El Conurbano sur es clave en el mapa delictivo de la provincia de Buenos Aires. Allí han sentado base de operación bandas del crimen organizado que el Ministerio de la provincia de Buenos Aires, el de la nación y humildemente nosotros, desde el municipio, combatimos a diario.
Este miércoles, como resultado de un trabajo en conjunto de la Policía Federal, división Sustracción Automotores, coordinada por la Dirección Nacional de Investigaciones y la Secretaría de Seguridad de Lanús, se realizó el desmantelamiento de un gran desarmadero de autopartes, en la zona de Lanús este. Se incautaron más de cuatro millones de autopartes ilegales.
Este megaoperativo es relevante por varias cuestiones. La primera de ellas, porque es el golpe a los desarmaderos más grande que haya dado la gestión de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La segunda es por ser un ejemplo de articulación tanto entre fuerzas de seguridad de distintas jurisdicciones como entre la pata de la seguridad y la pata de la Justicia, dos dimensiones de la gestión en seguridad cuya relación venimos trabajando de manera prolongada en Lanús. Finalmente, la tercera razón de la relevancia de este operativo es que da un mensaje muy contundente al crimen organizado.
Todos estos factores son igualmente importantes, pero me gustaría enfocarme en el segundo, ya que es el que más se inscribe en mi trabajo, primero como secretario de Seguridad y ahora como jefe de gabinete de Lanús. Estoy hablando de la descentralización de la Justicia, teniendo Lanús sus propios fiscales y jueces de garantías.
El 29 de marzo de este año, desde el municipio presentamos una denuncia ante la fiscalía descentralizada número 1 con evidencias de la existencia de este gran desarmadero de autos que finalmente pudo ser desmantelado. La denuncia la tomó el fiscal Mariano Leguiza.
Luego de esto, la investigación de Policía Federal Argentina, a través de la división Sustracción de Automotores, en conjunto con la Secretaría de Seguridad de Lanús, dio lugar a este megaoperativo.
La articulación de distintas fuerzas y actores es clave en la lucha contra el crimen organizado, ya que este se sirve de las zonas grises de la legalidad, tal y como lo son las competencias jurisdiccionales, subterfugio que emplean los delincuentes para evitar las sanciones locales y que demanda de la intervención del Estado nacional.
Por medio de este gran trabajo en conjunto hemos demostrado al crimen organizado que el Estado también se organiza para combatirlo. Solo así los delincuentes no tendrán lugar donde esconderse.