Denuncia de abortos: una iniciativa que desinforma

Nota escrita en coautoría con Florencia Goldsman

Fueron millones las personas que se movilizaron entre marzo y agosto de este año, meses en que se debatió en el Congreso de la Nación la ley de interrupción voluntaria del embarazo. La marea verde revitalizó el nexo entre representantes y representados e hizo lugar a cuestionamientos de políticas públicas integrales, como la necesidad del cumplimiento de la ley nacional de educación sexual y del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable en las escuelas y los centros de salud de todo el territorio nacional; así como se denunciaron las vulneraciones al derecho en la falta de acceso de mujeres y personas con capacidad de gestar a las interrupciones legales del embarazo por las causales salud o violencia sexual.

El apoyo a la sanción generó una renovación en la forma de peticionar leyes ante el Poder Legislativo. La exigencia de aborto legal fue, además de intergeneracional, interdisciplinaria, interpartidaria y alcanzó la atención en espacios inimaginados. Logró que se hable de una extensión de ciudadanía para dejar atrás la problemática de la ilegalidad dialogando con todos los sectores sociales como lo que es: un asunto público.

Sin embargo, al rechazo del Senado, por muy pocos votos de diferencia y con la movilización pro elección más grande de la historia argentina, y la no solución de la inseguridad y la criminalización de los abortos clandestinos en el país, le siguieron las agresiones físicas y verbales, las amenazas presenciales y virtuales y el intento de persecución a mujeres que deciden abortar y a activistas de derechos humanos que brindan información, de parte de grupos antiderechos que parecían estar agazapados y esperando en las sombras.

Ejemplo de este intento es la apertura y difusión de la plataforma virtual de denuncias de la Fundación +Vida, con el objetivo de "confeccionar un mapa del delito del aborto".

Por encima de las leyes

"El flagelo del aborto es la más evitable causa de muerte, y además la más cruel e injusta porque junto con el daño, y muchas veces la muerte de la madre, muere un niño indefenso que solo quería nacer". Este es el texto con el que integrantes de esta fundación alientan a denunciar a mujeres desamparadas por el Estado argentino, pretendiendo convertirlas en criminales situándose por encima de las leyes y los cargos del funcionariado judicial público.

La plataforma, además de amedrentar a las personas que deciden interrumpir una gestación, confunde y desinforma a la población en general. Sostiene que el aborto siempre genera "daño y muerte", contradiciendo no solo recomendaciones de organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS), que ha determinado formas de aborto seguro, sino también informes de países donde el aborto es política de salud pública, lo que ha demostrado la efectividad de la legalidad en la reducción a cero de la mortalidad en gestantes, como, por ejemplo, en Uruguay.

"Si vos conocés o te enterás de algún lugar, sea clínica o simplemente una vivienda donde realizan abortos o donde te informan de cómo realizarlo, denuncialo", se alienta. "Si conocés de alguna farmacia, o algún sitio particular que venda misoprostol u otra droga abortiva, denuncialo", agrega. La iniciativa antiderechos convierte a las víctimas en victimarias al sostener que el aborto es un delito comparable con el homicidio y convierte en virtuales jueces y policías a las y los ciudadanos, alentando a denunciar a las virtuales condenadas. "El aborto siempre es mortal, sea legal o ilegal, y por eso debemos combatirlo siempre, independientemente de la legislación vigente", dice en otro pasaje el texto que insta a la denuncia.

Queda claro, no importa la ley vigente, el debate institucional o la despenalización social que generó el consenso alrededor de la demanda de despenalización y legalización del aborto. Para la Fundación +Vida, al igual que otros grupos que se hacen llamar "pro vida", el objetivo es terminar con la solidaridad y la empatía que durante décadas generó el movimiento feminista. Por más de que los grupos antiderechos insistan, el aborto es legal en Argentina por tres causales señaladas en el Código Penal: es legal por la causal de violación, por la inviabilidad de los embarazos, cuando corre riesgo la vida y la salud de las mujeres en el sentido amplio como lo define la OMS, tanto físico como emocional.

Cuidar la identidad digital

En el marco de los debates actuales, como el del acceso al derecho al aborto, el flujo de informaciones que circula en internet se vuelve un núcleo privilegiado de monitoreo de la ciudadanía global en sus posiciones y opiniones. A la ciudadanía se nos monitorea con distintos objetivos, a saber: comerciales, publicitarios, administrativos, securitarios, afectivos. Es innegable que nuestras acciones cotidianas se tornan cada vez más sujetas a registro, análisis y clasificación.

En América Latina y el Caribe (LAC) la salud y los derechos sexuales y reproductivos (SDSR) están bajo ataque. Las personas que trabajan para permitir el acceso de las mujeres a abortos seguros también están siendo perseguidas. Las tecnologías de la información y comunicación (TIC), incluyendo las tecnologías digitales, así como las analógicas, e internet son centrales para organizar y documentar el trabajo de los activistas para defender la SDSR, apoyar a las mujeres que buscan abortos seguros y contrarrestar los sentimientos de soledad y aislamiento que enfrentan las personas estigmatizadas por elegir el aborto o trabajar a su favor.

En épocas de manifestaciones en línea, así como de actos de solidaridad digital que tienen impacto en el mundo de carne y hueso, las expresiones de odio también crecen y se manifiestan abiertamente. Especialistas en seguridad digital recomiendan estar alertas a las prácticas de mapeo como las elaboradas por los grupos que dicen "defender la vida", debido a que la recolección de información personal de redes de socorristas y colaboradoras en el acceso al aborto seguro puede ser utilizado a través de ataques de doxing (significa divulgación de datos personales como domicilio, revelación de datos financieros o teléfonos privados). Los ataques de doxing pueden derivar directamente en ataques físicos, así como en actos de difamación y aumento del discurso de odio. Por tanto, se deben observar estas prácticas con atención y denunciarlas como formas de ataque y persecución a las personas en su libre voluntad de asociarse y vincularse voluntariamente a una causa, en este caso: la de la despenalización social del aborto.

En este contexto, se hace necesario volver a reflexionar sobre el valor del anonimato y las identidades digitales, de manera de resguardarse en un entorno digital que cada vez más se presta para la propagación de amenazas y discursos nocivos. En épocas de datificación de nuestras vidas y cruzamiento masivo de datos personales, resulta importante resguardarse. Una buena ayuda es concebir las identidades que generamos en internet, en cada red social, con cada nickname y cada avatar que elegimos para propagar información. Para esto debemos evaluar maneras más apropiadas de evaluar el contexto, los riesgos, los marcos legales de cada país y el nivel de exposición al que queremos comprometernos a través de internet.

Las investigadoras Alex Haché y Mayeli Sánchez Martínez, por último, señalan, en su estudio Cuerpos de mujeres en campos de batallas digitales: "La mayoría de las activistas entrevistadas se sienten obligadas a compaginar una persona en línea visible, y perciben el anonimato como incompatible con su activismo". El mismo estudio concluye que internet es una herramienta estratégica para seguir brindando apoyo a las mujeres cuando el apoyo directo o cara a cara son demasiado arriesgados y someten las activistas a amenazas físicas o psicológicas. Sin embargo, las formas de organización en los espacios digitales exponen a las activistas y a sus redes a nuevos riesgos y vulnerabilidades donde la falta de acceso a recursos de seguridad integral socava su capacidad de adoptar colectivamente prácticas seguras.

La agenda de género y sexualidad están bajo ataque. Esto no es nuevo y está sucediendo en toda América Latina. Responde a algunos avances visibles sobre la agenda LGBT, en especial relativa al casamiento igualitario, las leyes de identidad de género y el avance en el debate público del derecho al aborto. Son cuestiones de índole política en las que las fuerzas conservadoras y religiosas, aunque no exclusivamente, se colocan en un lugar central de la disputa, pujando hacia la restauración de un status quo conservador.