El aumento de las tarifas de energía y la reducción de subsidios para los usuarios de servicios públicos son uno de los mayores embustes del Gobierno de Cambiemos. La mitad de la energía eléctrica en Argentina se genera con base en gas natural. Lo que se oculta y se debe debatir no es cuánto se tienen que aumentar las tarifas de gas y electricidad ni cuánto les reducimos los subsidios a los consumidores, sino a cuánto ascienden los subsidios a los productores de gas y quién los terminará pagando.
Cuando el Presidente de la Nación y su ministro coordinador plantean que debemos llevar las tarifas a las del mercado internacional, están engañando a la población, porque el 76% del gas y el 97% de crudo que consumimos es de producción nacional: desde hace casi un siglo se extrae y se refina en el país con técnicos y trabajadores argentinos, cuyo salarios no están indexados a los del mercado mundial. Lo que se importa es el gas de Bolivia y el gas natural licuado (GNL), que es el más caro, pero es solo el 10% del total de gas que consumimos.
Recordemos algo que se viene ocultando: la producción de hidrocarburos es a través de concesiones, porque las reservas petroleras no son de las petroleras, sino de propiedad pública, según la ley nº 26197 y la Constitución Nacional. Las empresas petroleras solo extraen el petróleo y el gas del subsuelo y lo procesan. Por lo tanto, el precio del gas natural, en boca de pozo, debe ser el resultante del costo de extracción, más la amortización de las inversiones, así como la de una utilidad razonable para el concesionario que lo extrae.
El economista Carlos Leyba recordaba que, en el año 2004, las petroleras firmaban libremente contratos de provisión de gas natural a 1,50 dólares por millón de Btu y, en el año 2006, Pan American Energy, concesionaria de Cerro Dragón, el mayor yacimiento hidrocarburífero de la Argentina, renovó su contrato de concesión por 30 años, con la posibilidad de extenderlo por otros 10 años más, exigiendo un precio mínimo —o precio sostén— para el gas natural de 1,61 dólares por millón de Btu. Estos números, actualizados por la inflación de los Estados Unidos, dan hoy un valor de 2,16 dólares por millón de Btu.
Por otra parte, en el año 2017, YPF, el mayor productor de gas del país, informó a la Comisión de Valores de los Estados Unidos que el costo promedio de producción de gas natural para esa empresa era de 1,90 dólares por millón de Btu. De esta información se desprende claramente que el precio establecido por el Gobierno de Mauricio Macri no se corresponde con el costo de producción más una utilidad razonable para las petroleras, sino que las nuevas tarifas incluyen un subsidio a los concesionarios.
¿Por qué el Gobierno nacional fijó el precio del gas natural para los consumidores en 4,69 dólares por millón de Btu y quiere llevarlo a 6,78 dólares por millón de Btu en octubre de 2019? El embuste del ministro Juan José Aranguren, ex CEO de la Shell, es tan grande que les hace pagar a los argentinos la tarifa de gas más cara del mundo: en Estados Unidos se paga US$2,6 mm/Btu; en México, US$2,8 mm/Btu; en Brasil, US$4,3 mm/Btu; en tanto que en Canadá y Gran Bretaña se paga US$4 mm/Btu y en Japón, US$4,1 mm/Btu.
Si vamos a los combustibles, Argentina sigue teniendo las naftas más caras de América Latina, con un precio de US$1,5 por litro, mientras que en Chile cuesta US$1,1; en Brasil, US$1,06; en Paraguay, US$0,98; en México, US$0,91 y en Bolivia, US$0,52 por litro.
Nosotros interpelamos al ministro Aranguren en mayo de 2016 y le preguntamos: ¿Cuál es el costo de producción del gas natural? Reiteramos esa pregunta en la famosa audiencia pública del gas natural, en septiembre de 2016, pero Aranguren nunca contestó no solo a la cuestión del costo, sino a ninguna de las preguntas de los 300 expositores. Este subsidio debe ser explicitado y justificado, ya que entre los años 2013 y 2017 las petroleras recibieron del Estado nacional, a través del Plan Gas, 5650 millones de dólares de subsidios por el excedente de gas natural inyectado a la red.
A lo cual cabe añadir los 35 mil millones de dólares que los consumidores transfirieron en forma directa a las petroleras entre los años 2011 y 2016. En el año 2009, el barril tipo Medanito cotizaba a 43 dólares y en el 2011, a 62 dólares, por los sucesivos aumentos de los combustibles y la implementación de un precio sostén diferencial para el petróleo crudo de producción local (el denominado "barril criollo"), con el propósito de mantener los niveles de actividad y empleo en el sector petrolero. Resultó un embuste fantástico: mientras el precio del crudo bajaba en todo el mundo hasta menos de 30 dólares el barril, en nuestro país subía, y el nivel de producción y de reservas cayó a su nivel más bajo desde 1998. Se perdieron decenas de empleos en la industria petrolera y muchas empresas contratistas se fueron.
Debe entenderse que los consumidores de gas natural son clientes cautivos de los concesionarios y por eso su precio está regulado por el Estado: como árbitro que es no puede desconocer el costo de producción de un bien que regula.
Sin embargo, el Gobierno Macri oculta el costo del gas natural, desinforma a la opinión pública y lanza tarifazos que son un castigo para la producción nacional. ¿Con energía y combustibles caros cómo puede la industria producir y competir en el mercado interno y el externo? Cada aumento de las tarifas es un disparador de la inflación y del costo industrial argentino.
La dirigencia política, empresarial, sindical y el periodismo deben reclamar una auditoria pública del costo del gas, los combustibles y la electricidad. El debate parlamentario no debe centrarse en la manera de reducir los subsidios a los consumidores, sino en por qué razón vamos a seguir subsidiando con cifras millonarias a las petroleras y las multinacionales que operan en el país. La energía es un derecho humanos establecido por la ONU, necesitamos debatir y consensuar un proyecto estratégico que contemple nuestra soberanía energética.
El autor es senador nacional de Proyecto Sur.