La Argentina vive una real crisis educativa, no tiene sentido negarlo. He aquí seis propuestas que le permitirían al Gobierno tomar la iniciativa frente a una crisis que ha heredado y tiene la responsabilidad de revertir.
Es necesario que la sociedad internalice la emergencia educativa, la primera propuesta está dirigida en dicha dirección. Las evaluaciones son la llave del reino, pero los resultados a nivel de escuela deben ser de conocimiento público. Por ello es imprescindible, tal como lo solicitó nuevamente el Presidente al Congreso, modificar el artículo 97 de la ley 26206, que establece: "La política de difusión de la información sobre los resultados de las evaluaciones resguardará la identidad de las (…) instituciones educativas, a fin de evitar cualquier forma de estigmatización".
¿Estigmatización? Por supuesto se debe preservar la identidad de los alumnos y los docentes, pero no así de las instituciones educativas. Modificar el artículo 97 despertaría a los padres, les haría ver la realidad, los haría reaccionar. Su indignación le daría al Gobierno el apoyo para enfrentar a los sindicatos docentes, los más acérrimos defensores del statu quo.
La segunda propuesta se encuentra dirigida a permitir algo aparentemente tan elemental como que los niños puedan concurrir a la escuela. Frente a la utilización indiscriminada del paro como elemento de presión sindical, la educación debe transformarse en un servicio público. Hace ya varios años, en 2014, al enfrentar la administración de Daniel Scioli una larga secuencia de paros, el vicegobernador Gabriel Mariotto planteó una iniciativa similar; en 2017 también lo hizo Guillermo Castello, diputado provincial de Cambiemos. Una ley que transforme a la educación en un servicio público esencial defendería el derecho de los más débiles, nuestros niños, quienes no pueden tomar medidas de fuerza para hacerlo.
En 1995 Steve Jobs expresó en una entrevista realizada por el Smithsonian Institution: "Yo no creo en la igualdad de resultados, pero realmente creo en la igualdad de oportunidades. La igualdad de oportunidades para mí más que nada significa una gran educación". El Uruguay cuenta con una legislación consistente con esta apreciación; replicarla en nuestro país constituye la tercera propuesta.
Veamos brevemente el modo en que la legislación uruguaya facilita el funcionamiento de escuelas gratuitas de gestión privada, que se financian con aportes de empresas o particulares, no reciben ninguna subvención del Estado y brindan educación secundaria a adolescentes que viven por debajo de la línea de pobreza, alcanzando excelentes resultados académicos.
Su financiación es posible gracias al artículo 78 de la ley 18.083/2006 y su modificación, el artículo 269 de la ley 18.834/2011 (sintetizado): "Las donaciones que las empresas contribuyentes del Impuesto a las Rentas e Impuesto al Patrimonio realicen a las entidades que se indican en el artículo siguiente (ejemplo: instituciones privadas cuyo objeto sea la educación primaria o secundaria que atiendan a las poblaciones más carenciadas) gozarán del siguiente beneficio: el 75% de las sumas se imputará como pago a cuenta de los tributos mencionados. El 25% restante podrá ser imputado a los efectos fiscales como gasto de la empresa".
Una legislación como la uruguaya permitiría demostrar que es factible incrementar la exigencia y el rendimiento académico, reduciendo a la vez la deserción, aun en contextos sociales claramente desfavorables. ¿No es una razón suficiente para replicarla?
Veamos la cuarta de las propuestas. Es bien sabido que Argentina es un caso tristemente célebre, ya que carece de cualquier sistema de evaluación del nivel de los conocimientos de los estudiantes secundarios antes de ingresar a la universidad. Como señala Alieto Guadagni, no se conoce en el mundo una ley universitaria como la 27204, que prohíbe cualquier tipo de examen para estimular un ingreso de estudiantes bien preparados a la universidad. Esta estipula: "Todos los alumnos que aprueban la enseñanza secundaria pueden ingresar de manera libre e irrestricta a la enseñanza de grado en el nivel de educación superior".
En la Argentina es habitual ingresar a nuestras universidades con escasa preparación y sin esfuerzo alguno. Por supuesto, el fracaso es previsible. La evaluación al final del secundario se lleva a cabo en todo país que el lector imagine. ¿Puede el resto del mundo estar tan equivocado? Es claro que no.
La modificación de la ley 27204 evitaría estafar a miles de jóvenes que pierden valiosos años de sus vidas realizando estudios que nunca habrán de concluir, en lugar de prepararse para insertarse exitosamente en el mercado laboral.
Este hecho motiva la quinta de las propuestas: enfrentar la crisis del desempleo de nuestros jóvenes mediante el llamado sistema de educación dual, proveniente de Alemania. En el sistema dual el estudiante pasa muchas horas adquiriendo experiencia laboral en empresas, aun antes de su graduación de la escuela secundaria. Conforme transcurren los años, el estudiante incrementa el tiempo en la empresa y reduce el tiempo en la escuela. Una adaptación del sistema dual a nuestra realidad ayudaría no tan solo a incorporar a la sociedad productiva a miles de potenciales ni ni, sino que también les facilitaría que adquiriesen el capital humano que les permita desarrollarse exitosamente.
La última propuesta no se enfoca en la educación de los niños sino en la de millones de adultos beneficiarios de planes sociales. Los planes no deben ser considerados un derecho, sino, por el contrario, un castigo: la cronificación de la pobreza. ¿Cómo reinsertarlos en la sociedad? Juan Pablo II lo sugirió hace ya muchos años: "Esta posibilidad se realiza solo si el trabajador alcanza cierto grado de educación, cultura y capacitación laboral".
En 2018 el Gobierno de Mauricio Macri dio un importante paso en la dirección correcta al reemplazar tres programas por un nuevo plan denominado "Haciendo Futuro", que cuenta con dos ejes centrales: Educación Formal Obligatoria, mediante la cual los beneficiarios deberán finalizar sus estudios secundarios y Formación Integral, que los capacitará a través de cursos y prácticas profesionales.
Es imprescindible generalizarlo. Exigir que todo beneficiario, de cualquier plan social, deba cumplir con requisitos similares a los fines de hacerse acreedor al subsidio facilitaría su reinserción en la sociedad productiva. Nadie, en condiciones de trabajar, debería acceder al subsidio de no cumplir con este requisito. De lo contrario, la Argentina va camino a convertirse en una sociedad de clases donde una élite educada mantiene a una clase permanente de desempleados. Un escenario fiscalmente insostenible y éticamente reprochable.
Seis propuestas, algunas muy sencillas de implementar, otras más atrevidas. Llevar a cabo algunas de ellas le permitiría al Gobierno de Mauricio Macri comenzar a revertir una crisis educativa que amenaza con destruir el futuro de nuestro país. Ojalá esta nota contribuya a abrir un sano debate, nuestros chicos se lo merecen.
El autor es rector de la Universidad del CEMA y miembro de la Academia Nacional de Educación. Las opiniones expresadas son personales y no necesariamente representan la opinión de la UCEMA