Nos encontramos inmersos en un mundo digital interconectado en el que nos desenvolvemos y convivimos tanto con sus efectos positivos como negativos. La incorporación de innovaciones tecnológicas ha modificado las conductas humanas. Desde las relaciones laborales, familiares, de esparcimiento, hasta la gestión de un gobierno se ven influenciadas por la interacción con tecnologías cada vez más sofisticadas y en permanente evolución.
La masificación de dispositivos tecnológicos y la mayor conectividad y accesibilidad impactan día a día en nuestra sociedad, lo que da lugar también a nuevas prácticas de delito que se esconden en el anonimato y el ciberespacio. Y es aquí donde debemos dar batalla contra quienes desarrollan y fomentan prácticas deshonestas e ilegales. Cibercrimen, grooming, ciberbullying, ciberespionaje, cibervandalismo y ciberterrorismo son nuevos vocablos que gobiernos, empresas y ciudadanos debemos incorporar, en un contexto cada vez más dependiente de internet, de las comunicaciones y de la tecnología digital.
Hoy debemos estar a la altura de este nuevo escenario social, puesto que, cuanto más interconectado está el mundo, más relevante se vuelve la seguridad de la información contenida en internet. El sector público, privado, los particulares: nosotros, nuestros hijos, nuestras futuras generaciones, todos expuestos a una gran cantidad de peligros que pueden causar, en muchos casos, daños irreparables.
Estar a la altura de este nuevo escenario social y cultural implica que la Justicia debe estar preparada para afrontar estas nuevas modalidades delictivas. En definitiva, el papel del Estado debe ser activo en la prevención, en la educación para velar por la seguridad digital de todos y en la generación de leyes que permitan actuar frente estos delitos.
En suma, si cambió el modo de delinquir, debemos cambiar también los paradigmas de investigación y generar leyes claras que permitan a la Justicia actuar respetando siempre las garantías procesales y protegiendo a las víctimas.
En nuestro país, en este último tiempo, las páginas de organismos oficiales y las cuentas de personajes públicos fueron hackeadas con mucha facilidad. Frente a esta realidad, los argentinos se preguntan hasta dónde su información está resguardada en sus computadoras. Según información brindada por el Ministerio de Modernización se detectaron 2252 casos durante el año 2015, 422 mil durante el año 2016 y, para mayo de 2017, se habrían registrado 1.369.598 episodios de ciberataques. Esto implica un importante incremento de los ciberdelitos en contra, no solo de la administración pública, sino también contra los ciudadanos.
Cuando hablamos de ciberataques, estamos haciendo referencia a agresiones directas a personas, ciudadanos y vecinos de nuestros pueblos que pueden verse afectados en la realización de un mero trámite administrativo o en un derecho, como la intimidad, y hasta incluso con la vida.
Por todo ello es indispensable tomar conciencia de la importancia que tiene la ciberseguridad en el mundo actual donde todos vivimos interconectados.
El autor es presidente del bloque de senadores Cambiemos en provincia de Buenos Aires.