El sugestivo cambio del Gobierno: ahora no quiere que Cristina Kirchner vaya presa

"Estos son mis principios. Si no le gustan tengo otros", la célebre máxima de Groucho Marx, el líder de los comediantes que fueron los niños mimados de Hollywood en la década del treinta parece calzarle justo al Gobierno por su cambiante postura frente a la prisión preventiva. Pasaron de elogiar este instituto del Derecho Procesal Penal a impulsar modificaciones en la norma ritual para morigerarlo.

Quien instaló el tema fue el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, que afirmó en una entrevista radial que "nunca es bueno que se pida la detención o se detenga preventivamente a un ex presidente". Y al referirse a la causa de los cuadernos en la que está procesada con prisión preventiva Cristina Kirchner señaló "no hay elementos para pensar que pueda fugarse o entorpecer la causa."

Las declaraciones del titular de la cartera de Justicia fueron suficientes para provocar la reacción de la socia fundadora de Cambiemos, Elisa Carrió que junto a su tropa de la Coalición Cívica comenzó a cavar trincheras ante la inminencia de un enfrentamiento con Garavano.

Ni el observador menos avispado puede creer que las declaraciones del ministro de Justicia fueron hechas por descuido, mucho menos que se deban a un error de interpretación como trató de explicar luego el funcionario o a una pelea personal con Elisa Carrió. Nada de eso, es la primera manifestación clara y contundente de un cambio de posición del gobierno respecto de las prisiones preventivas en general y de la situación procesal de Cristina Fernández de Kirchner en particular.

Vale la pena hacer un breve repaso de cómo fue variando la postura de la administración Macri con relación a esta cuestión. Durante los años 2016 y 2017 el gobierno invitó a Sergio Moro, el juez de la Operación Lava Jato en varias oportunidades y apoyó la posición del magistrado brasileño sobre la eficacia de la prisión preventiva y la figura del arrepentido en la lucha contra la corrupción. Además, para reforzar aún más la senda que parecía haber tomado el gobierno macrista en pos de terminar con la corrupción invitó al fiscal italiano Antonio Di Pietro que encabezó el proceso "Mani Pulite" en Italia. No quedó ahí el impulso oficialista al combate de la corrupción sino que organizó congresos en los que promocionó la figura del arrepentido y las prisiones preventivas.

Cuando el juez Martín Irurzun escribió en sus resoluciones su opinión sobre la detención preventiva creando la doctrina que popularmente se bautizó con su nombre y que permitió encarcelar a quienes protagonizaron los más escandalosos casos de sobornos, corrupción y lavado de activos durante la década kirchnerista, en el gobierno hubo festejos. También celebró las detenciones de Ricardo Jaime, Lázaro Báez, Julio De Vido, el contador Víctor Manzanares y otros tantos ex funcionarios y empresarios amigos del gobierno kirchnerista.

Desde la actual administración se insistió con la necesidad del desafuero de Cristina Fernández de Kirchner, la multiprocesada ex presidente. Asimismo, la Casa Rosada impulsó la sanción de una ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas conocida también como responsabilidad penal empresaria.

Sin embargo, algo ocurrió para que el macrismo diera un viraje de 180 grados y comenzara a desandar el derrotero que alimentaba la ilusión de los ciudadanos que creían que por fin -y de una vez por todas- los corruptos iban a pagar por sus tropelías y terminarían tras las rejas. En el gobierno ya no se habla del juez Moro ni del fiscal Di Pietro, ni siquiera estarían dispuestos a invitarlos pese a que hubo varios intentos de diversas asociaciones para traerlos otra vez a la Argentina.

El destacado abogado Ricardo Gil Lavedra se manifestó en contra de las prisiones preventivas. Es llamativo, sobre todo, tratándose de alguien cercano a este gobierno, que está contratado por una importante suma de dinero para llevar adelante el programa Justicia 2020 de la cartera que dirige Garavano. Pocas horas después de las expresiones de Gil Lavedra se pronunció en el mismo sentido el Ministro de Justicia. Casualidad o el primer paso para instalar el debate y poner en duda la legalidad y eficacia de las prisiones preventivas.

Tampoco sería del agrado del actual gobierno la llamada "doctrina Irurzun" que es rechazada a tal punto que ya estarían en marcha los primeros movimientos para desplazar al camarista. La presión sobre el magistrado se la hizo sentir "Pepin" Rodríguez Simon, el operador judicial del gobierno al "filtrar" una foto de una reunión que mantuvo con Irurzun, hecho que bien podría interpretarse como una velada amenaza al juez.  

La jugada del gobierno sobre la Justicia no se quedó ahí. Habría ordenado el traslado de dos jueces cercanos,  Bertuzzi y Bruglia, a la Cámara Federal. La misma Cámara había opinado que no correspondía porque no tiene sentido trasladar a un juez cuando está muy avanzado el concurso para cubrir esos cargos. No obstante, el traslado se produjo contra esa opinión y ambos magistrados tendrían la intención de desplazar de la presidencia a Martín Irurzun. Esta circunstancia es de suma relevancia ya que esa Cámara es la que decidirá sobre las excarcelaciones de los imputados por corrupción que están detenidos.

El gobierno también estaría intentando dominar la Cámara Electoral, en la que está por ubicar a un tercer miembro. La posibilidad de influir en este tribunal no es una cuestión menor ya que se trata de los jueces que decidirán si alguien que está procesado puede o no ser habilitado como candidato, esto abarcaría especialmente a Cristina Kirchner. La absolución de Carlos Menem en la causa armas decidida por la Cámara Federal de Casación Penal se dictó luego del traslado a ese tribunal de Carlos Mahiques, un juez propuesto por el gobierno.

En cuanto a la ley de responsabilidad penal empresaria, desde el oficialismo se estaría impulsando una iniciativa para separar a las empresas de los empresarios. Mera coincidencia o no, los hechos enumerados muestran a las claras un cambio en el gobierno que se produce justo en el momento en el que el juez federal Claudio Bonadio decidió la situación procesal de Angelo Calcaterra.

En cuanto a los intentos por morigerar el complicado panorama judicial de Cristina Fernández de Kirchner pueden hallar explicación en la cercanía de las elecciones y la necesidad del gobierno de elegirla como rival en los próximos comicios. La gran duda que plantea todo este brusco cambio de rumbo del gobierno en la lucha contra la corrupción es si alguna vez tuvo visos de seriedad o sólo persiguió propósitos electorales.