A esta altura de las circunstancias, el trámite procesal de la denominada "causa de los cuadernos" solo debería preocupar a los imputados y a sus defensores. Al resto de los argentinos nos preocupa lo que viene y lo que vendrá, independientemente de acusaciones, detenciones, excarcelaciones, arrepentidos, absoluciones o penas.
La condena social al saqueo más grande de nuestra historia es inapelable. Es sentencia firme pasada en autoridad de cosa juzgada.
Pero, ¿cuáles son los desafíos que nos esperan? En mi opinión, uno que es fundamental para reconstruir la arquitectura republicana: recuperar la credibilidad de la función pública.
Es una obra cuyo reparto consta de tres actores principales, algunos secundarios y, del otro lado de la escena, millones de espectadores: los funcionarios del Estado —en especial gobernantes y magistrados judiciales—, los empresarios y los intelectuales.
Sin dudas, luego del "cuadernogate" la Argentina será otro país. La actividad política tendrá que cambiar —radicalmente y no solo en las apariencias— si no se quiere reeditar otro "que se vayan todos" y vuelva a cundir el pesimismo y la desazón. El Poder Judicial deberá, luego de una obligatoria autocrítica, abandonar su oportunismo político y aplicar la Constitución y la ley sin importar el color que ocupe transitoriamente los despachos oficiales, si se quiere que la ciudadanía vuelva a confiar en jueces y fiscales. Los empresarios, más allá de sus gestos adustos en congresos, conferencias y coloquios a los que asisten funcionarios públicos y sus arengas de responsabilidad social empresaria, deberán denunciar pública y corporativamente hasta el pedido de una lapicera o de una agenda por parte de la autoridad. La intelectualidad —la verdadera y no los charlatanes de feria— deberá medir las eventuales consecuencias de generar semidioses o de potenciar relatos que no superan la categoría de ciencia ficción.
Parece demasiado para nuestra idiosincrasia. Sin embargo, no hay otro camino. No se trata de convertirnos, de la noche a la mañana, en una sociedad perfecta. Puede haber transiciones. Puede haber nuevos gradualismos. Tenemos derecho a tropezar, a equivocarnos. Pero, definitivamente, no podemos volver a justificar el delito, ni al delincuente, ni al que ampara a ambos.
La coima es delito. Es delincuente el que la pide y el que la da. No es folclore. No es uso y costumbre. No es picardía. Es decadencia y fracaso.
Los que tenemos responsabilidad de Estado estamos frente a un desafío descomunal. El tiempo de las palabras se extinguió, tal vez por mucho tiempo. Las críticas serán feroces y, si bien no es justo que cada uno de nosotros se haga cargo de la totalidad de las culpas y los fracasos de su sector, corresponde asumir la cuota-parte correspondiente.
La coyuntura actual es una bisagra en nuestra historia. La oportunidad es, tal vez, la última que tenemos de convertirnos en un país, aunque sea, normal.
Si la desaprovechamos, no será el tiempo de analistas y encuestadores. Será la hora de los psiquiatras.