personas es un delito que atenta contra mujeres, niños y hombres que son explotados con numerosos propósitos, incluidos el trabajo o servicios forzosos, la prostitución y otras formas de explotación sexual, la esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre y la extracción de órganos.

La trata es un mal global y todas las naciones se ven afectadas por ella, ya sea como país de origen, tránsito o destino de las víctimas. En la Argentina, el 3 de abril de 2002, Marita Verón, de 23 años, fue secuestrada a pocas cuadras de su casa. Fue a partir de este caso que nuestra sociedad empezó a tomar conciencia de este delito y, si bien se instaló fuertemente en los medios, debieron pasar muchos años para que el interés se traslade al gobierno y se plasme en políticas públicas concretas.

La ley 26.842 tipifica este delito y precisa que el consentimiento dado por la víctima de la trata y explotación de personas no constituirá en ningún caso causal de eximición de responsabilidad penal, civil o administrativa de los autores, partícipes, cooperadores o instigadores.

Este 30 de julio, Día Mundial contra la Trata, es imprescindible reafirmar la importancia de prevenir, erradicar y sancionar este aberrante delito así como la imperiosa necesidad de brindar asistencia y acompañamiento a las víctimas, por lo que corresponde celebrar toda política pública que contribuya a alcanzar dichos objetivos.

Históricamente, Argentina fue un país de origen, tránsito y destino de hombres, mujeres y niños víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual y trabajo forzoso. Dato no menor es que este año se registró un aumento de un 95% en la cantidad de víctimas rescatadas. 

Según un detallado informe del Ministerio de Seguridad de la Nación, entre 2016 y 2018 hubo 1.117 allanamientos relacionados con el delito de trata de personas, fueron detenidas 632 personas y 2.797 víctimas fueron rescatadas.

El 22 de julio, a través del decreto 508/2019, el presidente Mauricio Macri promulgó la ley 27.508 y, de esta forma, avaló la creación del Fondo Fiduciario Público de Asistencia Directa a Víctimas de Trata que será conformado por los fondos líquidos decomisados y aquellos que constituyen el producido de la venta de los bienes incautados en procesos relacionados con el delito de trata y explotación de personas y de lavado de activos provenientes de tales ilícitos.

El fondo, que endereza activos obtenidos por el delito hacia fines socialmente útiles, contribuirá a permitir el restablecimiento integral, físico, psicológico y la reinserción laboral y social de quienes fueron víctimas de tan terrible delito, a quienes se les podrá brindar asistencia psicológica y médica gratuita, alojamiento apropiado, manutención, alimentación suficiente, capacitación laboral y ayuda en la búsqueda de empleo, asesoramiento legal, entre otros. Este fondo, con su finalidad específica y cuyos recursos no pueden ser reasignados, constituye una respuesta concreta, rápida, efectiva e indispensable para las víctimas, en su mayoría mujeres y niños, que incluso al buscar reinsertarse deben afrontarse a una sociedad, muchas veces insensible, que no está capacitada para acogerlas.

Es nuestra tarea y responsabilidad, un verdadero deber cívico, ser empáticos y solidarios con las víctimas, no culparlas y realizar acciones tendientes a facilitar su reinserción, a los fines de reparar el daño sufrido y recuperarlas como personas que puedan retomar las riendas de sus vidas y ser un aporte a la vida social. Tal como se la conoce hoy en día, la denominada "esclavitud del siglo XXI", es un delito que atenta contra los derechos más fundamentales de la persona: integridad física, psicológica, libertad, dignidad y hasta la propia vida, a través de una combinación de miedo, violencia, abuso y control psicológico.

Los compromisos internacionales se asumen para ser cumplidos y la puesta en obra de la legislación sobre trata de personas nos pone al día con la comunidad internacional, lo que es particularmente importante por el carácter transnacional que asume generalmente este tipo de delito. Así, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional no deja lugar a dudas: cada Estado parte debe establecer procedimientos adecuados que permitan a las víctimas obtener indemnización y restitución. La creación del fondo era una deuda pendiente. Si bien en 2012 se sancionó la ley 26842 que exigía su creación, debieron transcurrir varios años para que existiera voluntad para hacerlo una realidad. Cuántas veces festejamos la sanción de leyes con bombos y platillos y debimos esperar años para su efectiva operatividad que incluso, en algunos casos, nunca llega.

La reciente entrada en vigor de la ley demuestra el compromiso del gobierno, no solo por cumplir con la legalidad y las obligaciones internacionalmente asumidas, sino también por seguir luchando contra las organizaciones mafiosas y el delito.

El Poder Ejecutivo nacional implementará un sitio de consulta pública y gratuita en Internet, a fin de dar publicidad a los bienes que ingresen al Fondo, así como también a todas las decisiones, auditorías e informes que se realicen en el marco de la ley, una prueba más de la voluntad de nuestro gobierno por fortalecer las instituciones a través de la transparencia y la rendición de cuentas; incentivando el control y la participación ciudadana.

Según un informe presentado en 2018 por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, la Argentina ascendió a la Categoría 1 por sus avances en la lucha para eliminar la trata de personas. Se enumeran como logros los procesamientos y condenas de funcionarios cómplices, la identificación y asistencia de una mayor cantidad de víctimas, el establecimiento de protecciones legales adicionales para las víctimas, el aumento en el número de procesamientos, el ofrecimiento de más capacitación para funcionarios de gobierno y miembros de la sociedad civil y la mejora en el relevamiento de datos.

La trata de personas sigue siendo una realidad nefasta que no distingue edad, género ni clase social. No podemos mirar hacia otro lado. La lucha contra la trata es responsabilidad de todos quienes formamos parte de la sociedad. Educación y conocimiento sobre la temática se vuelven cuestiones esenciales. Si bien la corrupción y la complicidad oficial en los delitos de trata de personas siguen siendo preocupaciones importantes, celebramos el gran esfuerzo que el Gobierno está haciendo para ganar esta batalla.

Concejal por la Coalición Cívica ARI de Vicente López. Profesora Adjunta Derecho Constitucional UBA