Antes de la reforma constitucional del año 1994, la designación de los jueces dependía de la aprobación por la comisión de acuerdos del Senado. En ese entonces la designación de los jueces estaba sometida a los vaivenes de la política y a la ocasional mayoría en el Senado.
Ello, sumado a los escándalos de jueces que pagaban para que les redactasen las sentencias de sus juzgados, provocó la eclosión del sistema y el convencimiento de que el mecanismo de designación de los jueces debía cambiar.
La oportunidad se presentó con el "Pacto de Olivos". El radicalismo de la mano del Dr. Raúl Alfonsín consiguió plasmar en el Art. 114 de la Constitución Nacional la creación del Consejo de la Magistratura, órgano constitucional cuya integración debe ser "equilibrada" entre los distintos estamentos (jueces, abogados, legisladores, poder ejecutivo y sector académico) de modo que la selección de los jueces se aparte los más lejos posible de los vaivenes políticos.
La principal función del Consejo de la Magistratura es la selección mediante concursos públicos de las ternas para los magistrados inferiores respecto de las cuales deberá elegir el Poder Ejecutivo. También es el responsable de la administración de los recursos del Poder Judicial y de los procesos disciplinarios de los jueces que en su máxima expresión lo representa el Jury de enjuiciamiento para la remoción de los jueces.
Claro está que esto no es del todo políticamente aséptico ya que de las "ternas" que eleva el Consejo, es el presidente de la Nación quien "elige" a quien designar. Este marco de discrecionalidad política no impide considerar que este órgano constitucional es quien debe garantizar –por lo menos en esta etapa del proceso- la independencia de la Justicia necesaria para el funcionamiento del sistema republicano de gobierno.
Este es un sistema que mejoró mucho el anterior. Ahora bien, queda un largo camino a transitar para llegar a cumplir el objetivo republicano que el Dr. Alfonsín tuvo en miras cuando pensó en su incorporación en cumplimiento del mandato constitucional de afianzar la justicia.
Su original composición de 20 miembros -bajo la ley 24937 del año 1997- incluía al Presidente de la Corte Suprema, 8 legisladores, 4 abogados, 2 académicos, 4 jueces y 1 representante del poder ejecutivo.
Hoy, bajo la ley 26.080/16 se redujo la cantidad de miembros a 13, se excluyó al presidente de la Corte Suprema y está conformado por 6 legisladores (4 por la mayoría y 2 por la primera minoría), 3 jueces, 2 abogados, 1 académico y 1 representante del poder ejecutivo.
Este año se producirá la renovación de 6 de los 13 miembros. En marzo se eligió al representante del estamento académico siendo designado Diego Molea de la Universidad de Lomas de Zamora en reemplazo de Condis.
Por su lado los Jueces elegirán 3 representantes en el mes de septiembre de 2018 encontrándose repartida en tres agrupaciones de jueces. Los abogados de la matricula federal tendremos nuestra elección en todo el país en el mes de octubre para elegir un abogado por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y otro abogado por el resto del país.
El ocaso del kirchnerismo y el auge de Cambiemos nos enfrenta a un nuevo desafío. Quedar atrapados en la tentación de lograr un control del Consejo dañando su independencia y por lo tanto de la propia independencia del Poder Judicial o mantener un espacio que preserve su independencia del Gobierno de turno. La tentación es grande, pero Cambiemos conquistó a la sociedad bajo el paradigma de "ser distintos" y de no utilizar los vicios de la "la vieja política".
Un nuevo escenario electoral donde Cambiemos mejore su participación legislativa alterará sin dudas la autonomía e independencia de este Órgano Constitucional. Por eso quienes abrazamos la bandera de la independencia, el no sometimiento al gobierno de turno y la conformación de las ternas sin influencia de la política estamos preocupados por un intento de trasvasamiento de la política a un espacio en el cual la defensa de los principios republicamos es su principal bandera.
No somos ingenuos y no debe escapar al lector que, quien suscribe estas reflexiones, los jueces y los miembros del consejo tenemos nuestra propia ideología. Pensar en un Poder Judicial aséptico integrado por jueces que no tengan ideología es aun más peligroso. Lo que estamos propiciando son jueces con ideología pero que al tiempo de dictar sus sentencias tengan la independencia funcional necesaria para fallar de acuerdo a sus convicciones y no a la del partido político que lo pudo haber puesto en el cargo, sin intromisión y sin presión bajo amenaza de un proceso disciplinario que se mantenga sin solución de continuidad debilitando la independencia del juez afectado.
Planteado el tema, queremos poner de relieve la insatisfacción del ciudadano con la prestación del servicio de justicia. No son necesarias las estadísticas, ni las auditorias para que los abogados que transitamos los mostradores de los distintos fueros sepamos que el servicio de justicia no cumple adecuadamente con su finalidad.
Los abogados lo sabemos bien porque somos nosotros los que estamos en contacto con los ciudadanos que requieren del servicio de justicia. Somos nosotros los que debemos explicarle las razones por las cuales debe resignarse a que su caso no será resuelto en un tiempo razonable.
La justicia penal produce insatisfacción en los ciudadanos cuando ve que los delitos no son sancionados por los jueces y -aun los que obtienen sentencia- tampoco son efectivos al ver que aquellos que son sometidos a regímenes carcelarios son reintegrados a la sociedad aún más peligrosos de lo que ingresaron.
Ni hablar de la justicia laboral donde un juicio (de carácter alimentario) dura años sin solución de continuidad con juzgados que están colapsados y en declarada emergencia.
Los fueros civil y comercial funcionan, a mi juicio, de manera mucho mas aceptable pero sometidos a procedimientos medievales que hacen que cuestiones que debieran resolverse en meses, lo sean en años, desnaturalizando la finalidad misma de la justicia. Es aquí donde el lema "justicia lenta no es justicia" cobra su mayor relevancia.
Sin ahondar en los detalles de las razones por las cuales el "sistema judicial" no cumple las expectativas de justicia que los ciudadanos le reclaman, vemos que el Consejo de la Magistratura se ha contaminado de la inoperancia del sistema agravando el riesgo de politización de su funcionamiento. Prueba de ello fue que recién en los años 2017 y 2018 se pudo destrabar su funcionamiento bajo la presidencia de los representantes de los abogados ya que durante el control del Kirschnerismo su nivel de politización hizo imposible su funcionamiento normal quedando decenas de juzgados vacantes sin poder brindar el servicio de justicia adecuado.
Algunas ideas para poner en debate:
Debemos trabajar para tener un sistema judicial que cubra necesidades reales de la gente. La justicia funciona de la misma manera que en los últimos 40 años. Debemos pensar en un nuevo sistema de organización de las estructuras administrativas, la creación centros de decisión previos a la instancia judicial como es el nuevo Sistema de Riesgo del Trabajo que alejen la litigiosidad y contar con nuevas herramientas de gestión en un marco de total digitalización.
El Poder Ejecutivo tiene un rol protagónico en la generación de las leyes y de los presupuestos necesarios.
El Consejo de la Magistratura integrado por representantes de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y por los abogados somos quienes nos encontramos en mejores condiciones para trabajar en el nuevo sistema ya que tenemos la experiencia necesaria para diseñar procedimientos modernos que permitan acceder a una justicia efectiva.
Debemos comprometernos a alcanzar la independencia del Consejo de la Magistratura proponiendo para su integración a abogados que asuman la responsabilidad de trabajar para alcanzar el objetivo de mejoramiento de la justicia. Para ello su integración debe impedir que mayorías ocasionales politicen el Consejo desvirtuando sus fines respondiendo disciplinadamente a los partidos políticos o al gobierno de turno. Hoy el Consejo mejoró su funcionamiento porque se pudo alcanzar una mayoría que así lo permitió.
Se han producido decenas de ternas, pero eso no nos puede producir satisfacción ya que solo se limitó de manera burocrática a completar vacantes en un sistema ineficaz. Este trabajo debe hacerse con un trabajo conjunto de los estamentos involucrados en el consejo. Los abogados debemos participar en la comisión de selección de candidatos a integrar las ternas. Las cuestiones de género deben estar en la agenda del Consejo de modo que haya más mujeres que integren las ternas con posibilidad de cubrir las vacantes en los juzgados federales.
La escuela de formación y capacitación debe apuntar a brindar a aquellos que quieran acceder a la magistratura de las capacidades necesarias para una gestión moderna.
Debemos poner en análisis la edad jubilatoria de los jueces que hoy es a los 60 años (cuando el resto de los ciudadanos lo hacen a los 65) sin embargo, la gran mayoría se jubila mucho tiempo después. Se debe analizar un sistema que permita la renovación de sus miembros de modo de permitir que los funcionarios mas modernos puedan acceder a la magistratura dotando al sistema de la renovación de energía e ideas necesaria en toda organización.
El proceso sancionatorio debe ser rápido y transparente. No debe servir de herramienta para quitar independencia a los jueces.
Es urgente solucionar la problemática de la justicia federal del interior del país mediante la designación de nuevos jueces con una organización moderna y dotando de todas las modernas tecnologías que permita perseguir la narcocriminalidad y el crimen organizado en igualdad de armas con aquellos que delinquen.
En síntesis, la elección de los abogados de la matrícula federal se presenta o bien como una profundización del camino hacia la burocratización y el mantenimiento de un status quo de un Poder Judicial que no cumple con las expectativas de la gente, o bien como una oportunidad que abra el camino de los acuerdos entre los estamentos que tienen la responsabilidad de construir una política de estado que preserve la independencia y autonomía del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación. De lo contrario no tendremos una justicia independiente y tampoco efectiva.
En la última elección realizada (2014) de un padrón de noventa mil abogados habilitados para votar en todo el país, solo lo hicieron unos veinte mil. Por ello es preciso una masiva participación de los abogados en esta elección del 5 de octubre de 2018 para que la base de legitimación sea lo suficientemente amplia que permita imponer criterios que sustenten el cambio que la sociedad reclama.
*El autor es candidato al Consejo de la Magistratura por los abogados del interior "Lista Abogados por un consejo independiente"