El Fondo Monetario impuso un doble ajuste que agrava la recesión

Antes de aceptar las condiciones del segundo crédito stand by del Fondo Monetario Internacional, el Gobierno ya había presentado a través del proyecto de Presupuesto 2019 un brusco ajuste que plantea reducir el déficit fiscal primario de 2,6 por ciento a cero. Su idea es concretarlo mediante el aumento de tarifas y la consecuente disminución de subsidios, el recorte en obra pública, el traslado de determinados gastos a provincias y la aplicación de retenciones. Si a semejante contracción del gasto público se agrega la caída que registrarán el consumo y la inversión privada, el panorama para 2019 ya era indiscutiblemente recesivo, por más repunte que pudieran tener las exportaciones tras la devaluación.

Con el nuevo acuerdo la recesión se agudizará. Las condiciones que el gobierno aceptó para lograr ampliar el monto del crédito original y adelantar los desembolsos, le suma al impacto contractivo del ajuste fiscal un draconiano ajuste en la política monetaria. El impulso recesivo se duplica. La Argentina va en camino de una recesión al cuadrado que probablemente convertirá a la pauta de caída del 0,5 por ciento en el Producto Bruto del año próximo que figura en el proyecto de Presupuesto en un pronóstico con sobreestimación optimista.

El compromiso de congelar la Base Monetaria es una medida draconiana. Si bien la definición técnica de esa variable incluye el dinero circulante y el que mantienen los bancos en el Banco Central, a los efectos de un análisis menos riguroso pero comprensible vulgarmente podría decirse que equivale a mantener fija la cantidad de dinero. Con el agravante de que por varios meses más (en el mejor de los casos) la economía registrará altas tasas de inflación, con lo cual el poder de compra de la cantidad de dinero existente irá menguando.

No hace falta ser monetarista para entender que una caída en la liquidez afecta el nivel de actividad, por la vía del aumento en la tasa de interés, por la menor lubricación de la actividad productiva y comercial, y por los efectos que ello pueda tener en la cadena de pagos y en la incobrabilidad de los bancos.

Queda claro que a esta altura el Gobierno está resignado a sacrificar el nivel de actividad, el empleo y los números de pobreza, en aras de recrear la confianza en su capacidad de pagar la deuda, estabilizar el mercado cambiario y bajar la inflación.

En la Casa Rosada lo reconocen sin ambigüedad. "No hay duda de que es un programa muy ortodoxo, pero no nos quedaba otra posibilidad si queríamos despejar las dudas sobre el default", se confiesa un funcionario cercano al Presidente.

Efectivamente, la ampliación a USD 57.100 millones del préstamo total y la garantía de que USD 36.200 millones de esos dólares el Fondo los desembolsará de ahora hasta fines de 2019 alcanza para las necesidades financieras de divisas del Gobierno, pero no alcanzaría a cubrir la dolarización de carteras para fuga y/o atesoramiento en caso de que esa tendencia continúe como hasta ahora. En agosto hubo 1.250.000 personas que compraron 3700 millones de dólares, de los cuales 38 por ciento fueron compras de menos de 10.000 dólares. Y dentro de esos 3.700 millones de dólares, 1800 millones fueron transferencias al exterior, una simple operación mediante la cual un reducido número de personas y empresas con fuertes excedentes pasan sus pesos a dólares y los depositan en alguna cuenta afuera.

Con medio sentido común habría que limitar el libertinaje que estableció este gobierno para que cualquiera compre los dólares que se le antoje y para que empresas e individuos adinerados saquen del país divisas con suma facilidad. Lo aconsejan economistas insospechados de intervencionistas como por ejemplo Rodolfo Santángelo, el socio de Carlos Melconian. Dice: "Liberar la compra de dólares es un lujo que la Argentina no puede darse".

Es cierto que con un dólar rondando los 40 hay menos capacidad de comprar dólares con los pesos existentes. Pero también es cierto que la Argentina es la Argentina, que cuando el dólar sube también suele subir su demanda, y que si bien el mercado financiero es muy pequeño los bancos tienen depósitos de privados en pesos por el equivalente a algo más de USD 40.000 millones, y hay pesos en circulación por el equivalente a otros 16.000 millones de dólares.

También es cierto que el Gobierno está atado de pies y manos para reimplantar control de capitales mientras quiera mantener el status de mercado emergente que logró de Morgan Stanley. Con esa calificación quedó habilitado a recibir capitales de determinados fondos de inversión, que quedarían inhibidos de especular en la Argentina si el gobierno restringiera esos movimientos y fuera otra vez recategorizado como mercado de frontera.

Antes de la segunda imposición del Fondo hubo un primer indicio de que esos fondos especulativos que hasta abril pasado aprovechaban el diferencial de tasa de interés sobre la devaluación para obtener una muy jugosa rentabilidad en dólares (carry trade en la jerga de la City), volvían al juego. Cabe la pregunta de si el nuevo esquema que fija una especie de tablita cambiaria que comienza en 44 pesos y se mueve al 3 por ciento mensual no es una invitación para consolidar un juego que en el corto plazo atrae dólares, mantiene el tipo de cambio a raya y asegura la rentabilidad de la apuesta.

En cuanto al objetivo de bajar la inflación, la combinación de una demanda deprimida con el tremendo torniquete monetario pareciera generar las condiciones para que los precios se tranquilicen, más aún si se supone que el gobierno logra estabilizar el tipo de cambio.

Sin embargo hay un par de factores como para poner lo anterior entre signos de interrogación. En primer lugar, una de las herramientas para llegar al déficit cero es el aumento en tarifas, lo que en alguna medida prolonga la inercia inflacionaria.

En segundo lugar, aunque el ministro Nicolás Dujovne haya sincerado que los salarios van a perder este año frente a la inflación, cuesta imaginar que el poder de los sindicatos y todo lo que implica la proximidad de las elecciones no provoquen alguna recomposición que retroalimente la carrera salarios-costos-rentabilidad.

Suponiendo que con el doble ajuste fiscal y monetario el Gobierno lograra reducir significativamente la inflación del 2019, se le presentarían dos problemas para cumplir con la meta del déficit cero. El primero es que dado que las jubilaciones y las partidas de gasto social están indexadas con la inflación pasada, eso le generaría un significativo egreso extra, ya que se trata de alrededor de la mitad de las erogaciones presupuestarias.

El otro es que el ajuste recesivo, y ni hablar la recesión al cuadrado que impuso el FMI como condición para el segundo stand by, indefectiblemente resentirá la recaudación respecto a la presupuestada. En cualquiera de los dos casos, y mucho más si se verifican ambos, eso forzaría el recorte en otros gastos o el aumento de algún impuesto, si lo que el gobierno quisiera es seguir cumpliendo los compromisos impuestos por el Fondo para que la Argentina tranquilice a sus acreedores.

Que no es otra cosa que la función básica de la institución que encabeza la mujer a la que Mauricio Macri pretende que los argentinos amen.

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