Obsolescencia programada: un fraude para los consumidores

En los últimos años escuchamos muchas quejas de usuarios que desconocen que un artefacto electrónico o un determinado programa informático dejan de funcionar o se ralentizan producto de la obsolescencia programada, como se conoce al conjunto de técnicas de las que se sirve un fabricante para reducir intencionadamente la vida útil del producto que comercializa, a los efectos de acrecentar el número de reemplazos y, por consiguiente, de ventas. La derivación inmediata de esta práctica es el consumo descontrolado y la consecuente degradación del medioambiente. La llamada "obsolescencia" puede darse cuando en la fabricación se prevé una duración de vida útil reducida del producto después de un cierto número de utilizaciones, cuando existe la imposibilidad de reparar un producto por falta de piezas de recambio adecuadas o por resultar imposible la reparación, o cuando un programa informático deja de funcionar al actualizarse el sistema operativo. Pero también se da de hecho, y esto se ha vuelto algo extremadamente notorio y nocivo, con la proliferación de campañas de marketing de las empresas encaminadas a hacer que los consumidores perciban como obsoletos los productos existentes.

A esto debe sumarse la falta de repuestos o el encarecimiento en el precio de ciertas partes, lo que provoca la cadena de compra para sustituir en vez de arreglar o reciclar.

En definitiva, la obsolescencia programada es un procedimiento de fabricación en el que condicionan la sustentabilidad y la duración del artefacto, a efectos de incitar la compra del último modelo. Es una época que pasamos de "usar y tirar", las reparaciones de productos han sido mínimas, porque, según se deduce, es mucho más barato comprar uno nuevo que arreglar uno viejo. La clave radica en que si un consumidor desea reparar su equipo cuando empieza a fallar al poco tiempo de adquirido, ya que los productos no son hechos con calidad de duración, o bien la reparación es carísima o directamente no hay piezas de reemplazo.

Consecuentemente, nos encontramos en una vorágine en la que no adquirimos productos de calidad, sino que incentivan la demanda continua, pero que atenta, a su vez, contra el medioambiente, ya que se acrecientan los residuos no biodegradables y la continuación. Los ingresos generados por el caudal de compras de modelos nuevos redundan en un ostensible incremento de las ganancias obtenidas por estas empresas que lucran con la necesidad generada.

De lo anteriormente concluimos que el objetivo de la obsolescencia es exclusivamente el lucro económico, no teniéndose en cuenta las necesidades de los consumidores, ni las repercusiones medioambientales en la producción, y mucho menos las consecuencias que se generan desde el punto de vista de acumulación de residuos, con la concreta contaminación del medioambiente.

En este contexto, debemos considerar la basura electrónica, que alcanzará en todo el mundo la cifra de 65,4 millones de toneladas anuales, según datos de la Fundación para la Innovación Sostenible FENISS. Además, elementos como el plástico, el polietileno, el vidrio, etcétera, vertidos a la naturaleza tardan en degradarse más de mil años y algunos, como el plomo o el mercurio, provocan además graves problemas para la salud.

La cantidad de basura electrónica generada por individuo se traduce en cifras alarmantes y es responsable del 70% de las toxinas que se desprenden en los desechos de basura. Por lo tanto, estamos persiguiendo el cuidado de nuestra Tierra, pero también intentamos regular sobre una política de comercialización basada en reglas claras de la lealtad comercial.

No debemos olvidar que los bienes mencionados realizan el negocio en otros países, siendo nosotros los que gastamos y colaboramos a la contaminación.

Ante este estado de situación es que desde la Coalición Cívica presentamos un proyecto de ley integral que apunta promover la conciencia del consumidor y la sostenibilidad del producto en la República Argentina. Esta ley obligaría al fabricante a informar debidamente antes del 1º de enero de 2020 sobre la duración de los bienes que comercializa. Esta visualización deberá dar a conocer la disponibilidad de piezas de repuesto, a los efectos de informar debidamente si hay piezas disponibles o no, y exige a fabricantes y distribuidores que proporcionen las piezas esenciales para el correcto funcionamiento de los productos, a un precio justo y en plazo razonable. Además, se prohíbe la inamovilidad de las piezas esenciales para el correcto funcionamiento de la propiedad con productos que no podrán contener partes selladas, a efectos de que puedan ser reemplazadas y arregladas, al igual que cualquier componente que viene sellado de fábrica y sean imposibles de desarmar o reparar.

Necesitamos construir un consumo responsable desde el punto de vista social y ambiental considerando el círculo de vida completo y reducir los impactos negativos para la sociedad y el medioambiente, así como la oferta de productos de alta calidad con una vida útil más larga, a precios asequibles.

Junto con la preservación de la salud humana y del medioambiente, esta ley entraña la posibilidad de desarrollo económico con nuevas oportunidades y empleos para el conjunto de la sociedad, empleos reales y duraderos, con raíz en la reparación.

Este año sancionamos la ley de defensa de la competencia que traerá muchos beneficios a los consumidores, es por eso que, con este tipo de normativas que planteamos, buscamos regular un mercado donde la economía funcione de modo circular, informando al usuario sobre la vida útil del producto que adquiere, de garantizarle repuestos y, también, de ese modo se generarían puesto de trabajos en el sector reparaciones.

Cuesta mucho dinero adquirir un aparato electrónico o un programa informático, lo que buscamos es que el usuario conozca la vida útil de ese producto que adquiere y que el fabricante le garantice los elementos necesarios para poder utilizarlo el mayor tiempo posible.

La autora es diputada nacional (Coalición Cívica).