Por más que Nicolás Maduro y su círculo de poder se esfuercen en negarlo, el colapso institucional, económico y humanitario de Venezuela traspasa todo límite tolerable. No en vano se estima que 2,3 millones de venezolanos han abandonado el país escapando del desastre. Los datos hablan por sí solos. Las malas decisiones del régimen han destruido el aparato productivo y llevando al país a la hiperinflación. El FMI estima que esta llegará a un millón por ciento al cierre del año, mientras que el PBI nacional habrá caído a casi la mitad respecto de 2013.
La escasez de alimentos y medicinas azota a la población, excepto a una élite de pocos miles cercanos al poder. Las cifras son alarmantes: se estima que el número de venezolanos infra-alimentados llega a los 3,7 millones y que 55% de los niños menores de cinco años sufre malnutrición. Así las cosas, Cáritas estima que 300 mil personas mueren de hambre en el país cada año.
A pesar de los ofrecimientos internacionales, el régimen siempre se opuso a recibir ayuda humanitaria para paliar la situación.
A medida que el chavismo se consolidaba en el poder, Venezuela se fue transformando en un Estado totalitario, sin ley y sin libertad, donde funcionarios civiles y militares comandan bandas dedicadas al narcotráfico y a otras formas de crimen organizado, como el Cártel de los Soles. Hoy se estima que el 60% de la droga que se produce en Colombia se exporta vía Venezuela.
Asimismo, a través de sus relaciones estrechas con Irán y otros países de Medio Oriente, el país se ha convertido en puerta de entrada del terrorismo islámico de Hezbollah y Hamas en América Latina, lo que representa una amenaza de índole regional.
La injerencia del castrismo desde el inicio del Gobierno de Hugo Chávez ha sido tal que muchos consideran a Venezuela como un país ocupado por el ejército cubano, con la presencia de más de veinte mil efectivos ubicados en cargos estratégicos, de inteligencia y como entrenadores de los llamados colectivos que controlan a la población. La intimidación y la persecución feroz han llevado en los últimos años a 15 mil detenciones arbitrarias y 280 mil muertes violentas. En este sentido, el reciente informe de Amnesty International indica que, entre 2015 y mediados de 2017, tuvieron lugar 8200 ejecuciones extrajudiciales.
En paralelo, la situación institucional se ha deteriorado a tal punto que órganos de gobierno legítimos como la Asamblea Nacional, hoy de carácter opositor, han sido reducidos a la irrelevancia o funcionan en el exilio como el Tribunal Superior de Justicia. Tales instituciones han sido reemplazadas por sucedáneos, obviamente funcionales al régimen.
En vista de la dramática situación, una posible intervención internacional humanitaria gana adeptos día a día, dentro y fuera de Venezuela. Los muchos defensores de esta posibilidad argumentan que la vía democrática está agotada y que la resistencia civil y militar en el país no puede sola contra un régimen que ha robado a los venezolanos el presente y el futuro, la vida, la esperanza y los sueños.
En esa línea se han alzado voces como la del secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien semanas atrás, desde Cúcuta, un punto candente de la frontera entre Colombia y Venezuela, dejó la puerta abierta a una intervención militar dentro del marco de la legalidad. Donald Trump hizo lo propio en su reciente paso por la Asamblea General de las Naciones Unidas, como antes lo habían hecho el senador Marco Rubio y otros altos funcionarios de los Estados Unidos. El presidente de Colombia, Iván Duque, también se mostró abierto a la posibilidad de una acción colectiva y no unilateral. Una de las voces más firmes en esa línea ha sido la del ex alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, ferviente activista por la vuelta a la institucionalidad de Venezuela.
Con una visión contrapuesta, 11 de los 14 países del Grupo de Lima expresaron "preocupación y rechazo ante cualquier curso de acción o declaración que implique una intervención militar o el ejercicio de la violencia, la amenaza o el uso de la fuerza". A su vez, reafirmaron "su compromiso para contribuir a la restauración de la democracia en Venezuela y a la superación de la grave crisis política, económica, social y humanitaria que atraviesa ese país, a través de una salida pacífica y negociada".
Admitiendo que la salida para Venezuela es que Maduro, sus adláteres y aliados externos abandonen el poder, cabe preguntarse si resulta realista pensar que una dictadura de tales características se avendría a retirarse en forma pacífica y negociada, como propone la declaración del Grupo de Lima. Lamentablemente, las experiencias históricas ponen en duda esta hipótesis.
Las violaciones a los derechos humanos y a las libertades individuales en Venezuela han quedado debidamente documentadas en informes de organismos multilaterales tal el de la OEA y el del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Naciones Unidas. Sobre estas bases fácticas se sustentó la reciente remisión de la situación de Venezuela ante la Corte Penal Internacional por parte de seis Estados: Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú.
Los que sostienen la postura de una intervención internacional humanitaria resaltan, como lo han hecho Almagro y Ledezma, la necesidad de aplicación de la doctrina de la responsabilidad de proteger. Tal doctrina, que fue aprobada por consenso en la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas de 2005, plantea un compromiso político global que busca prevenir genocidios, crímenes de guerra, depuración étnica y crímenes de lesa humanidad.
La aplicación de la responsabilidad de proteger en el marco de la ONU habilita a los Estados a actuar colectivamente interviniendo en un país, de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, cuando las autoridades nacionales fallan en el cometido de proteger a su población de la violencia sistemática y la persecución, o bien la generan.
Conceptualmente, cuando se han agotado todos los medios pacíficos, la comunidad internacional, a través del Consejo de Seguridad, puede ordenar el uso de la fuerza. Esto implica en la práctica el consenso entre los cinco miembros permanentes con derecho a veto, Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido y Francia. Tal acuerdo difícilmente se logre en el caso de Venezuela, con aliados como Rusia, su principal proveedor de armas y China, su principal acreedor externo.
La responsabilidad de proteger es un concepto que genera fuertes controversias. Se lo contrapone con el principio de no intervención en aras de la preservación de la soberanía de una nación. Sin embargo, el secretario general de la ONU, Kofi Annan, expresó: "Si una intervención humanitaria es un asalto a la soberanía, cómo se debe responder a las groseras y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, que ofenden nuestra percepción de humanidad".
La ilegitimidad de la elección de Maduro de 2013, y consecuentemente de su presidencia, que fuera dictada por un fallo del Tribunal Superior de Justicia en el exilio, abre una segunda opción legal de intervención que no requiere el mandato del Consejo de Seguridad de la ONU. En efecto, los órganos legítimos de Venezuela cuentan con sobrados elementos como para destituir a Maduro y nombrar un gobierno, un nuevo gobierno legítimo, dentro o fuera del país, con reconocimiento internacional, que podría requerir asistencia externa para restaurar el orden constitucional y también aceptar la imprescindible ayuda humanitaria.
Aunque la posibilidad de intervención humanitaria dentro del marco de la legalidad está abierta, es claro que los Estados de la región han optado hasta ahora por la vía de la denuncia ante la Corte Penal Internacional. Tal actitud se puede explicar por las experiencias adversas de ciertas intervenciones del pasado en las que argumentos humanitarios encubrieron intereses de poder o económicos de algunos de los actores clave.
Sin embargo, debemos preguntarnos si los millones de personas sufrientes en Venezuela pueden esperar los tiempos que marcan los procedimientos en la Corte, que se miden por años. Y si resultara en una condena de Maduro, cuáles son los mecanismos que permiten en la práctica detener tales crímenes. Casos como el del dictador de Sudán, Omar al Bashir, que continúa en el poder aún con órdenes de arresto emitidas por la Corte, abren dudas acerca de la efectividad para resolver la situación de los países afectados. En las tragedias humanitarias cabe reflexionar que los tiempos del hambre y la enfermedad no son los tiempos de la ley.
Como conclusión, la intervención internacional humanitaria bajo la responsabilidad de proteger puede realizarse en el marco de la legalidad, teniendo en cuenta las consideraciones planteadas. Si se realizara en forma colectiva y no unilateral, con objetivos claros y espíritu de reconstrucción democrática, permitiría detener en plazos cortos el genocidio en cámara lenta que hoy vive Venezuela y del mismo modo se avanzaría hacia una rápida vuelta a la institucionalidad.
Por otra parte, un dictamen en contra del régimen de Maduro en la Corte Penal Internacional llevaría una condena moral y a la asignación concreta de responsabilidades a los causantes de la tragedia.
La crisis venezolana ha llegado a un punto tan crítico que todos los caminos planteados son dolorosos y requieren de un gran coraje y sacrificio por parte de los venezolanos en Venezuela, de sus compatriotas en el exterior y de la comunidad internacional, todos orientados hacia un mismo fin.
La gravedad de la situación demanda decisiones concretas y firmes con la mayor celeridad posible, ya que cualquier demora representa hoy la dolorosa e inaceptable pérdida de incontables vidas.
La autora es presidente de la Fundación NPSGlobal, secretaria de la Red de Líderes de América Latina y el Caribe.