Bajó brutalmente el empleo y nadie incendió el país

Cuando uno propone como medida fiscal comenzar a reducir el empleo público a nivel nacional, provincial y municipal, es inevitable que el interlocutor responda: ¿y qué hacemos con la gente que queda desocupada? Los más tremendistas suelen argumentar: "No se puede, te incendian el país". De manera que es casi un sacrilegio proponer semejante cosa.

Por ejemplo, si yo publicara en esta nota que habría que reducir en un año el 4% del empleo público consolidado, esto es disminuir en 131.000 puestos de trabajo el empleo público a nivel nacional, provincial y municipal, las acusaciones de neoliberal y cipayo que se leerían en los comentarios debajo de esta nota serían algo liviano. Obviamente que los insultos alcanzarían niveles sustancialmente mayores al de neoliberal, si yo osara poner en esta nota que hay que reducir en 131.000 empleados públicos en un año.

Sin embargo, la realidad es que ese ajuste de empleo ocurrió en menos de un año, con la diferencia de que no fue en el sector público sino que fue en el sector privado.

En efecto, la recesión comenzó en abril de 2018. Si uno compara la evolución del empleo público y del empleo privado en relación de dependencia, se ve que entre marzo y diciembre de 2018  el sector privado perdió 130.700 puestos de trabajo de acuerdo a los datos que acaba de publicar la secretaría de Trabajo, en tanto que el sector público consolidado perdió solo 6.300 puestos.

El cuadro de arriba muestra claramente que en este período de recesión iniciado en abril de 2018 el peso del ajuste estuvo sobre el sector privado en tanto que el sector público lo vio pasar.

Es más, si uno observa la evolución del empleo desde noviembre 2015, último mes completo del kirchnerismo y diciembre de 2018, puede ver que el empleo público creció en estos años y el empleo privado se redujo.

Los datos fríos muestran que entre la Nación, las provincias y los municipios hay 61.300 empleados públicos más que en noviembre de 2015. El sector privado está atrapado entre una sideral tasa de interés que frena la economía y un gigantesco Estado que se traduce en una fenomenal carga tributaria para aquellos que estamos en blanco.

Pero la carga tributaria no es solo nacional, las provincias no se quedan atrás a la hora de castigar al contribuyente. El conocido SIRCREB, es un nefasto invento por el cual las provincias y CABA suponen que cualquier ingreso que alguien tiene en su cuenta bancaria es porque facturó una venta. Esto quiere decir que, sin orden judicial, las provincias y CABA meten la mano en la propiedad privada y se quedan con el porcentaje correspondiente a Ingresos Brutos sin importar si fue una venta o una simple transferencia de fondos entre amigos y familiares. Si mi primo me regala plata y me la acredita en la cuenta corriente, el estado supone que ese ingreso es fruto de una venta y me retiene ingresos brutos. Más delirante no puede ser el sistema.

Pero resulta que a este nefasto SIRCREB se le agrega ahora el SIRTAC, que es el Sistema de Recaudación Sobre Tarjetas de Crédito y Compra. Es decir, si un comercio hace una venta y le pagan con tarjeta de crédito, ahora los estados provinciales decidieron retenerle ingresos brutos, de manera que cuando el comerciante cobre la venta por la tarjeta de crédito ya le habrán retenido el porcentaje correspondiente a ingresos brutos. Paga por anticipado el impuesto.

Todo parece indicar que en Argentina, los políticos desconocen o creen que no funciona la curva de Laffer y piensan que pueden aumentar la carga tributaria indefinidamente sin que la recaudación impositiva se resienta. Es más, parece que no han leído historia y desconocen que en 1215 los barones le impusieron al rey Juan Sin Tierra la Carta Magna por la cual limitaba la presión impositiva entre otros temas, como no encarcelar gente a su antojo. Fue un primer intento por limitar el poder del monarca.

También parecen desconocer el Motín del Té que tuvo lugar en Boston en 1773 cuando los colonos tiraron todo un cargamento de té al mar por el nuevo impuesto que había establecido Inglaterra, dando lugar a la independencia americana. En rigor este impuesto colmó la paciencia de los colonos porque tenía antecedentes como la Stamp Act (1765) y las Townshend Act (1767).

El primero fue un impuesto directo sobre las colonias americanas por la cual Inglaterra requería que la mayoría de los materiales impresos en las colonias se publicara en papel sellado y producido en Londres, era un timbrado con sello fiscal en relieve. La segunda era una serie de actas que establecían algunas regulaciones comerciales y el derecho de Inglaterra de cobrar impuestos a las colonias americanas. Así que cuando llegó el impuesto al té para financiar la guerra de los 7 años se armó el lío.

Por su parte, la Revolución Francesa tuvo, entre otros motivos, la aplicación de altos impuestos que no alcanzaban a ciertos sectores de la nobleza, del clero y otros sectores. La causa de la mayor carga tributaria que derivó en la Revolución Francesa, fuero los mayores gastos que tuvo la corona de Francia cuando ayudó bélicamente a las colonias americanas en la lucha por la independencia.

Los ejemplos podrían seguir, pero le sugeriría a la dirigencia política que si no entienden la curva de Laffer, al menos lean el libro de Charles Adams, For Good and Evil, The Impact of Taxes on the Course of Civilization, en el que analiza las rebeliones fiscales desde el Antiguo Egipto, pasando por la Edad Media, Rusia, Suiza, España, Alemania y, obviamente, Estados Unidos e Inglaterra.

Evidentemente que hoy en día ya no se recurre a la violencia para enfrentar la voracidad fiscal. Ahora existen mecanismos menos violentos como la evasión, mudarse de país para pagar menos impuestos y otras maneras pacíficas de quitarse de encima el peso del estado. ¿O alguien duda que si todavía la gente sobrevive a esta fenomenal carga impositiva es porque una parte importante de la economía opera en negro?

La gran diferencia entre aquellas sangrientas rebeliones fiscales y la actualidad es que, en primer lugar, ahora no son sangrientas y, en segundo lugar, las fenomenales cargas impositivas se derivaban de los gastos militares en que incurrían los monarcas para conquistar territorios. La conquista de nuevos territorios era la forma de tener más poder. Hoy día la fenomenal carga tributaria no es causada, al menos en Argentina, por los gastos militares, sino por otra forma de conquistar el poder: el llamado gasto social. La democracia se ha transformado en una competencia populista repartiendo planes sociales y empleo público a diestra y siniestra para conseguir votos. Esos votos tiene como contrapartida un costo que es el gasto público y ese gasto público hay que financiarlo con impuestos, deuda pública o emisión monetaria.

La deuda sube la tasa de interés y paraliza la economía, la carga tributaria estimula el trabajo informal o directamente el cierre de empresas y la inflación la conocida caída del ingreso real. En Argentina usamos todas estas herramientas.

En síntesis, el "gasto social" y el empleo público, que es la llave para ganar la competencia populista implica transferirle al contribuyente el costo de la campaña electoral. El problema es que cada vez hay menos contribuyentes porque el estado los está matando con impuestos. Así que esta competencia populista va a tener cada vez menos financiamiento en la medida que se vaya agotando el sector privado que es el que genera riqueza y es el que mantiene el negocio de los políticos, el empleo público y los planes sociales.

Tal vez la carga impositiva no derive en una guerra de la independencia como en EEUU o en otra Carta Magna, pero sí puede terminar de transformar a la Argentina en un estado fallido.

Eso sí, que no vengan con que no se puede despedir gente del Estado porque te incendian el país. Los datos muestran que eso no ocurrió. Ya se ve que el sector privado perdió miles de puestos de trabajo en menos de un año y, si bien hay malhumor, nadie incendió el país. La dirigencia política en su conjunto, en nombre de la paz social, solo está terminando de destruir al escaso sector privado que es el que mantiene su negocio político.

Seguí leyendo: