Intento de manera infructuosa encontrar una explicación lógica al hecho de que sea imposible modificar, no hacer trizas, algunos puntos críticos del acuerdo firmado entre Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). ¿Cómo es posible que se cumpla la sentencia que con ironía repitió el expresidente durante su larga despedida del mando en el sentido de que no se podría cambiar nada de ese acuerdo?
¿Por qué pudieron pasarse por la faja el triunfo del "no" al acuerdo en mención en octubre de 2016? Los defensores del acuerdo de impunidad se apoyaron en razones flojas como la estrechez del resultado y haciéndole creer al país y al mundo que se habían acogido todas las críticas.
¿Por qué, si el cuestionamiento de aspectos álgidos del acuerdo fueron parte integral del programa de las campañas del Centro Democrático, los uribistas y amplios núcleos de la ciudadanía, y ese punto de vista triunfó en las parlamentarias y luego en las presidenciales, nada se puede modificar según dictamen de la Corte Constitucional?
¿Para qué, entonces, sirve la socorrida democracia? ¿O es que la democracia ha adquirido en nuestro país, por obra y gracia de la paz como dogma un significado inverso de que se gana para perder?
Y me pregunto, con igual desconcierto, ¿por qué de nada ha servido que la opinión se haya manifestado de manera sistemática en todas las encuestas, crítica y opuesta a los términos del acuerdo de paz a pesar de la gigantesca y abrumadora maquinaria publicitaria con que fueron divulgados los acuerdos?
No quiero quedarme en respuestas meramente locales, pues tengo razones para incluir en mis inquietudes la suerte que están corriendo los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el estatuto de la Corte Penal Internacional en el mundo cuando la ONU, partera de importantes acuerdos y avances en esas materias en la posguerra, en buena medida ha dejado esas banderas en manos de tendencias de izquierda que solo tienen ojos contra las dictaduras de extrema derecha y se solazan con las de extrema izquierda. ¿En qué queda el sentido y el significado de la filosofía humanitaria cuando su defensa, su promoción y su vigilancia se depositan en organismos presididos por países con gobiernos que los violan sistemáticamente?
¿Dónde se ha escuchado la voz del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para expresar algo con fuerza de mandato o intervención sobre los crímenes y la represión de las dictaduras sanguinarias de Nicolás Maduro y Daniel Ortega en Venezuela y Nicaragua, y contra la pervivencia de la dictadura castrocomunista en Cuba donde el gobierno policíaco restringe los derechos elementales de su pueblo desde hace 59 años?
Tampoco entiendo que ese organismo haya solicitado a Brasil que se respete el derecho del expresidente Lula da Silva, condenado por corrupción oficial, delito internacional según la ONU, para hacer campaña presidencial.
¿Cómo va a explicarle la Corte Penal Internacional al mundo su ceguera ante la impunidad del acuerdo de paz colombiano que consagra premiar a responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad con curules en el Congreso y nada de cárcel? ¿No tiene ninguna consecuencia que Colombia, parte integrante del estatuto de la CPI desde noviembre de 2009, deje de aplicar los incisos g y k del artículo 7 de su estatuto?
La relación que encuentro entre la impunidad de la paz Santos-FARC y las inconsecuencias de los organismos internacionales de derechos humanos no saltan a la vista, pero existe y no es fruto de un complot o una conspiración, se trata, en mi parecer, de una conjunción, afortunada para los reinventores del comunismo en América Latina, los del Foro de San Pablo y gobiernos y gobernantes que se desentendieron del rumbo sesgado dado a los derechos humanos.
A pesar del cuadro tan adverso, pienso que hay opciones por ensayar para no darnos por perdidos en el cumplimiento del legítimo anhelo y mandato otorgado por la ciudadanía al Gobierno del presidente Iván Duque de modificar algunos puntos del cuestionado acuerdo.
Me refiero, por supuesto, a alternativas contempladas en nuestra Constitución: 1. Tramitar una reforma constitucional vía Congreso para modificar el acto legislativo que avaló la impunidad para delitos atroces y otras medidas ajenas a nuestro ordenamiento legal. 2. Convocar un referendo derogatorio. 3. Convocar a una asamblea constituyente.
Nada es fácil ni expedito, todos los caminos tienen sus pros y contras, pero quedarnos quietos sentaría el nefasto precedente de que ganamos para perder o transmitir el mensaje de que nuestra lucha en contra de la impunidad no valió la pena.
Coda: la inversión del sentido de triunfar por parte las izquierdas se pudo apreciar en su reacción eufórica cuando salieron a cantar victoria de la consulta anticorrupción no obstante no haber alcanzado el umbral legal requerido.