La meta relevante del acuerdo con el FMI

Después de poco más de 18 años, la Argentina volvió al auxilio del Fondo Monetario, para cubrir el bache de las cuentas externas y no afectar la  posición de reservas del Banco Central, que se sumó al historial de 26 compromisos financieros asumidos en distintas circunstancias históricas que se inician en 1958.

El último entendimiento con el FMI se registró el 17 de enero de 2003, reflejado en un acuerdo financiero stand by durante la presidencia de Eduardo Duhalde, mientras era ministro de Economía Roberto Lavagna y la negociación estuvo a cargo del entonces presidente del BCRA, Alfonso Prat Gay con el director gerente del Fondo, Horst Köhler, luego presidente de Alemania entre mayo de 2004 y mayo de 2010, cuando renunció al cargo luego de que declara a la prensa que "los intereses comerciales justifican una acción militar".

Como ha sido tradicional, la aprobación de una asistencia financiera especial, incluyó la denominada Carta o Memorandum de Entendimiento entre las autoridades argentinas y los técnicos del FMI, donde se fijan metas cuantitativas y cualitativas que ofreció el equipo económico para revertir las causas que dieron origen el pedido de financiamiento para las necesidades del resto del año.

Entre ellas se incluyan metas anuales de nivel del déficit fiscal como porcentaje del PBI; variación del gasto público, también en relación al PBI; crecimiento de la economía; y variación de los activos externos del Banco Central, principalmente.

Desde el cambio de gobierno el 10 de diciembre de 2015, el presidente Mauricio Macri y su equipo de ministros se propusieron eliminar las ataduras y cepos que acumuló la economía en la década previa, principalmente en los  últimos cuatro años, y retomar la senda del crecimiento y bajar la inflación, dos elementos indispensables, aunque no suficientes, para reducir la pobreza.

Eso fue reconocido en la síntesis de la revisión anual de las cuentas nacionales y finanzas públicas que hizo el FMI en 2017, en cumplimiento del mandato del Artículo IV de constitución del organismo sobre los países miembros, que concluyó el 18 de diciembre  y que en el informe a la prensa del 29 de ese mes sostuvo: "el gobierno de Argentina ha corregido múltiples distorsiones y ha dado pasos importantes para restablecer la integridad y transparencia en las operaciones del sector público. Estas nuevas medidas han afianzado la economía y han corregido muchos de los más apremiantes desequilibrios macroeconómicos. Argentina está experimentando una sólida recuperación tras la recesión del año pasado y, pese a la consolidación fiscal prevista y los esfuerzos de desinflación en curso, se espera que el crecimiento se consolide en los próximos años. La inflación continúa disminuyendo, aunque a un ritmo más lento que el fijado como meta del Banco Central".

Cambio de escenario y algo más

Pese a semejante espaldarazo, más allá de la inesperada peor sequía en 50 años, en menos de tres meses las condiciones financieras y, a partir de ahí, las macroeconómicas de la Argentina, cambiaron radicalmente a partir de que los EEUU precipitara un cambio de política monetaria que cambió el sendero de las tasas de interés y del valor de las divisas, justo cuando comenzara a regir un nuevo impuesto local, a la renta financiera, y las fuerzas de oposición se unieron para impulsar la marcha atrás de la política tarifaria.

Los efectos inmediatos son conocidos: se alteró la paz cambiaria; la reservas comenzaron a bajar por las intervenciones regulatorias del Banco Central; se aceleró la tasa de inflación y se debilitó la reactivación de la economía, y las cuentas externas mantuvieron un abultado déficit, tanto por el lado del intercambio comercial, como por los pagos de los servicios de la deuda, el atesoramiento cultural de los agentes económicos y familias, y el creciente rojo del turismo internacional.

Frente a ese escenario, la mayoría de los analistas económicos, y en particular en el Gobierno, creyeron que la causa de todos los problemas era el exceso de gradualismo en la baja del déficit fiscal, porque a partir de ahí se derivaban las necesidades  de financiamiento, la entrada de dólares que debían ser primero monetizados para pagar gasto corriente y financiero del Tesoro, pero luego absorbidos por el Banco Central, con la colocación de Letras a tasas cada vez más altas.

Pero al aparecer y extenderse las turbulencias financieras desde el 25 de abril, cuando el Banco Central infructuosamente intentó frenar la escalada cambiaria con la venta récord de reservas, comenzaron a aparecer reflexiones de economistas que pusieron el foco en los denominados déficit gemelos: fiscal y externo, porque advirtieron que ahí podría estar la restricción futura para el cumplimiento de los nuevos compromisos de pago de la deuda pública, y por tanto la causa del cambio de humor de muchos inversores internacionales que se manifestó en la escalada en más de 100 puntos en la brecha del índice de riesgo país con el de Brasil.

Es que al depreciarse la moneda a una velocidad superior a la tasa de inflación, y debilitarse la actividad económica, el PBI calculado en dólares también se deprecia y con ello todas las relaciones de deuda y pago de intereses respecto de esa variable suben fuertemente.

Activos externos del Banco Central

De ahí que no es casual que al poco tiempo de anunciar el Gobierno la vuelta al Fondo Monetario Internacional, como histórico prestamista de última instancia frente a crisis del sector externo de un país miembro, el Banco Nación Argentina, como agente financiero del Estado nacional asumiera el rol de intervenir en el mercado de cambios con los dólares que el Ministerio de Finanzas obtuvo de colocación temprana de deuda pública, en lugar del Banco Central, que debe velar con otros instrumentos por la reducción de la inflación y el aumento de la producción y el empleo.

A partir de ahí, la paridad cambiaria tendió a consolidarse en un rango levemente superior a $25 en el canal minorista, y sobre el filo de esa  banda para el mayorista, principalmente el comercio exterior y el pago de deuda externa privada y giro de utilidades, pero no evitó  que persistiera el drenaje de reservas, las cuales volvieron a posicionarse levemente por arriba de los USD 50.000 millones, ante el anticipo de la inminente llegada de fondos frescos del FMI.

Pero desde ese momento cabe esperar que el cumplimiento de la meta de activos externos sea más exigente, incluso que el fiscal, porque exigirá evitar nuevas apreciaciones caprichosas del peso, como parte de la política de desinflación, para comenzar a reducir los abultados déficit de balanza comercial y del turismo, principalmente.

Además, muchos creen que el Gobierno deberá trabajar más aceleradamente para evitar que la devaluación del peso de los últimos meses se traslade íntegramente a los precios internos, y posibilitar que se convierta en mejoras reales de competitividad cambiaria; sin que se repriman tarifas, como las del sector  energético que están dolarizadas.

En el nuevo escenario de esperado debilitamiento del consumo no se puede correr el riesgo de desalentar la inversión bruta fija, como la promovidas en el campo energético, con cambio en las reglas de juego al sector empresario que se convoca para reducir el déficit externo en esa área y genere empleos de calidad, porque entonces se limitaría aún más las posibilidades de retomar la senda de crecimiento, no sólo presente, sino más aún futura.

Y, también, pese a la falta de acompañamiento de la oposición, se deberá avanzar en políticas que alienten la baja del costo argentino y el aumento de la productividad empresaria, la cual virtualmente está estancada desde hace 10 años, por políticas que pusieron más el acento en el aumento de la presión tributaria y el costo del crédito, que en una decidida contención del gasto público que exigió crear gravámenes y recrear el financiamiento creciente al Tesoro, en detrimento del sector productivo.