Otra vez la muerte es noticia en la Ciudad de Buenos Aires. Cristian "Pity" Álvarez mató de cuatro tiros a una persona durante una oscura noche del barrio de Villa Lugano. La noticia da cuenta de la caída en el abismo de lo inevitable del líder de una banda de rock.
Paco, drogas duras (ilegales y de las otras), violencia callejera, abuso de armas; el hecho tiene todos los condimentos para permanecer durante semanas al tope de las noticias publicadas y consumir miles de caracteres en las redes sociales, para después de un tiempo fundirse en la frías estadísticas que convierten en números a las víctimas y los victimarios; personas de carne y hueso que matan y mueren en la ciudad capital de la República Argentina.
Nuestra sociedad suele analizar tragedias como estas desde la reacción, es decir, después de producidas, cuando el daño está hecho y lo irreparable de la situación solo deja lugar a la intervención del derecho penal, a la venganza organizada, daño por daño en el marco de la ley. Sin embargo, un análisis inteligente de la situación debería, además de darle intervención al sistema judicial para "hacer justicia", considerar lo sucedido para implementar políticas públicas que se adelanten al conflicto y puedan prevenir sucesos lamentables como este cuando esto sea posible.
Pity Álvarez, al igual que su víctima, vivía en el barrio de Villa Lugano, en la comuna 8 de la Ciudad de Buenos Aires, que, junto a las comunas 7, 4 y 1, ocupan el sur de la ciudad, donde vive cerca de un tercio del total de los que la habitan. En estas 4, sobre un total de 15 comunas, se ha producido el 72% de los homicidios durante 2016, con tasas similares a las de los países más violentos. Es decir que en menos del 30% del territorio de la Ciudad se produjeron casi tres de cada cuatro muertes.
Igual que en el caso que hoy es noticia, el 46% de los homicidios se produjo en barrios de emergencia, el 59% fue con armas de fuego de obvia tenencia ilegal que proliferan en estas zonas, y el lugar elegido —la calle— es el mismo que en el 77,5% de las muertes violentas.
El cantante de Viejas Locas conocía a la persona que mató, también pasó esto en el 43% de los homicidios y la muerte fue consecuencia de una discusión entre ellos, como ocurrió en el 38,78% de los casos.
La violencia se convirtió en regla para resolver muchos de los conflictos interpersonales al sur de la avenida Rivadavia. El más fuerte "tiene razón" y aplica su ley para establecer que "es justo" ante el miedo de los más débiles y la ausencia de un Estado que decidió convertirse en comentarista de la realidad, delegando su rol indelegable en la prevención y respuesta inteligente ante los más graves problemas que tiene nuestra sociedad.
Las causas de lo que ocurre en esas zonas de la Ciudad no son desconocidas para quienes deben implementar políticas públicas destinadas a prevenir estas consecuencias, las profundas desigualdades con las que se distribuyen los recursos públicos tienen su más grave impacto en las frías cifras de homicidios. A la (re)conocida mala calidad y escasa oferta de los esenciales servicios públicos de educación y salud que impacta en la calidad de vida de los ciudadanos que viven en estas comunas, se agrega la grave situación que producen los consumos problemáticos en jóvenes y adultos de la ciudad.
En el año 2015 el Gobierno de la Ciudad publicó un relevamiento realizado sobre alumnos de escuelas medias; de ese estudio surge que el alcohol es el principal problema que atraviesan los jóvenes en la Ciudad. El 83% de los alumnos de escuelas de enseñanza media de la Ciudad asumen haber consumido aperitivos durante el último mes y el 64% bebidas fuertes (principalmente vodka). Además, el 45% de los estudiantes asegura haber "tomado más de la cuenta" más de tres veces en el último mes. Le siguen el tabaco, con el 28%, la marihuana (22%), y la cocaína e inhalantes, con el 3% cada uno.
Seguramente a todos nos preocupan estos datos publicados en la web del gobierno de la Ciudad, que señalan a las claras la emergencia en la que se encuentra nuestra ciudad en general, pero los jóvenes en particular, en lo que a consumos problemáticos se refiere y al impacto que estos tienen en la vida de estos jóvenes y del conjunto de la sociedad en la que están inmersos. Sin embargo, preocupa todavía más la falta de políticas públicas responsables para disminuir el daño que estos consumos producen y evitar que ingresen a este mercado los que todavía no lo han hecho.
La Ciudad de Buenos Aires no puede darse el lujo de mirar para otro lado; recursos no le faltan, tampoco leyes que la obliguen a hacer algo ni burocracia que financiemos todos bajo la excusa de que se van a ocupar de lo que, en el mejor de los casos, hacen con pésimo resultado.
El caso de Pity Álvarez da vueltas por las redes, los canales de televisión, las radios, las webs y los diarios porque se trata de un personaje conocido. Pero a menudo hay muchas más situaciones como estas que, en ocasiones, y solo por suerte, no llegan a resultados tan trágicos como el que hoy nos ocupa, otras veces también se mata y se muere, pero como son hijos de la pobreza y la marginalidad que preferimos no conocer y el Estado invisibiliza, no llegan a nuestro conocimiento. Son nuestros vecinos, nuestros amigos, familiares, nuestros hijos.
El derecho penal es un recurso posible y necesario. En ocasiones, la policía, la Justicia y la cárcel deben intervenir, pero cuando esto sucede, ya es tarde, porque el daño se produjo y en casos donde la muerte es el impulso del sistema penal, el daño es irreparable por más Justicia que haya, que además sabemos que no alcanza a todos los autores de las conductas que llamamos delito, porque también acá la regla es la impunidad.
El desafío de un Estado moderno y de iguales en oportunidades es anticiparse a estos problemas, y la mejor forma es asegurando derechos esenciales como el acceso a la salud y la educación. Prevenir es el mejor camino posible y eso sería mucho más que un cambio, eso es una verdadera evolución.
El autor es legislador de la Ciudad por Evolución, abogado, profesor de la UBA en derecho constitucional y derechos humanos. Especialista en prevención del delito y sistemas penitenciarios.