Elegir la escuela para tu hijo no es una decisión fácil. Muchos padres defienden la escuela pública pero envían a sus hijos a una privada. ¿Por qué?
En primer lugar, este fenómeno local no es una excepción. En las últimas décadas, muchos sistemas educativos han adoptado políticas que promueven la libre elección de escuelas: Chile, Inglaterra, Nueva Zelanda, entre otros. Esto ha generado una brecha entre quienes respaldan dichas políticas con argumentos basados en la calidad, la competencia y la eficiencia, y sus detractores, quienes sostienen que el efecto no deseado de dichas políticas es una mayor segregación y estratificación en el sistema educativo.
Una aproximación a las elecciones posibles en Argentina nos muestra que la matriz de elección está demarcada por tres variables: modalidad (público-privado), arancel (alto-bajo) y orientación (confesional o laica). Optar por proveedor estatal implica no elegir escuela, dado que las vacantes están asignadas, entre otras variables, por zona de residencia. La opción de escuelas confesionales se divide en escuelas de bajo costo o escuelas de elite, dependiendo del porcentaje de aporte estatal que reciban. Si la preferencia es por escuela laica, el abanico de opciones posibles nuevamente se divide en escuelas laicas privadas con arancel alto o escuelas de gestión estatal. Las escuelas laicas privadas son una opción posible solo para aquellas familias que puedan afrontar el costo del arancel escolar.
La ley de educación común 1420, sancionada en 1884, cristalizó una matriz de pensamiento acerca de la educación en Argentina: común, gratuita y obligatoria. Pero actualmente la oferta privada de educación crea el contexto para una elección desigual, cuya consecuencia es una mayor segregación y autosegregación en el sistema educativo. Estos procesos de segregación educativa quedan también evidenciados en el interior del sistema público.
En la Ciudad de Buenos Aires, la irregular distribución de escuelas según tipo de gestión por comuna implica que la zona de residencia marca trayectorias escolares diferenciadas, salvo que los padres o adultos responsables de los niños posean recursos suficientes para enviarlos en transporte público o llevarlos en auto al colegio de su elección. Para el nivel secundario, en muchos casos los alumnos viajan solos y esa autonomía tiende a compensar la desventaja en la desigual distribución de escuelas por comunas.
La actual configuración del sistema educativo argentino, plasmada en el financiamiento estatal a las escuelas privadas, es costo-eficiente cada vez que el esfuerzo fiscal se invierte en el sector estatal y gran parte de las familias renuncian a una educación que ya tienen paga a través de los impuestos. Al optar por pagar un arancel escolar en el sector privado, estas familias dejan mayores vacantes para quienes no pueden o no quieren afrontar el gasto privado en educación. A su vez, permite a ciertas familias —principalmente a los sectores socioeconómicos medios y altos— ejercer el derecho de libre elección de escuela, en detrimento de la cohesión social y la igualdad de oportunidades.
La realidad muestra que muchos padres están dispuestos a pagar por educación y que el crecimiento de la elección de escuelas privadas no es un mero capricho de un sector de la sociedad ni una política del gobierno de turno, sino más bien una política de Estado. En este sentido, la libre elección de escuelas y la conformación de una identidad nacional, tal como lo afirmara la ley 1420, parecieran ser hoy dos extremos de un mismo continuo: a mayor libertad de elección, menores serán las probabilidades de lograr cohesión social.
La autora es magíster en Políticas Educativas e investigadora asociada del CEPE-UTDT.