Además de que la trata de personas es el tercer negocio más rentable del mundo (después de la venta de armas y el narcotráfico), es una de las formas de esclavitud más denigrantes que existe. La mayoría de los casos implica, además de las secuelas físicas, la destrucción psicológica de las víctimas, impidiendo que logren los medios para una existencia digna. Si tuvieran algún tipo de contención por parte de familiares, las víctimas difícilmente podrían ser captadas, aisladas y esclavizadas. Este tipo de criminales estudia minuciosamente su perfil psicológico, y al verlas despojadas de toda fortaleza y confianza, irrumpen con promesas y manipulaciones, oscureciendo sus vidas.
Una de las últimas leyes que sancionamos en Diputados crea un fideicomiso destinado a asistir a las víctimas de la trata. Es una herramienta que les brinda una indemnización e impide que tengan que pasar años para ser resarcidos en procesos legales que muchas veces resultan inconducentes.
La ley representa una deuda saldada con los argentinos que anhelan un Estado cercano y protector de las minorías vulnerables. Quizá no exista posibilidad de una reparación total a las víctimas de tanta oscuridad, pero este fondo, aprobado previamente (y por unanimidad) en el Senado, garantiza algún alivio material mucho más ágil a quienes transitan ese infierno. Este logro debe alentarnos a permanecer enfocados, enfrentando la trata con todas las armas posibles y continuar a la vanguardia con mejores herramientas legislativas.
La ley pone a disposición de las víctimas el producido de bienes incautados a los delincuentes (por supuesto cuando el juez de la causa autorice). Muchos malhechores construyen imperios patrimoniales a costa del sufrimiento y la degradación. Por eso, me parece acertada la transferencia expedita de esos bienes a las víctimas, como lo dispone la unidad ejecutiva que administra el fondo. Los bienes recuperados, a su vez, deben inscribirse en el Registro Nacional de Bienes Secuestrados y Decomisados Durante el Proceso Penal, para asegurar la transparencia de todo el proceso. Adicionalmente, los magistrados tienen el deber de identificar "en la primera oportunidad posible" los bienes del imputado y adoptar las medidas cautelares necesarias. Muchas veces, la laxitud y la desidia en los procesos hacen que los delincuentes tengan tiempo de un vaciamiento patrimonial antes de que les caiga alguna consecuencia.
La llamada ley de trata, sancionada en 2008 (y modificada en 2012), era una norma necesaria pero no tenía un plan robusto para ayudar de manera efectiva a las víctimas. Por eso, en 2016, se creó el Consejo Federal contra la Trata (formado por las provincias, organismos nacionales y representantes de la sociedad civil). Y el año pasado, por primera vez, se presentó un plan nacional para combatir la trata y explotación de personas. Los resultados de las acciones de los últimos años están a la vista: aumento en la persecución y condenas de individuos con cargos públicos, mayor número de procesamientos, mayor asistencia de víctimas, capacitación a miembros de las fuerzas de seguridad y sociedad civil, mejoramiento en los procesos de recolección de datos, entre otras mejoras.
Más allá de lo técnico, esta norma es coherente con la voluntad política de este gobierno por enfrentar este mal. Hoy la Argentina se encuentra en el máximo nivel de operatividad y eficiencia contra la trata de personas. Pero esto no siempre fue así. Antes del inicio del Plan Justicia 2020, en el que se propusieron y se seguirán proponiendo leyes útiles, modernas y necesarias, hubo un largo período de orfandad jurídica y un estado de "sálvese quien pueda" que padeció la ciudadanía, con la corrupción que todos conocemos, agraviada por una Justicia que parecía diseñada por los victimarios, desmoronando la fe de los argentinos en esta institución tan vital y en el sistema en su conjunto.
A través de las reformas que hemos debatido en el Congreso durante este gobierno, hemos avanzado con leyes modernas y políticas públicas certeras contra el crimen organizado. Nadie puede negar que en los últimos cuatro años, a través del consenso y con debates intensos, hemos aportado a la Justicia herramientas legislativas importantísimas. Nos queda mucho trabajo por hacer. Pero estamos en el camino correcto, logrando mejorar de manera radical nuestro universo jurídico.
El autor es presidente de la Comisión de Justicia, Cámara de Diputados de la Nación, UCR.