Derecho al aborto: por un debate sin argumentos espurios

El derecho al aborto es un reclamo que comenzó junto con la democracia. El primer 8 de marzo de 1984, con la resaca de la dictadura a cuestas, las pancartas frente al Congreso hablaban en contra de la maternidad obligatoria. Poco tiempo después, la Comisión por el Derecho al Aborto fue el antecedente de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que el CELS integra. Desde 2005 la Campaña insiste, con la tenacidad de quienes defendemos los derechos humanos, por una ley que deje de coartar la libertad de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar para decidir, y que repare el grave cuadro sanitario ocasionado por la penalización del aborto.

Hoy, a 34 años de aquella escena inaugural, celebramos que la democracia salde una deuda demasiado cara y debata en el Congreso de la Nación sacar el aborto del ámbito del derecho penal. En el plenario de comisiones pudieron exponer y ser escuchadas 724 personas a favor y en contra de los proyectos en discusión para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14. Varias de las exposiciones en contra de descriminalizar el aborto recurrieron, sin embargo, a argumentos que nada tenían que ver con el derecho, la ética ni la religión.

Durante la última jornada se destacó el testimonio del sacerdote de la Iglesia Católica, el padre Pepe. El sacerdote dijo: "Deberíamos recordar la defensa de la vida de tantos argentinos, en particular la de los débiles y sojuzgados haciendo un homenaje a las mujeres secuestradas en la ESMA y en otros lugares de detención clandestinos por resistirse a abortar y defender la vida aun en las terribles condiciones que les tocó vivir". Son varios los problemas que tiene esta afirmación. A las mujeres que estuvieron en los centros clandestinos de detención y tortura les arrancaron su voluntad, y su autonomía para decidir fue reducida a cero por el terrorismo de Estado. Tanto es así que hoy no están para participar de este debate y enunciar qué piensan del derecho a abortar.

Por otro lado, sus partos fueron objeto de un plan sistemático de la dictadura para robar a sus bebés, de acuerdo con la sentencia de la Justicia federal por la cual Rafael Videla fue condenado a 50 años de prisión junto a otros ocho represores. Por último, todavía falta encontrar 400 adultos apropiados y separados de sus madres que parieron en cautiverio. Nada dijo el padre Pepe sobre si está de acuerdo con que las mujeres pobres que abortan hoy sean criminalizadas y presas, ya no clandestinamente por el terrorismo de Estado, sino por el sistema penal de la democracia.

Todas las voces fueron oídas y muchas Iglesias pudieron expresar lo que sus credos les indican como norma de fe. Es importante repetir que la aprobación de la ley no implica la obligatoriedad del aborto para quien no lo desea y que no va en contra de la libertad religiosa. Es un derecho que las gestantes que eligen procrear puedan tener, sin ninguna interferencia del Estado. Lo que debe atender el Estado es justamente que debe garantizar que aquellas que deciden ejercer el derecho de no hacerlo, por los motivos que sea, accedan a un servicio de salud seguro para su vida, y puedan interrumpir su embarazo en condiciones de igualdad, seguridad y dignidad. Esto es lo que todavía no ocurre.

También escuchamos un uso espurio del derecho internacional de los derechos humanos. Sobre todo, quiero destacar la insistente referencia a la Convención de los Derechos del Niño y el ocultamiento expreso —y que busca perjudicar el debate en tanto no brinda información de calidad— de lo que justamente dice el comité, el máximo intérprete de la convención. Este comité recomendó a la Argentina avanzar hacia la despenalización del aborto y adoptar medidas urgentes "para reducir la mortalidad materna relacionadas con el aborto".

Esperamos con muchas expectativas la votación de las Cámaras de Diputados y Senadores, como lo está haciendo el resto de América Latina. La sociedad argentina, el movimiento de derechos humanos y los movimientos sociales han demostrado desde la recuperación de la democracia su capacidad de movilización para la conquista de derechos. En este caso, el liderazgo de los feminismos movilizó a toda la sociedad para que nuestra democracia dé un salto cualitativo en la lucha por la igualdad de las mujeres. Es el turno de diputados y senadores de transformar esta lucha en una ley que repare las discriminaciones históricas y contemporáneas por razones de género en nuestro país.

El autor es director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales.