La Corte Penal Internacional (CPI) fue establecida por un tratado internacional, el Estatuto de Roma, entró en vigor el 1º de julio de 2002. Son parte 123 países de los cinco continentes, dentro de los cuales está Argentina.
Se trata de un tribunal internacional de Justicia permanente que tiene por misión principal juzgar los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional, a saber: genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, entre otros.
La CPI está integrada por 18 magistrados elegidos por nueve años por la Asamblea de los Estados parte, y asignados a las Salas de cuestiones preliminares, a las Salas de Juicio y a la Sala de Apelaciones.
La CPI tiene un presidente, un fiscal y un secretario. Actúan 800 funcionarios provenientes de 100 Estados. Hay seis idiomas oficiales: árabe, chino, español, francés, inglés y ruso. Hay dos idiomas de trabajo: francés e inglés. La sede de la CPI es La Haya (Países Bajos).
El presupuesto para el 2018 fue de 147 millones de euros.
Ante la CPI, la fiscalía está tramitando 11 investigaciones, sobre la situación en distintos países, básicamente de África. La fiscalía también monitores mediante exámenes preliminares de Asia y Sudamérica (Colombia y Venezuela).
Desde la CPI han emanado más de treinta órdenes de detención, incluso hay personas detenidas. Veintiséis casos se encuentran ante la CPI.
La CPI depende de la cooperación de Estados y organizaciones internacionales.
Es el mundo globalizado el que en definitiva determina la creación de estos tribunales internacionales y principios tales como jurisdicción universal e imprescriptibilidad (incluidos en el anteproyecto del Código Penal Argentino próximo a enviar al Congreso Nacional) son los que fortalecen la justicia mundial.
El autor es juez de la Cámara Federal Casación Penal. Presidente de la Comisión de Reforma del Código Penal.