¿Qué tiene que ver el aborto legal con la extinción de dominio?

Nada, no tiene nada que ver. Pero considerando el empeño por juntarlos que han hecho algunos sectores que se oponen a la aprobación en el Senado del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo (en adelante IVE), vale la pena detenerse a hacer algunas aclaraciones. Previo a ello, recordemos que el proyecto de IVE aprobado en la Cámara de Diputados ingresó hace pocos días al Senado y que, a pesar de fuertes intentos por demorarlo, recibirá dictamen de comisiones el 1º de agosto y será debatido en el recinto el 8 del mismo mes. Por su parte, el proyecto de extinción de dominio, sobre el que escribí aquí, fue aprobado por la Cámara de Diputados en un trámite exprés en 2016, una semana luego de que estallara el escándalo de los bolsos del ex secretario de Obras Públicas, José López. Hasta ahora ha sido frenado básicamente por el peronismo y el kirchnerismo, aunque no han faltado voces críticas dentro del oficialismo, preocupadas por cómo la norma —tal como fue aprobada en Diputados— podría afectar garantías constitucionales. En caso de no ser tratado por el Senado, el proyecto perdería estado parlamentario a fin de año.

Lo primero que debemos aclarar es que no hay ninguna razón por la cual el Senado podría verse impedido de aprobar la extinción de dominio si, a la vez, convirtiera en ley el proyecto de IVE. Hay suficiente tiempo y recursos para tratar ambos temas con la premura que ameritan. En todo caso, las posibilidades que tienen los proyectos de convertirse en ley dependen de la voluntad política de los senadores. Y en este aspecto tampoco hay superposiciones que pudieran hacer depender la suerte de un proyecto de lo que ocurra con el otro. Excepto, claro, que alguien estuviera dispuesto a negociar su voto en un caso por su voto en el otro, como si la vida y la salud de las 47 mil mujeres, niñas y adolescentes que ingresan cada año al sistema de salud pública por complicaciones derivadas de abortos clandestinos pudieran, por caso, comerciarse a cambio de los autos de los narcos y los yates de los corruptos.

Si no creemos que los senadores estén dispuestos a hacer tal cosa, pues entonces resulta difícil comprender cómo fue que los términos "aborto legal" y "extinción de dominio" llegaron siquiera a enunciarse en una misma oración desde que ingresó el proyecto de IVE al Senado. Quienes los pusieron allí juntos advierten lo que consideran una inconsistencia lógica: ¿cómo es posible que el peronismo y el kirchnerismo estén tan apurados por aprobar la IVE en el Senado cuando se pasaron los últimos dos años frenando el tratamiento de la extinción de dominio?, se preguntan.

Sobre esto, algunos puntos. Creo que, en efecto, desde 2016 hubo un freno deliberado al proyecto de extinción de dominio por parte de sectores objetivamente vinculados a ex funcionarios y empresarios cuyo patrimonio podría verse afectado si la ley se aprobara. Además, comparto la preocupación de la sociedad al respecto, pues promuevo el recupero de activos desde hace años, con la convicción de que se trata del modo más efectivo de combatir la criminalidad económica organizada.

No obstante, como señalé cuando se aprobó en la Cámara de Diputados, el proyecto de extinción de dominio en discusión podría entrar en conflicto con garantías constitucionales y es muy pobre desde el punto de vista técnico. Ello se explica porque, como suele ocurrir con las reformas anticorrupción, se aprobó en un apuro para calmar los reclamos de la ciudadanía, en este caso para que se recupere "lo robado" en el marco del escándalo del convento.

En definitiva, se trata de un proyecto necesario y urgente, pero el Senado debería introducirle reformas. Una buena propuesta que, además, tenga posibilidades de obtener los votos necesarios para convertirse en ley debería orientarse, como dije en aquella oportunidad, a incorporar el denominado "decomiso ampliado" al artículo 23 del Código Penal y a extender en la misma norma el ya vigente "decomiso anticipado" a todos los delitos económicos complejos, eliminando el requisito de que concurran causales de suspensión o extinción de la acción penal e incorporando prueba indiciaria en relación con el origen ilícito de los bienes.

Por último, como también señalé cuando se aprobó el proyecto en Diputados, aun si se dictara una ley razonable de extinción de dominio, ello no resolverá los múltiples obstáculos que impiden que la Argentina recupere activos producto de delitos graves. En efecto, el diagnóstico muestra que, más allá del marketing, la dirigencia política y los operadores judiciales tienen mucho que hacer para lograr que fiscales y jueces:

-hagan investigaciones patrimoniales para localizar activos desde el día uno en todas las causas de criminalidad económica compleja (en lugar de que se dicten procesamientos con embargos megamillonarios que solo existen en la cabeza del juez, porque no se traban sobre ningún bien concreto previamente identificado y localizado);

-cautelen los bienes en forma temprana (en vez de que pasen dos, tres o más años sin que nadie de las muchas personas que ven una causa lo adviertan);

-ataquen activos de origen lícito equivalentes al valor del producto del delito cuando este no puede ser localizado (no permitido por la legislación vigente);

-los administren en forma adecuada para preservar su valor mientras dura el proceso (en lugar de, por caso, permitir que la Prefectura use la ferrari del presunto testaferro del Pata Medina);

-decomisen sin condena en determinados casos en que las buenas prácticas lo aconsejan (hoy solo habilitado en poquísimos supuestos y casi nunca aplicado);

-ejecuten los activos en favor de las víctimas del delito (por ejemplo, en los casos de trata de personas) y asegurando su uso para fines sociales directos (por caso, hospitales y escuelas con los bienes provenientes de la corrupción y del narcotráfico); y

-aprovechen los mecanismos de cooperación internacional para rastrear, localizar, cautelar, decomisar y repatriar activos que se encuentran en el extranjero (un estudio que hicimos en 2009 desde la Universidad de San Andrés mostró que el 60% de las solicitudes de asistencia mutua legal formuladas por jueces penales en causas de corrupción, los famosos exhortos, no tuvieron respuesta o fueron rechazadas).

Nada de esto se resolverá con una ley de extinción de dominio. Lamentablemente, los problemas estructurales recién mencionados les importan poco a quienes se obsesionaron con la extinción de dominio sin saber muy bien de qué se trataba y se la vendieron a la sociedad como la gran solución a los problemas del narcotráfico y la corrupción en la Argentina. Desde luego, a quienes se oponen a la extinción de dominio y, a la vez, no tienen nada que ofrecer para mejorarla o reemplazarla, tampoco les importan estos problemas estructurales ni ningún otro vinculado al recupero de activos porque quieren mantener el statu quo.

Por último, nada de todo esto tiene relación alguna con el proyecto de IVE. Cuando se debatió el aborto legal en Diputados, señalé aquí que un dogma no es una razón. En el sistema democrático que los puso en donde están, los legisladores tienen el deber de ofrecer razones públicas para justificar su voto, es decir, argumentos imparciales que puedan ser aceptados por cualquier persona autónoma, cualesquiera que sean sus creencias personales, sean morales o religiosas. Los dogmas, los prejuicios, las proposiciones que no resisten evidencia empírica y las inconsistencias lógicas no son razones.

El intento de demorar el tratamiento del proyecto de IVE en el Senado y su pretendida justificación en el bloqueo del proyecto de extinción de dominio caen en esa misma bolsa de la sinrazón. Además, al originarse en la vicepresidente, cuyo único rol constitucional en el Senado es el de moderar los debates y votar en caso de empate, pone en cuestión la promesa del Presidente de que no intervendría a favor ni en contra. Voten como voten la extinción de dominio, la declaración de interés de la orquesta sinfónica nacional o la de las iglesias y las capillas de la Quebrada de Humahuaca, por mencionar algunos proyectos tratados en las últimas sesiones, es imperioso que los senadores actúen con la responsabilidad que este momento histórico les demanda y ofrezcan razones públicas para debatir sin más demoras la ley de IVE.