El miércoles tuvimos la noche más fría del año. Distintas organizaciones solidarias se movilizaron para armar ollas populares y acercar un plato de comida a la gente en situación de calle, para reunir donaciones de frazadas y abrigo, para brindar refugio en clubes, centros barriales, parroquias. Circularon mensajes por WhatsApp en los que se sumaban más y más organizaciones de la sociedad civil y vecinos a dar albergue nocturno. La Red Solidaria convocó al Club River para que las familias tengan un abrigo ante la intemperie que se llevó la vida de Sergio Zacaríaz, el hombre de 53 años que murió por hipotermia en pleno centro de la Ciudad de Buenos Aires. Pero tenemos un problema mayor que las bajas temperaturas: el Gobierno de la Ciudad tiene el corazón de hielo.
En la Ciudad de Buenos Aires existe desde el 2010 la ley 3706 de protección de derechos de personas en situación de Calle y en riesgo, escrita a partir del aporte de las organizaciones no gubernamentales que saben y trabajan solidariamente en la temática. Sin embargo, la ley no se plasma en políticas públicas efectivas que aborden de forma integral la asistencia social de las personas que tienen todos sus derechos vulnerados en situación de calle. Como diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, y junto a Laura Velasco, dirigente de SOMOS porteña que venía trabajando en la temática desde el Consejo Económico y Social de la Ciudad, presenté un amparo por las personas en situación de calle que recibió por respuesta un fallo ejemplar de la jueza Elena Liberatori. Centralmente se reconocía que el Gobierno de la Ciudad no realizaba un censo serio de la población en calle, desconociendo la dimensión social del problema. Sin un diagnóstico adecuado es imposible destinar el presupuesto acorde.
Los funcionarios del Gobierno de la Ciudad admiten que con el aumento de la pobreza y la indigencia ha aumentado en un 35% la gente en situación de calle. Inclusive reconocen que hay más mujeres, niños y niñas, que hay más personas con profesiones y oficios que se quedaron sin trabajo recientemente y que cada vez hay más personas durmiendo en la calle en barrios no céntricos. En estos puntos coincidimos. Vemos todos los días los colchones y las ranchadas al caminar las veredas, portales, bajo autopistas. Y sabemos que muchas veces las fuerzas de seguridad expulsan a esta población de las zonas céntricas para que la Ciudad se vea linda y prolija, escondiendo una tremenda realidad social en lugar de resolverla, siendo que estamos en la ciudad más rica del país.
Las cifras oficiales de la gente en situación de calle en la Ciudad son de 1146 personas. Hace dos años participamos junto a organismos de control porteños y más de cincuenta organizaciones sociales, barriales y solidarias en un censo popular que relevó en situación de calle efectiva a 4394 personas, ascendiendo ese número a 5872 al contabilizar a quienes estaban pasando la noche en los paradores. Entre 500 y 600 eran niños, niñas y adolescentes en situación de calle. Y la cifra trepa a decenas de miles si contabilizamos a la población en riesgo de calle, tal cual contempla la ley 3706. Si actualizamos estos números al incremento del 35% de los últimos tres años de la población en calle, estamos por encima de las 7000 personas. El Gobierno no los ve.
La insensibilidad del Gobierno porteño no solo oculta los números reales de esta problemática, sino que además culpabiliza a la población vulnerada. Es brutal y hay que tener el corazón helado para decir que la gente no quiere ir a los paradores y prefiere enfermarse o morir en la calle. ¿No se preguntan los funcionarios por qué la gente no está en los paradores? ¿Será que las 2300 plazas no alcanzan? ¿Será que no son centros integrales abiertos 24 horas? ¿Será que separan a los hijos de las madres? ¿Será que hay situaciones de violencia institucional y social? ¿Será que no permiten entrar el carro, que es medio de sustento para el cartoneo? ¿Será que no hay herramientas laborales, sanitarias, educativas que se lleven adelante para salir de la calle? ¿Será que el subsidio habitacional para esta situación de emergencia cubre apenas la mitad de lo que cuesta una pieza de hotel? ¿Será que se ponen por delante trámites burocráticos que impiden el acceso a la ayuda social? ¿Será que no aplican la ley 3706 para la protección de los derechos humanos y sociales?
La solidaridad que se organizó en estos días con la gente en situación de calle me hace sentir profundamente orgullosa de esta Ciudad de Buenos Aires. Al mismo tiempo es vergonzosa, inadmisible, la ausencia del Estado en la implementación de la política pública que asista esta emergencia social. Quienes están en el Gobierno debieran aprender de la sensibilidad y el compromiso de la sociedad civil con una Ciudad más igualitaria. Si después de 12 años no aprendieron, no asistieron a las familias más vulnerables, sino que multiplicaron la pobreza y la indigencia, tal vez tengan que dejar el gobierno del Estado en quienes pensemos en el bien común por sobre los negocios. En una Ciudad que no sea para unos pocos privilegiados sino para todas, todos y todes.
La autora es diputada nacional, SOMOS.
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