El tratamiento dado en Jujuy a la niña de 12 años embarazada producto de una violación es desgarrador, indignante y, a la vez, una alerta. Expone la crueldad de este sistema que todos los días atenta contra las mujeres, en especial contra las pobres.
Claro que no les importó ninguna vida: querían usar este caso y a esta niña para su campaña ideológica. Quieren demostrar que, con la ayuda inestimable de la jerarquía de las Iglesias, nos derrotaron en el Senado y que ahora van por más, que no pierden un minuto en su reaccionaria militancia contra nuestros derechos, contra el derecho a decidir sobre nuestras vidas, que prefieren los tratos crueles, incluso la muerte, antes que el avance en nuestros reclamos y libertades.
Desde el primer momento la madre y la niña solicitaron la interrupción legal del embarazo, vigente desde 1921 en el Código Penal, siguiendo todos los pasos legales. Pero nada les importó. Las autoridades del Hospital Paterson de San Pedro le negaron el aborto no punible aduciendo que era la Justicia la que debía decidir. Luego la derivaron al Hospital Materno Infantil de la capital jujeña, donde les dijeron a la niña y su madre que la cesárea era el único método viable. El cuerpo médico, el Ministerio de Salud y el Gobierno de Gerardo Morales, apoyados por grupos fundamentalistas, violaron toda legislación vigente para impedir el aborto no punible para la niña jujeña.
Con el repudio del movimiento de mujeres y todo el país, Morales y su ministro de Salud, Gustavo Bouhid, están pagando un alto costo político por haber mentido descaradamente al afirmar que dieron cumplimiento a la interrupción legal del embarazo y, a la vez, lograron "salvar las dos vidas". Quedó claro que con este experimento perverso pretendían sentar un precedente que avasalla un derecho vigente desde 1921. La madre de la niña y el movimiento de mujeres de Jujuy y en todo el país reclaman la destitución del ministro de Salud por comprometer la privacidad de la niña, forzarla a parir por cesárea e incumplir deliberadamente con el acceso a la ILE.
No nos equivocamos cuando decimos que si tocan a una, tocan a todas. Nada de esto es una casualidad. Los hechos de Jujuy son un nuevo y claro intento de atacar al movimiento de mujeres de conjunto, esa fuerza con la que el año pasado emergimos por millones para reclamar el derecho al aborto, legal, seguro y gratuito. Intentan aleccionarnos. Por eso no cabe otra respuesta que la organización y la lucha en las calles.
Pero tampoco es casual el escenario: este ataque ocurrió en una provincia bajo un régimen policial cada vez más grave. La Jujuy del radical oficialista Gerardo Morales es el laboratorio de los ataques a las libertades democráticas del Gobierno nacional. Sectores de trabajadores, la oposición, la juventud y los pueblos originarios pueden dar fe de ello.
Esa es la Jujuy cogobernada por Cambiemos y Sergio Massa (a través del vicegobernador), un "imperio" de terratenientes, empresarios y sectores antiderechos.
Con mis compañeras de Pan y Rosas y el Frente de Izquierda vamos a acompañar la movilización que prepara desde Jujuy para el 1° de febrero contra este caso escandaloso. No podemos permitir que lo transformen en un caso testigo para atacar nuestros derechos.
Vamos a seguir reclamando la efectiva implementación del aborto no punible en los casos estipulados por la ley y redoblando la pelea por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Seguimos movilizándonos y organizándonos: cuando se trata de derechos tan urgentes, el tiempo es ahora. El 8 de marzo tenemos el gran desafío de ser miles y miles en las calles, poniendo este gran movimiento al servicio de la pelea por nuestros derechos y contra el ajuste, que cae con mayor fuerza sobre las mujeres. En un año en que, con fines electorales, muchos querrán usar la "agenda feminista", incluso teniendo como aliados a sectores conservadores y antiderechos, más que nunca hay que agrupar fuerzas y luchar: porque vivas nos queremos; por aborto, legal, seguro y gratuito.