Hoy, empresas, organizaciones, universidades y movimientos sociales tienen capacidades y saberes que exceden, en muchos casos, el conocimiento y la voluntad de intervenir del Estado en políticas públicas.
La planificación tradicional, basada en la racionalidad científico-técnica, que supone un actor único, fuerte y fundamental para resolver demandas, cambia para dar lugar a una nueva planificación. En ella, la participación multiactoral se hace fundamental para planificar y legitimar las políticas de cara a la sociedad. Es importante crear espacios de intervención, procesos en los que múltiples actores sociales dialoguen y consensuen la toma de decisiones para el mediano y largo plazo.
En Argentina, tenemos distintos ejemplos de gestión participativa. El presupuesto participativo surge tras la crisis del 2001, como respuesta a la necesidad de relegitimación de las autoridades políticas. Consiste en un proceso de intervención de la ciudadanía en el que, junto al gobierno, decide qué políticas públicas se deben implementar con una parte del presupuesto. Aparece como un mecanismo de participación directa y universal que redefine la relación Estado–sociedad.
Por otro lado, las políticas de gobierno abierto redefinen el modelo de la gestión de la administración pública. Apuntan a la consolidación del Estado de derecho a través de la profundización de vínculos entre las instituciones y los ciudadanos, impulsando la democratización. En términos concretos, brindan un sistema de participación en el que se garantiza el acceso ciudadano a la información (bien fundamental para la toma de decisiones) y mayor transparencia de los gestores políticos (como herramienta de control).
La participación no implica solo un cambio de época, ni un mero salto cualitativo en el método para diseñar políticas públicas; implica una instancia democratizadora que viene a reforzar la ciudadanía. El ciudadano ya no es solo objeto de las políticas públicas, es también sujeto que forma parte del proceso de discusión y decisión.
Más de la mitad de la población mundial vive en ciudades. Es un desarrollo dinámico y constante ante el cual las formas de gobernar parecen quedar obsoletas para abarcar temáticas complejas que vinculan a distintos actores sociales. El Área Metropolitana de Buenos Aires contiene el 38% de la población del país. Está integrada por 40 gobiernos municipales, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires y el Gobierno federal. Representa la segunda región más pobre de la nación, donde existen extremos agudos de pobreza, riqueza, desocupación, marginalidad y concentración de recursos.
La fragmentación socioeconómica y territorial que sufre esta región, sumada a la multiplicidad de jurisdicciones, impone la necesidad de una agenda de políticas públicas a largo plazo. Una mirada metropolitana en la que el Estado planifique con fuerte participación de la sociedad civil, construyendo espacios de cooperación regional.
Para entender cómo la participación se ofrece como método válido para la resolución de conflictos complejos, en Río de Janeiro, el programa de urbanización Favela Barrio integró las áreas que no formaban parte de los beneficios de la vida urbana. El programa hizo posible la regularización de la propiedad del suelo, construyendo infraestructura, servicios y equipamientos. Dejó como resultado la conversión de los asentamientos espontáneos en barrios formales, sacándolos de la irregularidad y abriéndolos a una ciudadanía formal.
Este tipo de políticas de integración urbana no se pueden llevar adelante hoy sin participación. En la CABA se están llevando a cabo siete proyectos de urbanización de barrios populares con estrategias participativas a través de mesas barriales. El desafío a resolver pasa por la integración socioeconómica y la planificación del uso del suelo lindero de los barrios.
Facilitar y promover espacios de discusión, aportando distintas miradas de sectores que tengan intereses o saberes respecto a las demandas sociales, es imprescindible a la hora planificar políticas públicas en las grandes ciudades.
La tecnología, como herramienta que facilita la relación entre los actores, es otro componente fundamental para incorporar en los procesos participativos de megaciudades con vastos territorios. Ya no es necesario trabajar presencialmente algunas cuestiones. La nube nos ofrece la posibilidad de procesar una gran cantidad de datos pertinentes de miles de actores. Hoy, los encuentros cara a cara son para tomar decisiones con datos certeros. Si la participación refuerza la democratización, la tecnología puede hacerla más eficiente.
El Estado debe tener en cuenta las complejidades de cada situación a resolver, los diferentes recursos que pueden brindar a la discusión los actores involucrados, y los grados y las bases de poder con los que cuentan.
El mercado, por su parte, debe articular sus intereses consensuando sus acciones con un Estado presente que planifica políticas de largo plazo para el desarrollo nacional. Las asociaciones público-privadas parecen ser una evidencia de este camino a recorrer.
El autor es director ejecutivo de Fundación Metropolitana.