Luego de varias semanas de anuncios previos y globos de ensayo arrojados al escrutinio de la opinión pública, el gobierno nacional anunció el "nuevo rol" de las Fuerzas Armadas. El entrecomillado ex profeso debería indicarnos que, antes de enfrascarnos en interminables debates en busca de la verdad revelada, deberíamos bajar las revoluciones y detenernos a reflexionar sobre algunas cuestiones insoslayables y que tal vez nos lleven a la conclusión que no hay nada demasiado nuevo.
Empecemos por los antecedentes. En el día de hoy se publicó en el Boletín Oficial el decreto Número 683/18, que modifica al decreto 727/06, conocido como "decreto Garré". Un primer análisis básico indicaría que desde el punto de vista jurídico para reemplazar total o parcialmente una norma hace falta cuando menos una norma de igual jerarquía, lo que en este caso se cumple acabadamente.
Pero puestos en el fragor de la lucha a favor o en contra del decreto en cuestión, no deberíamos pasar por alto el primer renglón del texto publicado que dice "Visto las leyes Nros. 23.554, 24059, 24948 y 25520 y los decretos 727 y 1691/06…
Las normas citadas son nada más ni nada menos que las leyes de Defensa Nacional, Seguridad Interior, Reestructuración de las FFAA e Inteligencia Nacional, además de los dos decretos que de alguna manera intentaron acotar el accionar de las estructuras militares "interpretando" las leyes citadas.
Si nos detenemos a leer la ley 24.948, sancionada el 18 de marzo de 1998, encontraremos que la misma indica en su art 2° que la política de defensa implica la protección de los "intereses vitales de la Nación". Para definir estos intereses, la norma nos remite al art 2° de la ley de defensa nacional. Si tenemos paciencia y seguimos el sabio camino de la lectura, descubriremos que "la Defensa Nacional es la integración coordinada de todas la fuerzas de la Nación, para solucionar los conflictos que requieran el empleo de las FFAA en forma disuasiva o efectiva para enfrentar agresiones de origen externo".
Podríamos descubrir también que esta ley sancionada durante el gobierno justicialista de Carlos Menem y aprobada en forma abrumadora por ambas cámaras legislativas indica que quienes fijan las misiones de las FFAA en defensa de esos intereses vitales son los ministerios de seguridad y defensa.
También nos causará sorpresa ver que en su artículo 6° la norma indica que el empleo militar se efectuará en cumplimiento del resguardo de: Intereses Vitales, Resoluciones de la ONU, ley de Seguridad, y apoyo comunitario.
El art. 11 asimismo, manifiesta que el personal de militar está compuesto por el personal en actividad permanente, el contratado por tiempo determinado y las reservas. Las que existen desde hace tantos años, como los que tiene la ley del personal militar 19101/71.
Para no abrumar al lector con demasiadas referencias legales, digamos finalmente que la ley 23.554 de Defensa Nacional habla de la definición de hipótesis de conflicto. Pero en ningún modo decreta la abolición de las mismas. Algo que tozudamente la dirigencia política de los últimos años nos ha querido imponer. Pero la realidad indica que la ausencia unilateral de hipótesis de conflicto es una falacia en sí misma. Y no es menos útil recordar que la ley de seguridad interior de 1991 pero reglamentada por el anterior gobierno en 2006, habilita (previa declaración del estado de sitio) al empleo liso y llano de las FFAA para restablecer el orden interno.
Me tomé la libertad de hacer este punteo legal porque resulta evidente que las medidas anunciadas en las últimas horas nos llevan derecho a una polémica áspera y radicalizada que se basará más en lo que se cree que pueda pasar , que en lo que realmente significa.
El Estado Nacional invertirá este año unos cien mil millones de pesos en mantener a las FFAA. Ya es por todos sabido que el 90% de esa suma se gasta en sueldos. Y el resto es para pagar servicios, reparaciones menores, y casi nada queda para operar y mover los vetustos barcos de la marina, y los escasos recursos aéreos y terrestres.
El ya famoso decreto 727 y las falsamente nulas hipótesis de conflicto dejaron a las instituciones armadas prácticamente sin tarea. Como no hay que nada para hacer… ¿cómo pensar que algún gobierno las reequiparía?
El dramático círculo se completa con el paulatino desincentivo para los hombres y mujeres que ingresan a las fuerzas, que suelen sentirse abandonados por el mismo Estado que los alentó a formarse como militares. No debemos olvidarnos que los militares son antes que nada empleados públicos a los que se supone, el Estado Nacional tiene interés en formar y mantener en su plantilla.
Esta situación coexiste con la innegable realidad que indica que los conflictos y las amenazas existen y que van mutando conforme transcurre el tiempo. La amenaza cibernética, solo era habitual en las series de ciencia ficción en los 90. El narcotráfico es un flagelo que ya está instalado en cada ciudad del país y el terrorismo fundamentalista ya golpeó a nuestra puerta en dos oportunidades y nada indica que no vaya a volver a hacerlo.
Podría entonces afirmarse que, lo que hizo ayer el presidente Macri, no es ni más ni menos, que modificar un decreto que limitaba el uso del instrumento militar para conjurar amenazas que, las leyes hoy en vigencia ya contemplaban como susceptibles de ser abordadas con participación de las fuerzas militares.
Ahora bien, no es menos cierto que por mucho que se diga – y con razón- que las Fuerzas Armadas de hoy nada tienen que ver con aquellas de la dictadura, que ningún oficial o suboficial tiene hoy en su ADN la menor intención de alzarse contra el orden constitucional y que serán los primeros en exigir todo tipo de garantías legales a la hora de cumplir determinadas directivas, existen secuelas de aquellos años que al parecer aún no están superadas.
El ministro de Defensa, ha expresado reiteradamente que en modo alguno está previsto que los militares, patrullen calles, realicen operativos policiales o ni tan solo tengan contacto con delincuentes comunes. Para el caso del despliegue a las fronteras, lo harán en condiciones parecidas a las que llevaron adelante en los operativos "Escudo Norte y Fortín" implementados durante la gestión de Cristina Kirchner.
Está claro además que, a estas tareas se agregan, la custodia efectiva de objetivos estratégicos como ser, centrales eléctricas, centros de comunicaciones, pozos petroleros y reservorios de agua entre otros. Y que ha quedado manifestada la intención gubernamental de considerar como agresión externa además de la perpetrada por un ejército extranjero, las provenientes del narcotráfico y el terrorismo internacional.
A la luz de todo lo expuesto, puede vislumbrarse en el corto plazo, un crudo cruce de opiniones entre distintos sectores políticos y obviamente la presentación de recursos judiciales para que las intenciones del Ejecutivo no prosperen. Una vez más nos moderemos la cola entre nosotros y de no mediar cierta cordura, una vez más la eterna pulseada interna, neutralizará cualquier intento de dar un paso en alguna dirección.
Ahora cabe preguntarse entonces, ¿Qué hacemos?, que hacemos con unos 100.000 hombres y mujeres que integran las diezmadas fuerzas armadas. Que hacemos con la protección de nuestras fronteras húmedas y secas que son a todas luces verdaderos coladores virtualmente desprotegidos. Que hacemos para integrar de alguna manera un sistema de seguridad que pueda utilizar aquellos elementos que el sistema de defensa puede aún brindar, frente a flagelos reales y palpables.
Al margen de la pertinencia del decreto hoy conocido, el debate parlamentario se torna inevitable para poder actualizar, reestablecer y regular las condiciones en las que se deberá asentar el funcionamiento de la Defensa y la Seguridad del país. Un decreto no basta, es necesario que se cuente con una política de estado en la materia, que pueda ser mantenida en el tiempo. No podemos correr el riesgo de iniciar hoy un rumbo, que sea cambiado por otro diametralmente opuesto en unos años.
Finalmente, me permito concluir que no podemos seguir viendo a quienes portan uniforme, como a enemigos de la sociedad, hay mucho por mejorar en nuestras Fuerzas Armadas, muchos de sus defectos internos, no son otros de los que como sociedad nos cruzan a todos. Y cuando menos , no deberíamos cometer la enorme torpeza de quedar atrapados para siempre en los diez años más oscuros de la historia nacional, hay millones de argentinos inocentes y ajenos a todo lo que nos ocurrió, entre ellos, las nuevas generaciones de civiles y militares que habitan este suelo y que anhelan por igual un país mejor.