Circulan en Argentina dos visiones contrastantes sobre la interacción entre empresarios y Gobierno en el proceso de cerrar la economía al comercio internacional a través del proteccionismo. La que probablemente es la más difundida y aceptada por el gran público es la de que las firmas prebendarias (que no serían todas) son las que piden la protección para usar el mercado local como su propio coto de caza. La otra es la visión de que el Gobierno, a través de la protección mantiene produciendo a las firmas para usarlas como agentes de recaudación de impuestos, cosa que no pasaría si estas cerraran debido a la competencia externa. En esta nota trato de arrojar alguna luz sobre este debate.
La teoría convencional nos dice que el costo de oportunidad de usar un factor en un proceso es lo que este factor produciría en el mejor proceso alternativo. En equilibrio, ambos valores se igualan y se llega a la remuneración del factor, iguala su costo de oportunidad.
Quiero plantear la hipótesis de una distorsión extrema en el mercado de factores que modifica fundamentalmente el concepto arriba definido de costo de oportunidad. Si el factor de producción se saca del proceso de producción y simplemente no sirve para nada más, se considera que su costo de oportunidad es cero.
Pero ocurre que detrás de muchos factores de producción hay, directa o indirectamente trabajo, o sea, personas. En muchas sociedades, hay gigantescas distorsiones en el mercado laboral y de capitales que hacen que un empleado despedido no pueda encontrar otro trabajo por mucho tiempo o quizá nunca más. Y lo mismo aplica a un insumo que se deja de demandar en un proceso: no aparece otro proceso que lo demande y detrás de eso también hay personas. Ahí es donde entra el Gobierno, que es sin duda alguna el principal culpable detrás de las distorsiones en los mercados que limitan la movilidad de factores.
Cuando una persona pierde su empleo, no encuentra otro y recurre al asistencialismo del Gobierno que reemplaza al previo empleador, excepto que ahora la persona no produce nada, solo recibe subsidios. Si la persona ganaba (y producía) 40 pesos empleada y recibe (sin producir) 30 pesos al estar desempleada, hay que crear recaudación e impuestos distorsivos adicionales por 30 pesos. Esto agrava el círculo vicioso, que mantiene el sistema distorsivo e ineficiente rodando (el "30 pesos" es solo un número ilustrativo, puede ser menor e incluso muchos despedidos encuentran ocupación en el sector informal, sin recibir asistencia alguna).
La base práctica del razonamiento es una distorsión del mercado laboral que hace que el costo social de la mano de obra en Argentina sea más bajo que en los países competidores, incluso China. En un país normal, un trabajador despedido encuentra trabajo en otra actividad productiva. En la sociedad distorsionada que describo, el trabajador despedido, no solo deja de producir para siempre, sino que induce a la creación de nuevos impuestos sobre los que aún trabajan para poder generar rentas para su mantenimiento.
Explico nuevamente: el trabajador cobra 40 pesos pero, si se lo despide, no encuentra otro trabajo debido a los altísimos impuestos al empleo. El Gobierno debe hacerse cargo del trabajador despedido (o al menos de un número importante de ellos) con un plan social, algo menor que el salario que recibía y que es totalmente asistencial, no productivo. El ex trabajador permanece improductivo gracias a más impuestos sobre los pocos que aún trabajan y el sistema asistencialista sigue rodando, cada vez más despacio.
Un argumento similar podría hacerse sobre la materia prima: tiene un precio regulado. Pero si no se la usa en este proceso, se tira porque no surgen nuevos procesos que la utilicen. O sea que su costo social es menor que el privado. Ejemplo: si cierran los textiles, el Gobierno va a tener que subsidiar el desempleo en el Chaco por la caída en demanda de algodón, que ya no se producirá más.
La existencia de la distorsión arriba descrita puede ser usada para justificar el uso de protección arancelaria como política de segundo mejor, ante la imposibilidad de remover las distorsiones de los mercados de factores. El caso argentino puede ser usado como ejemplo para entender nuestro argumento. El Gobierno aplica exorbitantes impuestos "solidarios" al empleo cuya recaudación se usa para mantener millones de planes asistenciales de personas desempleadas, culpa de los altos impuestos al trabajo, que generan desempleo.
De más está remarcar que todo este proceso es plenamente inconsistente con el funcionamiento de una economía capitalista. Una vez echada a andar la rueda de los impuestos para financiar el asistencialismo, se generan las distorsiones al mercado laboral que solo ofrecen la protección como salida inmediata. Pero esto solo puede hacerse a costa de mayores impuestos distorsivos que agravan el problema.
La solución a esta trampa destructiva no es considerar la protección como la solución sino como un instrumento para ganar tiempo hasta eliminar de manera permanente las distorsiones a la movilidad de factores. La receta entonces es liberar los mercados de factores antes de abrir indiscriminadamente la economía. O al menos proceder cautelosamente, analizando caso por caso.
Un modelo ilustrativo
Para hacer las cosas simples supongo costos constantes y demanda inelástica de una unidad. No hay IVA (es irrelevante porque los dos lo pagan).
Costo producto importado en puerta comercio: $40
Costo producto nacional en puerta comercio: $100, compuesto de: $10 de materia prima; $40 salarios de convenio. El empleado despedido nunca más trabajará. Cobraría $30 en planes del Gobierno que aumentarían los impuestos (distorsivos) sobre los que aún trabajan. O sea que el costo privado es $40 y el costo social es cero pesos. Impuestos indirectos sobre la producción: $50, no son costo social, es redistribución (distorsiva). Incluye impuestos al empleo.
Costo social del producto nacional: $10 menor que el importado de $40.
1.Con protección prohibitiva el precio es $100 y hay arancel de $60 (más un infinitésimo y hace agua porque no hay importaciones). Toda producción nacional. El costo social es $10. Impuestos de $50 y salarios de $40 que no son costo social.
2.Sin protección se importa todo. No hay producción nacional. El precio es $40, se ahorran $10 de insumos. El costo social es de $30. Todos los trabajadores despedidos pasan a vivir de planes sociales redistributivos, que requieren mayores impuestos distorsivos.
3.Se puede poner un arancel de $60 (menos un infinitésimo), así se importa todo pero el Gobierno recauda $60. Consumidor ahora paga $100 en vez de $40, pierde $60, que es lo mismo que ahora recauda el Gobierno. No cambia nada.
El proceso desarrollado más arriba podría asemejarse al descrito en el trabajo seminal de Sir Arthur Lewis, Economic Development with Unlimited Supplies of Labour, el que describe la transición de una economía de subsistencia a una economía capitalista. Nuestro modelo sirve de base para describir el camino inverso: una economía capitalista que a través del asistencialismo político termina derivando hacia una economía de subsistencia incompatible con los incentivos de una economía capitalista.
Efectos recaudatorios
Los tres casos descritos arriba han sido analizados desde la perspectiva del costo social, que balancea ganadores y perdedores con igual peso. Sin embargo, desde la perspectiva del gobierno que recauda a través del sistema impositivo, los efectos son muy diferentes.
En el caso (1) el Gobierno recauda $50, con los que puede hacer lo que desea.
En el caso (2) el Gobierno deja de percibir los $50 y debe colocar un impuesto sobre los que aún trabajan de algo menos que $40 para mantener los planes de los ahora desempleados. Con esto el gobierno pierde popularidad con los trabajadores y hereda un grupo social descontento.
En el caso (3) el precio sube a $100 por el arancel, lo que desagrada a los consumidores. El Gobierno recauda $60, pero debe gastar cerca de $40 para sostener los planes.
Desde la perspectiva recaudatoria todo indica que el caso (1) sería el preferido por el Gobierno, seguido por el (3) y en último lugar el (2). Del análisis surge entonces la conclusión de que al Gobierno le conviene mantener las empresas protegidas y produciendo para así poder recaudar a través de ellas.
El autor es miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Agradece los comentarios de Alejandro Rodríguez, Guillermo Calvo, Teddy Karagozian y Nicolás Catena.