Que el nuevo llamado al paro docente en la provincia de Buenos Aires, convocado por el Frente de Unidad Gremial, haya sido por 48 horas, no es lo más grave. Inclusive que ya totalicen 25 los días en los cuales los alumnos de la provincia no tuvieron clases tampoco es lo más preocupante. Lo verdaderamente trágico en esta nueva convocatoria es que el cese de actividades impidió desarrollar el Operativo Aprender, calendarizado hace tiempo para el jueves 18 de octubre pasado. Es un paro pensado perversamente para lastimar en donde más duele, impidiendo medir la evolución de los aprendizajes de los alumnos de la provincia, principalmente de aquellos "caídos" en la escuela de gestión estatal.
Los dirigentes gremiales creerán, desde la mediocridad de su pensamiento y desde su total falta de imaginación (o patriotismo, o responsabilidad), que con esta acción joroban el ministro jurisdiccional, o a la gobernadora María Eugenia Vidal o, en algún punto, al Gobierno nacional. Se equivocan. Todos ellos son actores circunstanciales y secundarios de una película que tiene como protagonistas centrales y, por lo tanto, perjudicados directos, a los niños de edad escolar. Ellos pierden, a ellos les estamos cercenando el futuro, frente a ellos los dirigentes gremiales se están riendo, aun cuando aparezcan en conferencias de prensa con caras largas y ceños fruncidos.
Y mientras los aprendices se opacan, los padres quedan maniatados e indefensos y la sociedad enceguece. No relevar los aprendizajes nos coloca como sociedad en una peligrosa condición de oscuridad, allanando el terreno para que el debate educativo sea, en el mejor de los casos, un desordenado barullo en donde las opiniones se impongan sobre los datos, y los estados de ánimo sobre las argumentaciones. ¿Este ocultamiento de evidencias acaso no sería caratulado como delito bajo otras circunstancias?
Usted creerá que el origen de este reclamo es el salario, o las condiciones de trabajo, o eventualmente la falta de empatía con el Gobierno de Vidal o con la ideología de sus iniciativas en la cartera educativa. Pues no, el origen es anterior y más estructural: los gremios y una buena parte de los trabajadores de la educación creen que el sistema educativo les pertenece. Sienten que son dueños de las escuelas de gestión estatal, y que de alguna manera son los garantes de su funcionamiento. Esto lo leí con sorpresa en un escrito de Cecilia Martínez, hoy vocal pero antes secretaria adjunta de Suteba, el gremio liderado por Baradel. En un mensaje cargado de odio enviado a docentes de otra jurisdicción educativa, Martínez sostenía: "Nosotros seguiremos en las aulas y las calles. Porque las aulas y las calles nos pertenecen, y en ellas no hay lugar para los miserables". Me pregunto, ¿cómo se puede dialogar con una persona o con una institución que se arroga, literalmente, el derecho de propiedad de lo que es público?
"Los docentes y sus representantes gremiales son mentores y modelos de conducta para sus alumnos y aprendices. Ellos influencian las mentes de los jóvenes e inculcan valores sociales y morales a través de sus palabras y acciones, dentro y fuera del aula". Esto se lee en el sitio web del Ministerio de Educación de un país que, sin duda, no somos nosotros. ¿Por dónde comenzar a dialogar con nuestros docentes y representantes cuando se naturaliza la violencia, el desprecio y el robo? ¿Cómo que las aulas les pertenecen?
Alguien, algún día, deberá dirimir sobre la jerarquía de dos derechos constitucionales que, por estar empatados, entran en conflicto, que son el derecho a aprender (artículo 14 de la Constitución Nacional) y el derecho a huelga (artículo 14 bis de la Constitución Nacional). Mientras ello no ocurra, quienes asistan por derecho a la escuela, en especial a aquella de gestión estatal, quedarán rehenes de las arbitrariedades y las torpezas de los supuestos dueños del sistema
Rehenes de los malos dirigentes gremiales, prisioneros de aprendizajes mediocres y víctimas de un país sin porvenir. ¿Hasta cuándo?
El autor es presidente de la Asociación Civil Educación 137.