En un sistema democrático la pobreza se reduce cuando las personas son sujetos activos de derechos y con la asignación universal tienen capacidades reales de ejercerlos. Las situaciones de pobreza se agravan cada vez más con las actuales reglamentaciones y por los nuevos productos y servicios que en la actualidad son necesarios para poder desarrollarse.
Las personas necesitan ingresos inmediatos para comer en su hogar con su familia, pagar un transporte al hospital o la factura de luz, zapatillas o comunicarse con la escuela y el Estado debe facilitar esos ingresos.
La recuperación personal de los asalariados comienza con las eliminaciones específicas de obligaciones o cargas al trabajo, es decir, el salario nominal debe ser igual al del bolsillo. La población en general mejora sus ingresos cuando se reducen todos los impuestos como consecuencia de la eficiencia del gasto público.
La distribución digital con destino social en forma directa, bancarizada y específica para cada uno de los consumos básicos permite reducir más del 60% de todos los impuestos. El pequeño aporte de distribución a las personas es el capital necesario que incentiva para realizar el propio trabajo para el desarrollo personal y de su grupo familiar.
La distribución es para consumos con libre elección del proveedor y será el 50% destinado a alimentos, transporte y comunicaciones, y el restante 50% a salud, educación, vestimenta, vivienda, servicios públicos y esparcimiento.
El monto a distribuir mensualmente por persona es una cuarta parte de la ponderación entre la canasta básica de alimentos y la total (CBT) para la familia de cuatro personas. Y este monto por toda la población documentada es menos de la mitad de la recaudación nacional con destino social.
Con menos del 9% del PBI (3 dólares x 365 días x 40 millones de documentados sobre PBI 500 mil millones de dólares), desaparece la pobreza extrema, genera mayor trabajo personal. Además este monto incentiva la economía de todo el país porque multiplica los consumidores en cualquier zona o pueblo que se encuentren. Esta distribución de impuestos se hace sostenible porque, al ser compras registradas, el Estado recupera los impuestos de toda esta operatoria.
De ahí surge la absoluta posibilidad de reducir 60% los impuestos en general y pasar del 9% al 100% de la población el reparto digital de la seguridad social, es un cambio profundo al permitir eliminar totalmente las cargas obligatorias al trabajo formal de empleados y empresas, como también absorber las decenas de miles de programas, planes y acciones sociales superpuestos de ministerios, secretarías, entes, etcétera, existentes en los niveles de Estado nacional, provincial, municipal. Y replantea las acciones de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y su voluntariado.
El exceso de reglamentaciones perjudica, por ello, para mayor incentivo personal, laboral, empresarial o social deben siempre aplicarse las responsabilidades civiles y no las reglamentaciones laborales para las actividades en donde trabajen menos de 18 personas, incluyendo los titulares o familiares.
En situaciones de crisis reiteradas, la seguridad social digital de distribución de los impuestos a todas las personas, desde las carentes de ingresos o con ingresos insuficientes hasta el 3,80% de las personas con mayores ingresos, es mucho mejor que "hacer un pozo y volverlo a tapar que tener gente desocupada" como señalaba John Maynard Keynes.
El autor es presidente de la Fundación Milenio Sin Pobreza.