En estos últimos días mucho se habló, y con mala intención, sobre un supuesto recorte de las pensiones por invalidez laboral. Hablo de mala intención porque los que denuncian saben bien que la resolución n° 268/18 de la Agencia Nacional de Discapacidad no se trata de un recorte sino de un cruce de información entre la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Este cruce de datos arrojó como resultado que, sobre una base de 1.050.000 pensiones no laborales, se estén revisando 9 mil casos que figuran como personas que cobran pensiones graciables por incapacidad laboral, pero a la vez aparecen cobrando sueldos o jubilaciones. Es un procedimiento para aclarar documentadamente cuál es su situación. O son incapacitados para trabajar o trabajan en relación de dependencia o están jubilados.
La Agencia Nacional de Discapacidad empezó la semana pasada con este proceso para notificar a algunos beneficiarios de la pensión por invalidez laboral, que, según los registros oficiales, tienen algún tipo de incompatibilidad.
Por eso, antes denuncias irresponsables, vale aclarar que la pensión por invalidez tiene un doble requisito para los beneficiarios: el primero es tener una discapacidad que les impida trabajar y el segundo, estar en una situación de vulnerabilidad social.
Pero muchas veces surgen incompatibilidades, algunas frecuentes como: beneficiarios que no residen en el país, beneficiarios que no se han presentado a cobrar la pensión durante los últimos tres meses, beneficiarios que cuentan con un trabajo registrado, beneficiarios que reciben otro beneficio del Estado.
Para evitar este tipo de incompatibilidades, que se potenciaron en los últimos años de kirchnerismo, cuando el Estado pasó a de otorgar 170 mil pensiones por invalidez laboral a más de un millón en 2015, y ordenar la situación, la agencia está notificando a estas personas que se acerquen a una unidad de atención integral (UDAI) de Anses. Se revisará la situación de cada caso en particular.
Este proceso no implica de por sí ninguna baja. Quienes aclaren su situación continuarán recibiendo la pensión como hasta ahora. En caso contrario, la pensión sí será dada de baja por incompatibilidad de acuerdo con el proceso administrativo correspondiente.
Por eso, reiteramos, no se trata de recorte indiscriminado, sino solo basta leer la resolución publicada, que lo único que hace es establecer el circuito para que los beneficiarios puedan reclamar su caso.
Basta observar el padrón de beneficiarios que indica, de manera clara, que actualmente hay aproximadamente 1.048.000 beneficiarios de pensiones por invalidez, un número que se mantiene estable desde diciembre de 2015, con una rotación del 10% entre altas y bajas.
No se hace política mintiendo, pero casualmente los que mienten son los mismos que, intencionalmente y favoreciendo el clientelismo político, generaron situaciones que la misma norma que beneficia aclara que no deben ser permitidas.
La autora es diputada nacional (Cambiemos).
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