La pobreza es nuestro enemigo, no los niños por nacer

Christian Hooft

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Trabajo hace 30 años con jóvenes. Por mi mente confluyen preguntas y reflexiones en torno a la razonabilidad y la coherencia de la despenalización del aborto, que tengo el honor de compartir con los señores legisladores de esta Honorable Cámara.

Gracias a la fuerte campaña mediática que logró instalar el tema en la agenda pública, hoy podemos como sociedad profundizar y sacar a luz muchos de los temas que no hemos discutido por años. Sin embargo, reconocemos que se han usado frases estratégicamente diseñadas para confundir y sesgar la discusión con argumentos falaces, que tratan de resaltar ciertos aspectos y ocultar otros.

Se habla de respetar la decisión de la mujer sobre su propio cuerpo, sabiendo que en verdad se trata de dos cuerpos humanos. Desde el momento de la concepción, el embrión envía señales moleculares a la madre para que ambos se coordinen como dos vidas distintas, en perfecta simbiosis durante toda la gestación. Un corazón que late no puede ser considerado parte del mismo cuerpo de la mujer. Es el regalo de la vida que está comenzando. Hoy lo podemos ver claramente con los ecógrafos de última generación.

Se minimiza la existencia del niño por nacer al considerarlo como un simple conjunto de células o un cuerpo que todavía no siente, así se pone en duda el comienzo de la existencia de la persona. No se toma en consideración el valor del cuerpo humano. Todo cuerpo humano es personal. La dimensión corporal es un elemento constitutivo de la persona humana. Un ser humano no tiene su cuerpo, él es su cuerpo. Ese cuerpo humano tiene un titular con nombre propio, una titularidad inalienable.

Se cuestiona el comienzo del ser humano. La biología molecular, la embriología médica y la genética nos enseñan que con la fecundación del óvulo por el espermatozoide empieza a existir un nuevo ser humano. Ese pequeño ser vivo ya pertenece a la especie humana: es un cuerpo humano en desarrollo, un organismo con un programa de vida individual. Tiene la capacidad de regular su propio desarrollo, que, si no se interrumpe, irá alcanzando los estadios evolutivos del ser vivo hasta su muerte natural.

Se unió el tema del aborto al movimiento de defensa de la integridad de la mujer, Ni Una Menos, queriendo hacer creer que quienes están en contra del aborto estarían a favor de la violencia de género, una absoluta y completa falacia. Estar a favor de la protección de la vida del niño por nacer no tiene nada que ver con apoyar la violencia contra la mujer. La violencia de género es un terrible flagelo que tenemos que atacar desde todos los ámbitos de la sociedad. No considerar los daños que provoca el aborto en la misma mujer sería aprobar un acto de violencia contra la propia mujer. Está comprobado que la decisión de acabar con la vida de su hijo trae consecuencias psicológicas de depresión y angustia en un altísimo porcentaje de madres. No es discriminar a la madre proteger la vida de su hijo.

Se alega que las mujeres ricas abortan y las pobres mueren. Lamentablemente, la pobreza causa muchos males en nuestro país y debemos luchar contra ella. La maternidad adolescente se da mayormente en contextos de desigualdad: 7 de cada 10 madres jóvenes pertenecen a hogares de bajos ingresos. La pobreza es nuestro enemigo, no los niños por nacer. Debemos invertir seriamente recursos en programas de educación sexual en niños y adolescentes, y proveer de métodos anticonceptivos; enseñar el valor de la vida humana y los riesgos de conductas irresponsables para evitar embarazos no intencionales. Ahí debe estar el foco, en las verdaderas causas del problema y no en las consecuencias. Debemos ayudar a las madres embarazadas para que no pierdan oportunidades ni laborales ni educativas si deciden tener a sus hijos. Tampoco podemos culpar al niño por nacer de la eventual mortalidad materna. Sería colocar a la víctima en el lugar de un victimario. Debemos proteger las dos vidas.

Es cierto que la protección de la vida del niño por nacer a través del Código Penal no ha logrado modificar la conducta que ha querido evitar. No resulta suficiente la mera existencia de la ley para disuadir la realización de determinadas conductas antijurídicas. Pero también es cierto que el Estado no ha implementado seriamente planes de prevención. En los últimos años se ha subejecutado el presupuesto de todos los programas de educación sexual y salud reproductiva. No es coherente decir que el aborto es una solución cuando ni siquiera hemos intentado prevenir de manera responsable los embarazos no deseados en poblaciones vulnerables, en especial entre los adolescentes. La sociedad toda, a través de las organizaciones no gubernamentales, debe ser parte.

  1. h) Finalmente, se ha tratado de justificar jurídicamente el aborto basado en plazos, cuando en realidad se funda en la voluntad discrecional de la madre, lo cual carecería de sustento constitucional. Toda norma jurídica debe ser razonablemente justa, tanto en su aspecto formal como material, para tener fuerza ordenadora, ejemplificadora y ser cumplida por todos. Si se pretende reglamentar un derecho, se debe desarrollar sobre la base de un fin social, sin destruir ningún derecho amparado en nuestra Constitución.

El principio de razonabilidad debe cuidar especialmente que las normas legales mantengan coherencia con las reglas constitucionales. Este principio es una garantía innominada que deriva de los artículos 28 y 33 de la Constitución Nacional, en conjunción con los artículos 16 y 17, y con el preámbulo de la Carta Magna. Una ley que legalice el aborto producto de la mera resolución de la madre de practicarlo sería irrazonable e inconstitucional para el derecho argentino.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) dispone, en su artículo 1, inciso 2: "Para los efectos de esta convención, persona es todo ser humano" y, en su artículo 4: "Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley, y en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente".

La ley nacional 23 849, al aprobar la Convención sobre los Derechos del Niño establece, en su artículo 2: "Con relación al artículo 1 de la Convención, la República Argentina declara que el mismo debe interpretarse en el sentido que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años de edad" y, en su artículo 6, inciso1, dispone: "Los Estados partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida".

Nuestro Código Civil y Comercial, en su artículo 19, establece: "La existencia de la persona humana comienza con la concepción". Según el artículo 665, se le otorga a la persona por nacer el derecho de reclamar alimentos al progenitor, por medio de la madre embarazada. Sería incoherente que el Código Civil le reconociera al niño por nacer el derecho de reclamar alimentos al progenitor y el Código Penal no protegiera el bien jurídico que implica su vida y autorizara a la misma madre a quitársela de manera discrecional.

Dejar de proteger el derecho a la vida de la persona por nacer no cumpliría con el principio de razonabilidad de las leyes, y no sería congruente con nuestra Constitución Nacional y los tratados internacionales que integran el bloque constitucional vigente en nuestro país. Sería un hecho completamente arbitrario y de imposible justificación jurídica, además de inconstitucional por donde quiera que se lo analice.

No es razonable teñir de solución a la práctica libre del aborto. Sería una alternativa que iría en contra de nuestros valores y principios como nación, nuestros derechos fundamentales expresados en la Constitución Nacional, nuestro más profundo sentido humano como especie, y en contra de la razón y el sentido común al seguir un camino que no trae verdadera solución al problema.

Jamás la solución podría ser privar del derecho a la vida de seres humanos en formación. Tampoco es aceptable mirar para otro lado y no hacer nada frente a la realidad social. Se deben defender las dos vidas en toda su amplitud: física, social y espiritual.

¿Quién es el hombre para decidir sobre la vida de otro hombre? ¿Qué es el ser humano como para ser capaz de dictaminar cuándo nacer, cuándo morir? Solo debemos tratar de ser coherentes entre lo que creemos, somos y hacemos como nación.

El autor es abogado, licenciado en Teología, magíster en Administración y miembro de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (Aciera). Esta nota es el texto de su exposición en la 9ª jornada de las comisiones en la Cámara de Diputados.

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