Entre las consignas más usadas por el totalitarismo castrista hay que distinguir dos de carácter internacional: no intervención y autodeterminación de los pueblos, un reclamo al que recurren con particular vehemencia los tiranos, que acostumbran demandar respeto a la soberanía de sus gobiernos para cometer sus crímenes en total impunidad.
Cierto que cada pueblo tiene derecho a elegir a sus gobernantes y el sistema de gobierno que le apetezca, un derecho natural que reconocen la Organización de Estados Americanos (OEA) y la mayoría de los organismos internacionales, particularidad que debería ser compensada con la institucionalización y la puesta en práctica del principio de salvaguardar los derechos humanos de los ciudadanos a los que les han sido conculcados.
Sin dudas que la no intervención es una doctrina importante para la convivencia de las personas y en particular de las naciones, sin embargo, no debe ser acatada ciegamente sin antes tener información que avale la decisión a tomar, porque un error significa complicidad.
La verdad debe ser el determinante de las conductas cuando se está comprometido con la Justicia. La no intervención es un principio sagrado cuando la democracia y la voluntad popular señorean un país, al igual que la práctica electoral debe ser la vía para cambiar un gobierno que respeta las normas democráticas. No obstante, si no hay democracia, al oprimido le asiste el derecho a la rebelión, al igual que el vecino debe cruzar la cerca para proteger a los indefensos que padecen a su sombra.
La historia está cargada de acontecimientos en los que los opresores de sus pueblos, envalentonados por la impunidad, se transforman en agresores de sus vecindarios. Rafael Leónidas Trujillo atentó contra la vida de Rómulo Betancourt, Fidel Castro intentó destruir todas las democracias del hemisferio incluido Estados Unidos, y Adolfo Hitler y José Stalin le declararon la guerra al mundo a la vez que masacraban a sus ciudadanos.
No es prudente respetar doctrinas que permiten a los depredadores nutrirse con la sangre de sus víctimas. Lo que viene ocurriendo en Cuba hace casi sesenta años demanda una solidaridad activa con un pueblo que ha demostrado su deseo de ser libre. Tampoco es moral aceptar la debacle que padecen los venezolanos en aras de acuerdos que solo prestan servicios a los criminales.
La penosa situación de Cuba, Venezuela y Nicaragua demanda la participación de las democracias del hemisferio. No es prudente permitir la proliferación de un mal cuando existe la posibilidad de ser martirizado. El continente debería reaccionar a la maldad de forma multilateral, actuando de común acuerdo y execrando a los países que no participen en la solución del problema que ocupa.
Las naciones cuentan con numerosos recursos para disciplinar a un gobierno facineroso sin llegar a la violencia, como fueron los casos de las acciones tomadas contra el régimen de Pretoria por su política de Apartheid y la creación de la Corte Penal Internacional. Pero, aun en casos extremos en los que la gestión diplomática o cívica es insuficiente, la intervención por razones humanitarias debería ser obligatoria cuando un gobierno quebranta masivamente los derechos de sus ciudadanos, ocasionando una peligrosa crisis humanitaria tal y como ocurre en Venezuela, cuya situación pone en riegos la estabilidad política del hemisferio. Como hizo la dictadura de los Castro durante los éxodos de Camarioca (1965), El Mariel (1980) y la crisis de los Balseros (1994), solo que la mayoría de los dirigentes de la época eligieron no ver ni escuchar lo que ocurría en Cuba.
Para bien de los oprimidos en los últimos años se han fortalecido organizaciones no gubernamentales que violentan de diferentes maneras las fronteras nacionales, divulgando la realidad de países en conflicto, a la vez que ayudan a los perseguidos, labor que a veces se contamina por los intereses y las ideologías de algunos de sus funcionarios, pero a la larga favorece a las víctimas.
Hasta la imperfecta Fuerzas de Paz de Naciones Unidas, con sus muchos errores, ha cumplido misiones importantes a favor de los sometidos, una entidad a tener en cuenta para resolver las crisis humanitarias que nos azotan.