Por qué era necesaria la creación de una organismo que investigue accidentes marítimos

El Gobierno oficializó este martes una las medidas que con mayor énfasis reclamaban las familias de las decenas de marinos desaparecidos en los últimos años. Se trata de la creación de la Junta de Accidentes Marítimos, una entidad autónoma dependiente del Ministerio de Transporte e integrada por representantes de organismos relacionados con el quehacer marítimo y naval.

Tradicionalmente, el Ministerio de Transporte -en sus distintas variantes a lo largo de los años- desconoció su responsabilidad en lo atinente a la seguridad marítima y al dictado de normas en forma análoga a lo que hace en todos los otros medios de transporte de pasajeros o cargas de la Argentina. No obstante, en los considerandos de la creación de la junta reconoce explícitamente su responsabilidad en la materia.

Del mismo modo el Ministerio de Seguridad, ante cada tragedia marina y a pesar ejercer la responsabilidad política de la conducción de las fuerzas federales de seguridad, descargó en la Prefectura Naval todas competencias ligadas ligada a atención del siniestro, salvaguarda de la vida de la gente de mar y determinación de las causas del accidente.

La Armada Argentina, entre tanto, mantiene aún en estos días una vetusta y en la práctica inoperante estructura denominada "Tribunal Administrativo de la Navegación". Nacido bajo el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía, este obsoleto "fuero especial" debería en teoría abocarse al juzgamiento de acaecimientos de la navegación de gravedad superior, ya sea por la pérdida de vidas que originan o por un daño ambiental de proporciones. Su presidente, un oficial superior de la fuerza naval, está -aunque parezca increíble- habilitado para detener personas, pasando por encima del propio Poder Judicial de la Nación.

La resolución conjunta de los Ministerios de Transporte y Seguridad determinará en la práctica la disolución de este fuero. De hecho, los diputados consultados coinciden en que deberán redactar una ley para terminar con este tribunal. Por otra parte, la nueva junta liberará a la Prefectura Naval de la investigación de sucesos marítimos, sin perjuicio de la responsabilidad que la propia junta o las leyes en vigencia le otorguen como única Autoridad Marítima de la Nación.

Acorde a los tiempos que corren, la resolución conjunta aclara expresamente que la creación de esta Junta de Accidentes no demandará erogaciones presupuestarias extras. El comité ejecutivo estará integrado exclusivamente por miembros de los ministerios de Transporte y Seguridad, previéndose asimismo el llamado a un Consejo Consultivo, que admite la integración a las deliberaciones a representantes de otras áreas de gobierno.

De esta manera y en forma análoga a lo que ocurre con el transporte aerocomercial, de ahora en más será un organismo de carácter político (aunque asesorado en lo que corresponda por la Prefectura Naval) el responsable de esclarecer naufragios o colisiones graves como las sucedidas en los últimos tiempos.

La doctora Lorena Arias, hija de un marino desaparecido y patrocinante de familias del Repunte, el Rigel y el ARA San juan, manifestó ante Infobae su satisfacción por este importante avance. Sin embargo, admite: "Es un camino que recién comienza, hay mucho por hacer todavía para que no sigan muriendo argentinos que se hacen a la mar para ganar su pan".

Jornada de reflexión sobre tragedias navales

Anexo de la Cámara de Diputados de la Nación, sala de reuniones número 1. Sobre la media tarde del 11 de julio, comienzan a ocupar sus lugares legisladores, asesores, representantes de la industria naval y de los gremios marítimos. También lo hacen trabajadores de Astilleros Río Santiago y Tandanor mezclados con sindicalistas de la talla de Víctor De Gennaro y Hugo "Cachorro" Godoy. Pero todas las miradas, las atenciones y los posteriores discursos estarán dirigidos mayoritariamente a ellas, a ese grupo de mujeres que conforman las viudas, madres, hermanas e hijas de los marinos muertos en los pesqueros El Repunte, Rigel y San Antonino, del buque Polaris y del ARA San Juan.

Organizada por la Comisión de Intereses Marítimos Fluviales y Pesqueros de la Cámara de Diputados, la primera "Jornada de reflexión sobre tragedias navales en la Argentina" marcó, según la opinión unánime de los asistentes, un verdadero punto de inflexión en la forma que el poder político abordará la temática naval en aguas argentinas.

En el país de las brechas infinitas, el espanto, dolor, y hastío por la indiferencia histórica del Estado Argentino en todo lo que ocurre a un par de millas de distancia de sus costas, legisladores de todas las corrientes políticas se mostraron unidos y, de esa manera, se pudo ver una firme intención en poner un punto final a la falta de reglas de juego claras que permitan ejercer la profesión de marinos y pescadores en condiciones de seguridad acordes al riesgo que la actividad conlleva.

Unidas bajo el colectivo "Ni un hundimiento más" y con Gabriela Sánchez (hermana del desaparecido capitán del pesquero "El Repunte") como impulsora principal, familias de este barco y de otros buques siniestrados en los últimos años hicieron oír ante los más diversos organismos del Estado Nacional y Provincial sus reclamos por la escandalosa sucesión de catástrofes marinas acaecidas mayoritariamente en la actividad pesquera.

Durante la jornada de reflexión quedó en claro que el deterioro que el sector marítimo y fluvial del país viene sufriendo en los últimos 30 años ha ido en constante aumento. A pesar de contar con un potencial de mano de obra e instalaciones que harían posible desarrollar construcciones navales de envergadura y dignas de competir con unidades extranjeras, la realidad indica que, para el caso de la flota pesquera, las unidades superan en muchos casos los 50 años y las órdenes de construcción locales son escasas. Por otra parte, el propio Estado prioriza a la hora de renovar o incorporar unidades para la Armada y la Prefectura Naval, contratos en el exterior por sobre la mano de obra nacional.

Además, desde varios sectores industriales y gremiales se reclamó al Poder Ejecutivo por los vetos parciales a las nuevas leyes de fomento para la Marina Mercante e Industria Naval. "Las vaciaron de contenido, nos dejaron leyes que no sirven para nada", indicaron los obreros navales.