A un año del inicio de la rebelión, Nicaragua sigue en la deriva autoritaria sin una salida democrática a la vista. La presión internacional, en particular de América Latina y el Caribe, carece de la intensidad que aconsejan las circunstancias. El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha tenido con Nicaragua contemplaciones que no guardan relación con la gravedad institucional. Tampoco el Consejo Permanente de la OEA ha actuado en consonancia con el baño de sangre de 561 personas muertas por enfrentamientos políticos. Según Human Rights Watch, las revueltas ocasionaron 2100 heridos de armas de fuego. Las ONG en defensa de los derechos humanos acusan que hay más de ochocientos detenidos políticos. Cerca de cincuenta mil personas han emigrado y es previsible que el éxodo se duplique en el 2019.
Han trascurrido cuatro meses desde el anuncio del secretario general de la OEA de aplicar la Carta Democrática Interamericana conforme el artículo 20 y 21 y, pese al tiempo transcurrido, los trámites diplomáticos previstos no se han traducido en alguna acción específica. El impasse, en cambio, parece haber afianzado las características autoritarias del régimen. No hay ninguna señal que indique la intención de apertura política, de disminución de la represión o fortalecimiento del Estado de derecho. Tampoco de convocar a elecciones antes del 2021.
Pese a que la cuestión de un calendario electoral anticipado no fue parte del acuerdo entre el Gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, el tema es central para la futura normalización de la vida institucional. Sectores de la oposición, grupos estudiantiles y organismos civiles han mostrado insatisfacción en que el acuerdo no haya incluido el adelanto de elecciones libres, transparentes, y con adecuada verificación internacional. Un sector de la oposición, Unidad Nacional Azul y Blanco, que aglutina a 43 organizaciones sociales, ha instado a la OEA y al Vaticano a revaluar con urgencia el caso de Nicaragua después de que fuerzas del Gobierno y paramilitares agredieran a manifestantes tras Vía Crucis, con un saldo de 11 detenidos y media docena de heridos.
Lamentablemente la situación nicaragüense preanuncia mayores revueltas. También más violaciones a los derechos humanos y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) ha instado al Gobierno a respetar el derecho de protesta y velar por la integridad física de los manifestantes. La significativa presencia militar de Rusia también está asociada al suministro de armamento para la represión y el control de manifestantes. El Centro de Capacitación Antidrogas gerenciado por las fuerzas de seguridad de Rusia es un ejemplo. En los últimos años Managua ha sido la capital más visitada de América Latina por las autoridades del Ministerio de Defensa de Rusia. La instalación de una base logística para los bombarderos estratégicos rusos está en ejecución. Otro hecho ha sido la puesta en funcionamiento de la primera estación terrestre del sistema Glonass en América Central, la versión rusa del GPS, con la capacidad de operar la información que recogen 24 satélites rusos.
Es desilusionante que la Organización de Estados Americanos no pueda encarar con mayor eficacia y celeridad la responsabilidad que le otorga la Carta Democrática Interamericana. Sería penoso que por inoperancia se repita en Nicaragua el mismo libreto de pasividad diplomática que la OEA siguió con Venezuela. Los resultados y las consecuencias están a la vista.